Editorial: La fragilidad de la confianza
Editorial: La fragilidad de la confianza La reciente confirmación de la Corte por altos mandos, desacreditadas por el Suprema sobre las condenas contra el ex peso de la evidencia objetiva, no son meros "errores de procedimiento"; son puñaladas directas a la fe pública. Prefecto de Carabineros de Aysén y el ex jefe de Fuerzas Especiales nos obliga a mirarnos al espejo como país. No estamos ante un titular policial más, sino frente al corolario del caso con el funcionario de más alto rango sancionado en el contexto de la crisis social de 2019. El hecho es escalofriante: los encargados de resguardar el orden y la ley decidieron ocultar deliberadamente un video que demostraba la inocencia de un estudiante, quien fue injustamente acusado de agredir gravemente a un policía. Cuando el Estado, a través de sus agentes con el monopolio de la fuerza, asume el rol de juez decidiendo qué verdad se muestra y cuál se sepulta, el Estado de Derecho se fractura.
Tal como advirtió la Fiscalía, estamos ante un acto inaceptable de "corrupción pública". Omitir pruebas exculpatorias para forzar la prisión preventiva de un joven es la antítesis de lo que justifica la existencia de las policías, cuyo deber ineludible es indagar con objetividad para aportar antecedentes que determinen tanto la culpa como la inocencia. Las versiones falsas sostenidas La ciudadanía queda en la más absoluta indefensión cuando la maquinaria estatal opera para inculpar a inocentes. Si bien en este caso el Ministerio Público, junto a querellantes como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado, lograron desmantelar el engaño, la herida institucional sigue abierta. Nos empuja a preguntarnos con desasosiego cuántas historias similares no contaron con el respaldo de un video salvador. Exigir probidad es la única forma de salvar la institución. La verdadera seguridad pública nace de la transparencia institucional y de la rendición de cuentas sin defensas corporativas. Una democracia sana no tolera que quienes juran proteger a los ciudadanos usen su uniforme para obstruir investigaciones y encarcelar inocentes. La institucionalidad sólo recuperará el respeto de la ciudadanía cuando la verdad vuelva a ser, sin excepciones, innegociable..