Autor: Por Felipe Cuevas Mora
El 82% de los planteles de Ed. Superior tienen planes preventivos de acoso sexual y violencia
Ley obliga a que tengan políticas antes del 15 de septiembre 18 planteles de Educación Superior de la Región contaban con políticas y protocolos antes de la promulgación de la ley 1 próximo 15 de septiembre funionamiento de las instituciones de Educación Superior de todo el país, ya que se cumple el plazo impuesto por la ley —que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior— para que todas las casas de estudios cuenten con planes y políticas que combatan estas situaciones.
Según datos entregados por la Superintendencia de Educación Superior (SES), de un total de 28 instituciones con presencia en la Región, 23 declararon tener algún tipo de política de género, y 18 de estos indicaron haberla elaborado con anterioridad a la promulgación dela ley enseptiembre del año pasado. En materia deelaboración delas políticas de género y prevención, al menos 15 delos23 plantelesque dijeron haber realizado el proceso con algún tipo de participación de los estamentos de cada institución. Además, dos planteles -de los cuales la SES no entregó información detallada, peseala consulta de este medioindicaron al organismo que no alcanzarán a llegara la fecha señalada por la normativa con las políticas ya elaboradas. De no cumplircon la política, el superintendente (s) Gerardo Egaña dijo que hay varias sanciones, perola más grave establece que“los planteles no podrán acceder a la acreditación institucional.
Actualmente esta certificación es de cay esrequisito para acceder a recursos del Estado orientados a beneficios y apoyos estudiantiles como la Gratuidad, becas, el CAE y el Fondo Solidario”. SITUACIÓN LOCAL En las primeras instituciones que instalaron políticas de género y prevención de violencia, acoso o discriminación, la principal motivación vino tanto de movilizacioLos planteles que no cuenten con planes de género y prevención arriesgan desde multas económicas hasta incluso no acceder a la acreditación institucional que hoy entrega la CNA.
Según datos de la Superintendencia de Educación Superior, 23 instituciones ya cuentan con políticas afirmes y dos recintos no lograrán tenerlas antes de la fecha límite. + Ley N*21,369 La ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, contempla que los planteles tengan planes y protocolos. nes internas como de la gran movilización feminista de 2018, que mantuvo por varios meses a los planteles sin clases.
En el caso de la Universidad de Concepción, la comisión de Género creada en 2016 bajo la rectoría de Sergio Lavanchy y tras varias movilizaciones internas en 2018, fue el puntapié inicial para que hoy sea una de las instituciones con mayor trabajo en la materia a nivel país. Lucía Saldaña, directora de Equidad de Género y Diversidad explicóque“la Ude C cuentacon una extensa trayectoria en temáticas de género queseiniciacon lacreación del primer centro de estudios de la mujeren 1989.
Nuestra trayectoria desde entonces se vincula claramente a la labor de institucionalización que está realizando la dirección en la actualidad y cómo nuestra comunidad universitaria se ha ido haciendo parte de este proceso de cambio cultural.
Nuestra labor ha sido parte del proceso de trabajo y retroalimentación de la Comisión de Igualdad de Género del Cruch”. En el caso de la Universidad Ca Concepción, el trabajose profundizó tras las movilizaciones del mayo feminista de 2018, y a la fecha se está trabajando en una comisión interna tanto la elaboración de modelos de Prevención como de Investigación y Sanción, además de otras medidas.
La prosecretaria general Lorena Ruiz recordó que “en 2018, hemos formalizado un protocolo plenamente vigente que refiere al acoso sexual, violencia y discriminación arbitraria, que se creó con la participación estudiantil y que ha sido implementado con gran éxito.
Este cuerpo normativo, junto a otros existentes haservido de base y fundamento para trabajar en la política integral que nosencomienda la ley (.. ) hemosabordado más allá del imperativo legal, es para nosotros un llamado desde la estructura de nuestro quehacer que tiene en el centro la dignidad de la persona humana”. Enel caso de la Universidad San Sebastián, en 2018 se elaboró un protocolo de denuncia y actuación para abordar estassituaciones, además de otras acciones. Sobre ello, el vicerrector Jorge Sabag apunta a que “hemos trabajado decididamente, en todos los aspectos que establece la ley, para tener la certeza de la normativa en los plazos estipulados.
Erradicar el acoso, la violencia y la discriminación ha sido un tema de preocupación previo a la dictación de la ley, por ende, ya teníamosalgunos avancesen línea con nuestros valores”. CUMPLIMIENTO DE LA LEY Pedro Covarrubias, secretario general de la Universidad Andrés Bello recordó que si bien en 2017 y 2018 se elaboraron políticas de convivencia y protocolos de acción, “al inicio de este año se realizaronconvocatoriasabiertasaacadémicos, estudiantes y colaboradores para formar parte de un Comité Asesor en relación con la ley y así trabajar las adecuaciones de nuestra normativa interna, donde surgieron nuevas propuestas(... ) La siguiente etapa es presentar a las autoridadessuperioresla propuesy avanzaren el camino de implementar los ajustes requeridos dentro de los plazos fijados”. Rolando Hernández, rector del Instituto Profesional Virginio Gómez detalló que en el caso del plantel, “desdejuniose conformó la Unidad de Género y actualmente nos encontramos desarrollando un diagnóstico institucional que tendremos listo a fines de agosto.
En paralelo, nosencontramos actualizando los protocolos y modelos de actuación en relación al acoso sexual, discriminación y violencia de género”. Gonzalo Rioseco, secretario general de la Universidad del Desarrollo, en tanto destacó que el plantel viene trabajando desde 2017 políticas y reglamentos, y que “desde incluso antes de la dictación de la ley se le ha dado una preocupación preferente a la revisión de la normativa vigente, y se ha diseñado un trabajo que permitirá llegar a la elaboración de la nueva política integral que cumplirá con los requerimientos establecidos por la ley”.
