Colaboran, pero no reemplazan a las policías: La experiencia de las FF.AA. en la zona sur
Colaboran, pero no reemplazan a las policías: La experiencia de las FF.AA. en la zona sur Un diseño de origen cuya esencia es la presencia conjunta d e l a s F u e r z a s A r m a d a s (FF.AA. ) y de las policías, y donde nunca se han restringido los derechos fundamentales de las personas, son destacados por el excoordinador de seguridad de la macrozona sur Pablo Urquízar, al evaluar la implementación del estado de excepción en las provincias de Malleco y Cautín, en la Región de La Araucanía; y de Biobío y Arauco, en la Región de Biobío.
La medida, que comenzó a regir el 17 de mayo de 2022, cumple 22 meses ininterrumpidos de aplicación en este gobierno, aunque ya había sido instalada en la administración anterior, desde el 12 de octubre de 2021 al 26 de marzo de 2022. Sus resultados aportan datos a la discusión sobre su eventual presencia en áreas urbanas, como lo han pedido alcaldes.
Al respecto se ha abierto intenso debate, por ejemplo, en Cartas al director de "El Mercurio", entre otros temas, por los riesgos que enfrentan funcionarios militares en caso de cometer errores en su acción (ver recuadro). "El estado de emergencia original que se diseñó para la macrozona sur y que se mantiene hasta hoy implicaba en su esencia una estrategia conjunta de FF.AA. y fuerzas de orden y seguridad", argumenta Urquízar.
Entre los aspectos que explican el modelo, el experto hace notar que las primeras "se desplegarán colaborando y no reemplazando a las policías en los aspectos logísticos, de transporte, tecnológicos y de vigilancia para distintos escenarios". Sobre este aspecto, explica que ello incluye "situaciones preventivas como persecutorias, y que vayan en apoyo de los procedimientos policiales conforme a información de inteligencia". Urquízar enfatiza que en su implementación en la macrozona sur, "la forma de operación de las FF.AA. ha sido de acuerdo a las reglas del uso de la fuerza (RUF) para los estados de excepción establecidas en el Decreto Supremo número 8 del Ministerio de Defensa", aludiendo a la norma promulgada el 21 de enero de 2020.
Según detalla, estas "han sido las bases sobre las cuales han actuado durante todo el tiempo las FF.AA. en la macrozona sur", ya que "estas contienen, además de las reglas específicas, los principios de legalidad, necesidad y gradualidad; la aplicación del Código Penal y Código de Justicia Militar en su extensión, especialmente relevante para los eximentes de responsabilidad penal, como la legítima defensa y normas específicas en relación con la detención, control y registro". Otro rasgo que resalta es que el estado de emergencia en el sur "no ha restringido nunca los derechos fundamentales de la ciudadanía". En este punto, Urquízar enfatiza que, en la Constitución, "el estado de emergencia permite restringir libertades de locomoción y de reunión, así como disponer requisiciones de bienes o establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad", pero hace hincapié en que "la línea de acción de no restringir derechos fundamentales de la ciudadanía, adoptada en el primer estado de emergencia (en 2021), se ha mantenido durante toda la extensión del actual estado de excepción". Pero hace un alcance: "Quienes sí se han visto afectadas en sus acciones son las orgánicas radicalizadas y terroristas, producto de la estrategia conjunta de Fuerzas Armadas y policías, que ha dado resultado desde el punto de vista tanto preventivo como persecutorio". Gobernador de La Araucanía y apoyo militar para la RM Luego que Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, solicitara al Gobierno apoyo militar para enfrentar la delincuencia en su comuna, así como también lo han planteado otros ediles de la RM, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, valoró la idea a partir de la experiencia que ha tenido su territorio para frenar los atentados y otras acciones de fuerza. "La experiencia en el sur ha demostrado que el apoyo militar es fundamental para contener la ola de violencia" y emplazó al Ejecutivo a "usar todas las herramientas y fuerzas disponibles para atacar la delincuencia". En cambio, el exintendente de la región y diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, manifestó su reparo a la solicitud de la participación de las FF.AA. en el combate de la delincuencia. "Lo que se necesita son más carabineros, porque el déficit es de un 40%", aseguró. Añadió que "el año antepasado egresaron 800 nuevos carabineros, pero 1.500 pasaron a retiro.
Y este año, en que se incorporarán 1.500 efectivos, habrá otros 2.300 que saldrán de la institución". En la Región de La Araucanía y en dos provincias de Biobío, el estado de excepción cumple 22 meses de vigencia Colaboran, pero no reemplazan a las policías: La experiencia de las FF.AA. en la zona sur VÍCTOR FUENTES BESOAÍN A la luz del debate por su requerimiento para labores de resguardo en la capital, conocedores detallan cómo ha funcionado el trabajo conjunto de militares y carabineros. `` La forma de operación de las Fuerzas Armadas ha sido de acuerdo a las reglas del uso de la fuerza para los estados de excepción del Ministerio de Defensa".. ................................................................................................... PABLO URQUÍZAR EXCOORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA MACROZONA SUR `` En la macrozona sur ha quedado demostrado que el apoyo militar es fundamental.
Sin ellos, hoy estaríamos en una crisis sin contención".. ................................................................................................... LUCIANO RIVAS GOBERNADOR DE LA ARAUCANÍA VIGENCIA. -La presencia militar en la macrozona sur rige, ininterrumpidamente, desde el 17 de mayo de 2022 en cuatro provincias de Biobío y La Araucanía.
HÉCTOR BURGOS Los riesgos que conlleva para los funcionarios militares cumplir labores de orden público y de combate de la delincuencia fueron abordados en una carta del abogado y docente Francisco Javier Urbina, publicada en "El Mercurio". El profesional planteó que el peligro de la ejecución de esta tarea "lo asume el funcionario militar al que le toca salir a la calle". Sobre el mismo punto, sostuvo que "si de buena fe aprecia mal una situación, para la que no fue entrenado ni dotado del equipamiento adecuado, responderá con años de cárcel". A modo de ejemplo, menciona el caso del excabo Pedro Lavín Villalobos, "condenado a siete años por disparar en una pierna a un manifestante durante el estallido social", en un hecho ocurrido en Colina en octubre de 2019.
Sobre este caso, Urbina agregó que "la responsabilidad es evidentemente del Estado, pero la asumió él, penalmente" y que dado ese escenario, "lo que pensará cualquier militar desplegado" es que no debe actuar frente a un delito porque "asume el riesgo de equivocarse y si se equivoca, arruinará su vida". Un episodio similar significó una condena de 15 años de cárcel para el excapitán de Ejército José Faúndez Sepúlveda, y otras penas de presidio para un cabo y dos conscriptos, por la muerte del estudiante ecuatoriano Romario Veloz, durante violentas protestas en La Serena, también en octubre de 2019. ADVIERTEN SOBRE RIESGOS.