Balance legislativo en seguridad admite "cambio de ritmo" en 2023, pero persisten pendientes
Balance legislativo en seguridad admite "cambio de ritmo" en 2023, pero persisten pendientes La fundación Aire Nuevo realizó un balance de la gestión legislativa en materia de seguridad a propósito de que el mes pasado se cumplieron dos años de gobierno.
Las conclusiones de dicho análisis manifiestan que "durante los últimos dos años la violencia y la inseguridad en el país se han profundizado significativamente", justificando esto en que desde 2022, "todos los delitos de mayor connotación social han aumentado y enfrentamos amenazas especialmente graves en materia de crimen organizado, terrorismo y migración irregular". El 2022, a juicio de Aire Nuevo, fue "un año perdido en materia de seguridad.
Solo se ingresaron seis proyectos de ley por parte del Gobierno, no se presentaron indicaciones sustantivas a proyectos relevantes en trámite y las urgencias legislativas desatendieron proyectos clave en materia de inteligencia, terrorismo y protección a víctimas". El 2023, en cambio, se resalta "un cambio de ritmo en la gestión legislativa en materia de seguridad. El denominado fast track legislativo fue una muestra del rol clave desempeñado por el Congreso, no solo en términos de concurrir a lograr acuerdos, sino también en materia de propuestas.
En efecto, de los 19 proyectos aprobados en el marco de la agenda legislativa priorizada, 12 fueron mociones parlamentarias (63%)". Según Aire Nuevo, "si bien la agenda priorizada de seguridad acordada entre el Congreso y el Ejecutivo tuvo un alto nivel de cumplimiento, siguen estando pendientes proyectos fundamentales como el que fortalece el sistema de inteligencia del Estado (1.944 días de tramitación), el que crea una Defensoría de las víctimas (1.161 días de tramitación) y el que regula el uso de la fuerza por parte de las policías y las FF.AA. ". Añaden que en los dos primeros años de gobierno, se observa un bajo nivel de prioridad en materia de protección a las víctimas. "Es urgente sacar adelante el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.
En particular, en materia de protección a víctimas de delitos, es imperativo establecer por ley aquellas personas cuya defensa estará garantizada más allá de toda focalización, por ejemplo, las víctimas de atentados terroristas como los que ocurren a diario en la macrozona sur", aseguran.
P o r ú l t i m o, a f i r m a n q u e "contar con una adecuada regulación en materia de uso de la fuerza es clave para combatir el debilitamiento sistemático del Estado de Derecho en nuestro país. En particular, es fundamental para disuadir a quienes cometen delitos y entregar certeza jurídica a los encargados de hacer uso de la fuerza, a los jueces, y a la ciudadanía en general.
Este es un ámbito donde se repiten las contradicciones del Gobierno entre declarar la importancia de que las policías y las Fuerzas Armadas puedan hacer un uso legítimo de la fuerza y establecer regulaciones que en la práctica mantendrían la incertidumbre", entre otras materias. Fundación Aire Nuevo: Balance legislativo en seguridad admite "cambio de ritmo" en 2023, pero persisten pendientes Advierten que hay proyectos que completan casi dos mil días de tramitación en el Congreso. RENÉ OLIVARES VUELCO. -La fundación hizo hincapié en el cambio de la prioridad de estas materias en el Congreso entre 2022 y 2023. ATON. - - -