Carabineros contrata a abogados de narcos para defender sus funcionarios
Carabineros contrata a abogados de narcos para defender sus funcionarios SON PARTE DEL LLAMADO "BUFETE VERDE OLIVA" La Dirección de Bienestar de la institución contrató a dos exfiscales que ahora defienden a narcotraficantes, según información de BBCL Investiga. Alejandro Peña y José Villalobos Gómez recibieron honorarios por sus servicios legales, financiados con aportes de uniformados y recursos públicos.
La Dirección de Bienestar de Carabineros contrató a dos reconocidos exfiscales que hoy figuran en la nómina de defensores de narcotraficantes que actualiza periódicamente la Contraloría General de la República (CGR). De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, los abogados corresponden a Alejandro Peña Ceballos y su socio, José Villalobos Gómez. A modo de ejemplo, sólo en mayo de 2025, este último recibió un pago por $2,5 millones, según el portal de Transparencia Activa de Carabineros. Otros $2,5 millones percibió durante ese mismo mes el exfiscal Peña.
En ambos casos, la glosa se identifica como un "pago único que corresponde al 50% del total de los honorarios". Según cuentan conocedores del mecanismo, ambos legistas forman parte del "bufete verde oliva". Se trata de un listado compuesto por una quincena de reconocidos penalistas de la plaza que --a cambio de jugosos honorarios-actúan como defensores de funcionarios de la policía uniformada imputados por la comisión de delitos en el marco de sus funciones. ¿De dónde sale el dinero? Fuentes cercanas a la materia detallan que corresponden a fondos que provienen de una mixtura entre aportes de los propios uniformados a la Dirección de Bienestar y otros recursos del erario público. EL EXFISCAL VILLALOBOS De acuerdo con antecedentes tenidos a la vista por BBCL Investiga, el listado está compuesto por 15 profesionales, según el último registro público de Carabineros. Una revisión de esta Unidad de Investigación develó que de todos ellos, al menos dos, Peña y Villalobos, forman del listado de la Contraloría. La información fue ratificada a través de archivos judiciales que dan cuenta del vínculo de ambos con narco-imputados chilenos.
Después de renunciar al Ministerio Público en 2017, el abogado José Villalobos Gómez, quien llegó a ser pieza clave de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en la época de Carlos Gajardo, ha intervenido en varias oportunidades como defensor penal privado de imputados por delitos sancionados en la Ley de Drogas.
De hecho, ha sido parte de la nómina que constantemente actualiza Contraloría, donde se incluye a los juristas que la Ley 20.000 inhabilita para trabajar como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente. Esto, por estar patrocinando o actuando como apoderados (o mandatarios) de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en dicho cuerpo legal. Villalobos, en la mayoría de los casos, lo hizo en causas por tráfico que se tramitaron ante tribunales de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En algunas, litigó en conjunto con sus socios Vinko Fodich y Alejandro Peña Ceballos. DROGA DE CHILE A EUROPA En ese mismo listado, el exfiscal Alejandro Peña Ceballos también aparece mencionado.
Además, fuentes abiertas del Poder Judicial permiten determinar que el exdirector de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional y otrora fiscal regional Metropolitano Sur, ha estado vinculado directamente en varias causas.
Interpuso, por ejemplo, en abril de este año una acción constitucional de amparo en contra de un juez del Juzgado de Garantía de Iquique quien, en su criterio, había infringido las garantías constitucionales de un cliente suyo: un imputado por tráfico de drogas y posesión de arma de fuego que cumplía con la cautelar de prisión preventiva en Santiago Uno.
Asimismo, el legista defendió --y con éxito-a uno de los miembros de una organización de extranjeros que preparaba el envío de un cargamento de cocaína desde Chile a Países Bajos con el objetivo de tantear esa ruta para llevar droga de Sudamérica a Europa.
En específico, mediante el pago de coimas a un agente naviero que en realidad era un infiltrado de la policía, los sujetos buscaban "exportar" al interior de un contenedor unos 100 kilos de cocaína desde el puerto de San Antonio a Rotterdam.
Según expuso el Ministerio Público durante el juicio, el cliente de Peña Ceballos, un ciudadano chino llamado Jianfei Shan, se encargó personalmente de llevar hasta el hotel Ibis de Las Condes más de 70 millones en efectivo que estaban destinados a financiar la logística de la operación. Esto incluía el pago al agente revelador que se iba a encargar de "contaminar" el container con destino a Países Bajos.
Shan, al igual que un segundo sujeto, puso en primer lugar a disposición su cuenta bancaria para recepcionar el dinero que venía desde el extranjero, para luego trasladarlo, contante y sonante, al sector oriente de la capital donde se alojaba el otro miembro de la organización. Así fue como Shan, un compatriota suyo, un ciudadano peruano y un albanés terminaron detenidos en medio de la investigación de la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Pese a las pruebas presentadas en su contra, el imputado que Peña Ceballos representó fue el único que terminó libre de polvo y paja, luego que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar resolviera el 19 de junio recién pasado absolverlo de los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita por los que fiscalía había solicitado una pena de 10 años de cárcel efectiva.
En esa misma causa, José Villalobos Gómez representó al otro miembro de la organización de origen chino, BIOBIO Chile Desde la institución uniformada explican que la contratación de estos abogados responde "al deber de resguardar los derechos" de los funcionarios. EL DÍA. Carabineros contrata a abogados de narcos para defender sus funcionarios Xuepeng Du, quien terminó condenado tras el juicio como cómplice del delito de tráfico ilícito de drogas.
En otro caso, cuya sentencia se conoció en febrero de este año, dos clientes de Alejandro Peña Ceballos terminaron condenados por el tribunal de Quillota a 3 años y un día de presidio y una multa de 10 UTM por el delito de tráfico ilícito de drogas cometido en Petorca.
En noviembre de 2024, en tanto, Peña y Villalobos asumieron el patrocinio de Marcelo Mella Hernández, quien se mantiene en prisión preventiva por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y posesión de armas y municiones.
Se trata del líder de un clan familiar que se dedicaba al tráfico de cocaína, marihuana y ketamina en la zona sur de la capital, quien cayó en 2023 como consecuencia de un operativo del Departamento OS9 de Carabineros. CARABINEROS DEFIENDE FICHAJES Consultada la institución, explicaron a este medio que la contratación de estos y otros abogados que incluso han cobrado mucho más dinero, responde al "deber de resguardar los derechos" de los funcionarios.
En relación con eso, en septiembre de 2021 se publicó un aviso en un diario de circulación nacional convocando a penalistas que quisieran formar parte del registro de abogados externos, en el que actualmente figuran Peña y Villalobos. "Es importante señalar que este proceso no tuvo por objeto el ingreso de personal a la planta institucional, ni la provisión de cargos permanentes.
Se trató exclusivamente de la conformación de un repertorio de especialistas a los cuales se puede recurrir, en caso de ser requerido, para la defensa jurídica de funcionarios institucionales en causas derivadas del cumplimiento de su labor, sin que exista relación de subordinación ni vínculo contractual permanente con Carabineros", ahondaron. De ahí que desestimen que la inhabilidad de la Ley 20.000 aplique en estos casos. En esa línea, detallaron que para escoger a los postulantes se tuvo en consideración "la evaluación curricular" de cada uno de ellos.
En el caso de Peña, por ejemplo, manifestaron que se valoró "su perfil académico y profesional (que) incluía experiencia como fiscal del Ministerio Público y estudios especializados en derecho penal, lo que fue concordante con los criterios definidos para integrar dicho listado". Sobre la vinculación de dos de estos abogados como defensores penales privados en causas por delitos de la Ley 20.00, la institución indicó que "la naturaleza de la información pública disponible en los sistemas de justicia no permite conocer de manera detallada la materia específica de cada una de las causas defendidas por los abogados.
Por tanto, no fue posible realizar una discriminación exhaustiva en esa línea durante el proceso". Esto último, pese a que Radio Bio Bio consiguió encontrar dichas causas precisamente en sistemas del Poder Judicial de libre acceso al público.
Al cierre, subrayaron que "los criterios de inhabilidad que establece la Ley 20.000 aplican para el ingreso a la planta de funcionarios públicos, lo que no corresponde en este caso, dado que se trata de asesorías jurídicas externas, por lo que no se configura vínculo laboral con la administración del Estado"..