EDITORIAL: Peligrosa penetración del narco
EDITORIAL: Peligrosa penetración del narco C hile enfrenta una amenaza que, por su profundidad y naturaleza, compromete la integridad del Estado: la infiltración del narcotráfico en sus propias estructuras.
Un ejemplo de ello salió a la luz hace pocos días, cuando seis suboficiales del Ejército fueron detenidos en un operativo que incautó casi 200 kilos de droga (clorhidrato de cocaína y pasta base), transportada entre Tarapacá y la capital; posteriormente se agregó la detención de un séptimo uniformado. Todos fueron formalizados ayer, en una audiencia reservada en la que se resolvió su prisión preventiva. Difícilmente podría exagerarse la gravedad de este caso.
Ella no radica simplemente en la magnitud del tráfico --con un volumen avaluado en unos $3 mil millones--, sino, aún más, en lo que él revela respecto de la capacidad del crimen organizado para reclutar, en función de sus oscuros fines, incluso a miembros de una institución caracterizada por la disciplina interna y cuya tarea es la protección de nuestra soberanía. Todo ello, además, en una región donde, frente a la crisis migratoria, las fuerzas armadas han debido asumir delicadas tareas de resguardo fronterizo. Frente a esta situación, el Gobierno ha anunciado la presentación de una querella por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Por su parte, el comandante en jefe del Ejército viajó ayer a la zona, para realizar una visita inspectiva a la unidad a la que pertenecían los imputados.
La ministra de Defensa, en tanto, instruyó a las tres ramas de las Fuerzas Armadas realizar una revisión completa de sus protocolos para reforzar el control y resguardo de las unidades, robustecer la incorporación de tecnología, y enfatizar la adopción de medidas orientadas a prevenir este tipo de hechos.
Tales acciones resultan indispensables, pero el caso también debiera imponer una reflexión en momentos en que se han multiplicado las tareas de las instituciones armadas, tanto por la prolongación de los estados de excepción como por las normas de infraestructura crítica y resguardo fronterizo.
La crisis de seguridad pública que vive el país ha justificado ese involucramiento, pero no debe ignorarse que este también significa riesgos, uno de los cuales es precisamente el de dejarlos más expuestos a la corrupción, cuando el crimen organizado extiende sus redes. La experiencia de diversos países latinoamericanos en los que el narco ha logrado penetrar ejércitos, aprovechando en su beneficio a efectivos y armamento, debe ser aleccionadora. En este sentido, es valioso y debe reconocerse el hecho de que el caso de los llamados "narcomilitares" de Tarapacá haya sido descubierto a partir de una investigación realizada por el propio Ejército. Con todo, resulta fundamental que los resultados de esa indagatoria sean también transparentados y que, de ser el caso, se establezcan las responsabilidades administrativas que correspondan. Pero si bien este hecho ha concentrado la atención, no deben pasarse por alto otras situaciones igualmente indiciarias de los intentos del narco por corroer las instituciones. En este sentido, se ha conocido la decisión de la Fiscalía Nacional de remover a un fiscal de O'Higgins, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El caso se viene a sumar a otros como el de los llamados "pulpos verdes", detectado el año pasado y que implicó a una decena de carabineros de Estación Central por delitos ligados a drogas, o la detección, también en 2024, de una red de gendarmes acusados de ingresar elementos prohibidos en distintas cárceles del país. La infiltración del narco en las instituciones es una de las mayores amenazas para el Estado de Derecho. Por eso, la respuesta no puede limitarse a sanciones puntuales. Se requiere una política integral que combine elementos como auditorías internas, fortalecimiento de las unidades investigativas, revisión de los mecanismos de reclutamiento y un constante perfeccionamiento normativo. Debe tenerse claro que el crimen organizado no busca solo comercializar droga u otros negocios ilícitos, sino también poder. Y cuando logra corromper a quienes deben combatirlo, comienza a ganarlo. Chile está a tiempo de impedirlo, pero el margen se estrecha. Defender la integridad institucional debe constituir una urgencia política. La infiltración en instituciones es una de las mayores amenazas para el Estado de Derecho y por lo mismo la respuesta no puede limitarse a sanciones puntuales. Peligrosa penetración del narco. El éxito de Jara no se debe a ser comunista, sino que surge a pesar de ello y tiene escaso contenido ideológico. DÍA A DÍA