Editorial: Poderosa señal en Temucuicui
Editorial: Poderosa señal en Temucuicui La operación llevada a cabo por las fuerzas de orden en Temucuicui, que ingresaron a ese lugar en la madrugada del miércoles y tomaron detenidas a cinco personas, no solo es relevante para la investigación judicial en cuyo marco se desarrolló (se indaga una serie de delitos de robo de vehículos, luego usados para acciones de violencia y amedrentamiento), sino que constituye una señal particularmente poderosa: el operativo que requirió una estrecha coordinación de la fiscalía regional con Carabineros y el Ejército, jugando un papel decisivo en ello los ministerios de Seguridad y Defensa explicita la voluntad del Estado chileno para enfrentar con todos sus recursos a los grupos que operan al interior de esa comunidad y que han pretendido imponer un poder al margen de la institucionalidad.
Esta señal está dirigida tanto a esos grupos radicalizados, al transmitirles que el Estado de Chile no se dejará amedrentar ni humillar, como a una ciudadanía que anhela la recuperación plena del Estado de Derecho en todos los territorios.
El operativo, que incluyó un contingente de más de 100 carabineros y vehículos blindados, además del resguardo del Ejército, posibilitado por el estado de excepción que rige en la zona desde mayo de 2022, logró capturar a tres miembros de un clan familiar y a otras dos personas aprehendidas en flagrancia. Ello, sin que hubiese heridos ni se lamentasen muertes, a pesar de que los vehículos de Carabineros fueron atacados con armas de fuego, cuyos proyectiles no lograron traspasar su blindaje.
El contraste con lo ocurrido en años anteriores es notable: en 2017, los líderes de Temucuicui no dejaron entrar a los funcionarios del INE que iban a censar a la población; en 2018, la persecución de presuntos involucrados en el robo de un vehículo terminó con la muerte del comunero Camilo Catrillanca; en 2021, la violenta respuesta a un operativo con 800 efectivos de la PDI significó el homicidio del subprefecto Luis Morales Balcázar, y, en 2022, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, y su comitiva debieron abandonar raudamente el lugar al escuchar disparos en las inmediaciones y enfrentar bloqueos de caminos. Esta suma de hechos daba cuenta de una situación inaceptable en un Estado democrático: la constitución de una suerte de enclave que pretende desconocer las leyes y normas que rigen al resto de los ciudadanos.
El hastío frente a situaciones como esta que, de maneras disímiles y a manos del crimen organizado, se replican en otras zonas del país explica en parte el amplio apoyo con que fue elegido el actual gobierno y el respaldo a su promesa de un combate frontal a la delincuencia y la inseguridad. Cabe esperar que este operativo, más allá de mezquinos debates sobre su eventual rédito, marque una nueva etapa.
El uso de inteligencia bien recolectada, junto a drones y tecnología de punta, dan cuenta de que es posible enfrentar exitosamente a estos grupos y alienta esperanzas de una recuperación del Estado de Derecho en la zona, y de que el sueño de prosperidad para La Araucanía pueda algún día ser realidad. Alienta la esperanza de que la recuperación del Estado de Derecho sí es posible.. Alienta la esperanza de que la recuperación del Estado de Derecho sí es posible.