Deficiencias de la seguridad pública de la Región
Deficiencias de la seguridad pública de la Región Un reciente estudio de la Contraloría General de la República, correspondiente a 2025, detectó irregularidades en la gestión de seguridad pública en municipios de la Región Metropolitana y de la Región del Biobío. Los resultados de las auditorías quedaron reflejados en doce informes.
Se evidenciaron fallas como cámaras de televigilancia que no están operativas, falta de seguimiento a los planes comunales de seguridad pública, equipos adquiridos pero que no están siendo utilizados y debilidades en los mecanismos de control del comercio ambulante. En el caso de la RM, las irregularidades se encontraron en las comunas de San Joaquín, San Bernardo, Lo Prado, Alhué, Lo Espejo, La Cisterna, Maipú y San Miguel. En nuestra Región del Biobío, las auditorías se realizaron en los municipios de Concepción, Tomé, Coronel y Talcahuano.
En el caso de Concepción, el informe número 461 detectó que solo el 55% de las cámaras están conectadas al Centro de Comunicaciones de Carabineros, lo que limita la capacidad de apoyo a las labores policiales. Además, varios dispositivos destinados a detectar vehículos con encargo por robo no han sido utilizados desde 2024. Asimismo, 18 cámaras instaladas en galerías del centro -financiadas con más de 54 millones de pesos por la Subsecretaría de Prevención del Delitono estaban operativas por problemas de conexión con el sistema municipal. En Tomé, el informe Nº451 detectó sobrecarga de monitoreo, ya que cada funcionario debe observar en promedio 54,5 cámaras, cifra superior a lo recomendado por Carabineros.
Además, hay escasa dotación de conductores en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de manera que para el patrullaje se usan entre dos y tres móviles por turno de lunes a viernes, y uno o dos los fines de semana, pese a contar con siete vehículos. En Coronel, el informe Nº619 constató que 78 de 132 cámaras no contaban con contrato de mantenimiento vigente. Y la central de monitoreo opera con un solo funcionario por turno, encargado de revisar todas las cámaras.
Adicionalmente, el inspector técnico de obra de los contratos de ampliación y mejoramiento del sistema comunal de televigilancia no exigió al proveedor el cumplimiento de las obligaciones de garantía y postventa ofertadas, lo que derivó en que 12 cámaras permanecieran fuera de servicio por más de un mes. En Talcahuano, el informe constató que 50 de las 64 cámaras instaladas no estaban operativas, algunas por más de un año, lo que impedía obtener registros útiles para investigaciones policiales.
La auditoría estableció que entre agosto de 2023 y enero de 2025 la central de televigilancia recibió 106 solicitudes de revisión de cámaras por parte de Carabineros, PDI, juzgados de Policía Local y Seguridad Municipal, con el fin de aclarar delitos y accidentes. Sin embargo, en 65 de estos casos no se pudo aportar material útil debido a fallas técnicas o cámaras inoperativas.
En general, la Contraloría ha detectado que muchos municipios no tienen operativas todas sus cámaras, y algunas por casi un año o no las tienen conectadas a la base de datos de Carabineros, por lo que en esos casos no cumplen su función. Asimismo falta de mantenimiento de patrullas, ya que incluso algunos vehículos tenían sus revisiones técnicas vencidas y, si bien se había comprado equipamiento, como tablets, bicicletas y drones, no siempre se usaban.
Del mismo modo, se detectó que el Consejo Comunal de Seguridad Pública en varios municipios no ha realizado el seguimiento a sus propios planes (2023-2027). Las fallas operativas detectadas en la RM y en la del Biobío en 2025, han limitado la capacidad de reacción ante la delincuencia. Por ello, el organismo fiscalizador ha instruido a las municipalidades para que adopten medidas correctivas y regularicen los procedimientos observados, además de iniciar los sumarios administrativos cuando corresponda. Las fallas operativas detectadas han limitado la capacidad de reacción ante la delincuencia. Por ello, la Contraloría instruyó a las municipalidades para que adopten medidas correctivas.. Editorial Las fallas operativas detectadas han limitado la capacidad de reacción ante la delincuencia. Por ello, la Contraloría instruyó a las municipalidades para que adopten medidas correctivas.