Autor: Daniela Quintana Secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente Universidad Autónoma de Chile

Columnas de Opinión: Ley de incendios: el costo económico de no gestionar el riesgo
Columnas de Opinión: Ley de incendios: el costo económico de no gestionar el riesgo E La aprobación de la Ley de incendios en su tercer trámite constitucional representa un avance relevante en la forma en que el Estado aborda un riesgo que dejó de ser excepcional para convertirse en estructural.
Sin embargo, su aceleración legislativa, ocurrida apenas días después de los incendios que afectaron a Lirquén y Punta de Parra, vuelve a evidenciar una constante de la política pública chilena: las reformas avanzan cuando el impacto económico y social ya se materializó. Desde una perspectiva productiva, los incendios forestales generan costos que van mucho más allá de la pérdida inmediata de viviendas o superficie forestal. A ellos se suman interrupciones de cadenas productivas, paralización de actividades agrícolas, forestales y logísticas, daño a infraestructura crítica y una presión creciente sobre el gasto fiscal asociado a emergencia, reconstrucción y subsidios transitorios. Estudios técnicos y experiencias recientes estiman que un gran incendio puede implicar pérdidas económicas directas e indirectas del orden de cientos de millones de dólares, considerando efectos sobre producción, empleo, recaudación y gasto público. En este contexto, uno de los aportes centrales de la nueva ley es el reconocimiento explícito de la interfaz urbano-rural como zona de riesgo prioritario.
Esta definición introduce restricciones al desarrollo de proyectos inmobiliarios o productivos que no cumplan estándares mínimos de seguridad, internalizando costos que hasta ahora eran asumidos por el Estado y, en última instancia, por todos los contribuyentes. Desde el punto de vista económico, se trata de una corrección necesaria de externalidades negativas. La normativa también establece deberes preventivos claros para los propietarios de predios -como la construcción de cortafuegos y el manejo técnico de la vegetación-y fortalece la coordinación entre Conaf, Senafor y Senapred. No obstante, este punto abre una discusión relevante sobre costos de cumplimiento. Para grandes empresas forestales, muchas de estas exigencias ya forman parte de sus prácticas habituales. Para pequeños y medianos propietarios, en cambio, el cumplimiento puede implicar un costo significativo, tanto de ejecución como de oportunidad.
Aquí emerge un desafío clave de diseño de política pública: una regulación que no considere incentivos ni apoyos diferenciados corre el riesgo de trasladar el costo del riesgo desde el Estado hacia actores productivos más frágiles, sin reducir efectivamente la exposición al desastre. Desde la lógica de eficiencia, prevenir incendios es sustancialmente menos costoso que reconstruir después de ellos. Cada peso invertido en gestión preventiva reduce gasto fiscal futuro, protege la continuidad productiva y entrega mayor certeza a la inversión privada. La ley constituye, por tanto, un paso necesario, pero no suficiente.
Su efectividad dependerá de su implementación, de la capacidad de fiscalización, del fortalecimiento de los instrumentos de planificación territorial y de una política de apoyo que permita cumplir las nuevas exigencias sin afectar de manera desproporcionada a sectores productivos de menor escala. Autor: Daniela Quintana Secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente Universidad Autónoma de Chile.