Cartas: El costo social de la intolerancia
Cartas: El costo social de la intolerancia La propuesta de aumento del salario mínimo entregada por el Gobierno intenta justificarse sobre la base de la variación acumulada del IPC (índice de precios al consumidor) hasta abril, de 2,7%, pero no considera las proyecciones que podrían llevar la inflación anual a niveles cercanos al 4%. El debate tiende a ser inoficioso cuando se discute solamente en términos nominales.
El proyecto debería avanzar hacia una mirada estructural y de largo plazo, vinculada a una canasta real de bienes y servicios que represente efectivamente las condiciones mínimas de vida que hoy exige un país como Chile. No obstante, es necesario considerar el impacto que podría tener un alza excesiva del salario mínimo sobre el empleo.
En el contexto de déficit fiscal, incrementos muy por sobre la productividad podrían llegar a generar más problemas y afectar la contratación, especialmente para las pymes (pequeñas y medianas empresas). Así, la discusión se transforma en una moneda de dos caras. Por un lado, busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero si no se ajusta con responsabilidad económica podría terminar limitando el acceso y permanencia en el trabajo. Guillermo Riquelme, docente del Magister en Trabajo Social, Universidad Autónoma.