Autor: EDUARDO CANDIA

Advierten que alza de 26% en hallazgo de celulares en cárceles es un “indicador objetivo” de vulneración a control de Gendarmería
Advierten que alza de 26% en hallazgo de celulares en cárceles es un “indicador objetivo” de vulneración a control de Gendarmería “Dado que no se estableció, por ahora, su participación en ninguno de los delitos imputados, no se le impondrán medidas cautelares”. Eso es parte de lo que resolvió el juez de Garantía Leonardo Valdivieso el pasado 17 de enero, respecto de los imputados Pablo Alvarado, Rodrigo Alfaro y Cristián Ríos. Ello, en la formalización de la banda que habría estafado a Amparo Noguera en octubre. Según fiscalía, estos tres hombres llamaron a la actriz desde la cárcel de La Serena, haciéndose pasar por ejecutivos bancarios y funcionarios. Tras el fallo, la fiscalía apeló ante la Corte de Santiago, puesto que solo decretó la prisión preventiva de cuatro de los 11 involucrados. Y aunque en dicha instancia pudo avanzar en la privación de libertad de otras tres personas, el tribunal de alzada no emitió pronunciamiento sobre la participación de los reos.
Lo que sí consideró la resolución de primera instancia es que el 6 de enero, en el marco del operativo de detención, Gendarmería encontró un total de 12 dispositivos celulares en tres celdas del módulo 46 que habitaban los imputados con sus respectivas tarjetas SIM, por lo que el juez determinó que, en cuanto a la tenencia de elementos prohibidos, “la evidencia material, unido al informe de Gendarmería dando cuenta del procedimiento, resulta suficiente para tener por justificada la existencia del delito”. Aquello devela la común circulación de celulares en penales, así como la dificultad para investigar los ilícitos que se comenten con ellos. n ¿ Mejor control o mayor circulación? Los hallazgos en cárceles chiZEÑÁ Y ROTCÉH lenas crecieron un 26%, según información obtenida vía Transparencia por este medio, ya que en 2024 fueron 27.762 los dispositivos reportados por Gendarmería y durante 2025 esa cifra se incrementó a 34.921 elementos.
A n t e e s t o s n ú m e r o s, Christian Alveal, exdirector de Gendarmería, señala que “el aumento en las incautaciones de teléfonos celulares y otras especies prohibidas constituye un indicador objetivo de vulnerabilidades estructurales en los sistemas de control y seguridad”. Según problematiza, la circulación de dispositivos telefónicos “permite la continuidad operativa de organizaciones criminales”, y en un sistema “moderno y eficiente”, eventos de esta naturaleza deberían “tender a cero”. Otro análisis planteado por el exuniformado es que “solo una fracción minoritaria” de los reos puede asumir el costo “estimado en alrededor de $350 mil, considerando el soborno, más el valor d e l e q u i p o ”. Por eso, “resulta fundamental avanzar hacia sistemas de clasificación e inteligencia penitenciaria que permitan identificar los perfiles que generan la demanda y, a partir de ello, eliminar la oferta”. Por su parte, Luis Toledo, exfiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián, cree que el alza se debe al mayor control, pero también a más movimientos.
Como sea el caso, afirma que el “ingreso ilegal sigue siendo estructural”. Y profundiza que “un mayor número de incautaciones puede reflejar mejoras puntuales en los controles, pero también evidencia que el mercado ilícito de celulares en cárceles no solo persiste, sino que se adapta”. n Avanzar en medidas más allá de los inhibidores A pesar de la implementación de inhibidores por parte del actual Ejecutivo, estos han sido foco de críticas ante videos grabados por internos y difundidos en redes sociales o a las observaciones negativas de la Contraloría.
Debido a lo anterior, Toledo sugiere que “el enfoque debe desplazarse hacia una estrategia de control inteligente, que combine persecución penal, tecnología y regulación”. Es en ese marco que aparece como clave “la colaboración de las empresas telefónicas”, como la “trazabilidad de IMEI, bloqueo efectivo de equipos detectados en cárceles, control de activación de chips y respuestas oportunas a requerimientos del Ministerio Público”. Y concluye que “aquí el sector privado no es un actor neutro”. Misma percepción tiene Alveal, quien cree que “mientras persistan brechas de seguridad, los inhibidores resultan técnicamente insuficientes para bloquear el volumen de dispositivos actualmente en circulación al interior de los recintos”, y comenta que “sin duda se debe legislar para prohibir la instalación de antenas de señal cercanas a las cárceles”. n Deficiencia probatoria y asumir responsabilidades “Nada se acreditó en relación con el lugar de las llamadas y de quiénes las habrían efectuado”, dice la resolución del juzgado de garantía sobre los internos imputados en el caso Noguera. Ante ello, Toledo comenta las principales dificultades para el Ministerio Público a la hora de investigar delitos provenientes de cárceles. “Es necesario vincular individualmente el dispositivo, el chip y el uso efectivo del teléfono con una persona determinada, lo que exige pericias técnicas complejas, registros confiables y cooperación rápida de las compañías telefónicas”, afirma. A ello se agrega “la dinámica carcelaria: celulares compartidos, ocultamiento, destrucción de evidencia y la intervención de terceros fuera del penal.
Todo ello dificulta sostener imputaciones robustas, incluso cuando el contexto delictivo es evidente”. Por su lado, Alveal considera que las investigaciones en penales tienen dificultades severas, como “los riesgos vitales” a los que pueden someterse los testigos.
Y concluye que “esta realidad debe ser adecuadamente ponderada por los tribunales, ya que los estándares probatorios aplicables a delitos intracarcelarios no pueden ser idénticos a los que rigen en el medio libre”. Adicionalmente, añade que “en la práctica, cuando se detectan especies ilícitas en espacios de uso común, la atribución de responsabilidad suele recaer en los internos con menor capacidad de protección o poder, aun cuando existan indicios claros de una estructura de mando distinta. El rol del denominado perro, en la jerga penitenciaria”. COOPERACIÓN Expertos consultados consideran clave la colaboración de compañías telefónicas para el rastreo y bloqueo efectivo de equipos.
Un mayor número de incautaciones puede reflejar mejoras puntuales en los controles, pero también evidencia que el mercado ilícito de celulares en cárceles no solo persiste, sino que se adapta”.. ............................................................... LUIS TOLEDO EXFISCAL (Ante dificultad investigativa en penales) los estándares probatorios aplicables a delitos intracarcelarios no pueden ser idénticos a los que rigen en el medio libre”.. ............................................................... CHRISTIAN ALVEAL EXDIRECTOR DE GENDARMERÍA Autor: EDUARDO CANDIA. Perfilar a reos que pueden asumir el costo de adquirirlos, así como la necesidad de avanzar en tecnología y en la colaboración de las empresas telefónicas son parte de las medidas propuestas entre expertos.
Entre 2024 y 2025 se pasó de 27 mil a casi 35 mil aparatos decomisados: COOPERACIÓN Expertos consultados consideran clave la colaboración de compañías telefónicas para el rastreo y bloqueo efectivo de equipos. ‘‘Un mayor número de incautaciones puede reflejar mejoras puntuales en los controles, pero también evidencia que el mercado ilícito de celulares en cárceles no solo persiste, sino que se adapta”.. ............................................................... LUIS TOLEDO EXFISCAL ‘‘(Ante dificultad investigativa en penales) los estándares probatorios aplicables a delitos intracarcelarios no pueden ser idénticos a los que rigen en el medio libre”.. ............................................................... CHRISTIAN ALVEAL EXDIRECTOR DE GENDARMERÍA A través de Transparencia, Gendarmería reportó 34.921 aparatos telefónicos incautados en cárceles durante todo 2025. De ellos, 230 fueron requisados a visitas o ciudadanos y 4.626 hallados por lanzamientos desde el exterior.