gobierno de Michelle Ba120.845, denominada Ley de Inclusión Escolar. Desde la génesis de su discusión legislativa, manifestamos una oposición fundamentada frente a dicho cuerpo legal, bajo la premisa de que no garantizaba una equidad sustantiva. Por el contrario, advertimos que su implementación deb
gobierno de Michelle Ba120.845, denominada Ley de Inclusión Escolar. Desde la génesis de su discusión legislativa, manifestamos una oposición fundamentada frente a dicho cuerpo legal, bajo la premisa de que no garantizaba una equidad sustantiva. Por el contrario, advertimos que su implementación debilitaría la educación particular subvencionada, modelo que históricamente ha generado significativos beneficios para los estudiantes chilenos.
Es imperativo recordar que esta modalidad permitió alcanzar una cobertura educativa del 100% en el país, n el marco del segundo E cheret, se promulgó la Ley una meta que resultó inalcanzable en periodos previos y que habría sido imposible de concretar sin el aporte de la sociedad civil. Recientemente, se ha informado que un establecimiento emblemático de Concepción transitará del régimen de financiamiento compartido al régimen particular pagado para el año 2027. El sostenedor, una relevante congregación religiosa, ha cumplido con los plazos y protocolos de comunicación vigentes para informar este cambio de modalidad a su comunidad. Esta situación se contextualiza en un escenario de desfinanciamiento sistemático. Según datos de Acción Educar, entre 2014 y 2020 se registró una caída sostenida en la participación de fuentes privadas de ingresos en la educación escolar, estabilizándose en apenas un 4% del total del sistema.
La disparidad en la asignación de recursos es evidente: mientras un estudiante en un Servicio Local de Educación Pública (SLEP) representa ingresos promedio de $307.000 y uno en el sistema municipal $278.000, un alumno de la educación particular subvencionada solo percibe $222.000. En términos comparativos, los estudiantes de los SLEP y del sector municipal reciben, respectivamente, un 27,6% y un 38,1% más de recursos que sus pares en colegios particulares subvencionados. Como señalamos oportunamente, la subvención escolar se AHORA ES ha actualizado por debajo de los costos operativos reales. La limitación del Financiamiento Compartido (FICOM) no solo impide la inversión necesaria, sino que acelera la obsolescencia del activo fijo. A diferencia de los colegios municipales y los SLEP, este sector carece de aportes adicionales como el FAEP o recursos directos de los Gobiernos Regionales.
A este déficit local se suma la brecha internacional: el informe Education at a Glance (2024) indica que Chile invierte anualmente US$6.347 en educación básica y US$6.143 en media, cifras muy distantes del promedio de la OCDE (US$9.923 ) US$11.400, respectivamente). Ante este escenario y considerando la actual estrechez fiscal, resulta urgente reformar la Ley de Inclusión. Es necesario rediseñar el modelo de financiamiento, recuperar el valor del mérito y permitir que las familias retomen su capacidad de aportar a los proyectos educativos de su elección. Diferencias en la asignación de recursos generan desafíos para los colegios subvencionados dentro del sistema escolar, según expertos. Diferencias en la asignación de recursos generan desafíos para los colegios subvencionados dentro del sistema escolar, según expertos Directorio y equipo de la Red de Colegios Particulares y Subvencionados del Biobío. Andrés Carter Pereira, Presidente REDCOLBIOBIO