La seguridad no puede quedar en manos de los vecinos
La seguridad no puede quedar en manos de los vecinos La inseguridad es hoy una de las principales preocupaciones de la comunidad serenense. Frente a la sensación de desprotección, han surgido comités vecinales que, con creatividad y compromiso, han instalado alarmas comunitarias, organizado reuniones y establecido canales directos con Carabineros y Seguridad Ciudadana. Estas experiencias han demostrado que, cuando la ciudadanía se involucra, la delincuencia encuentra un cerco más difícil de sortear. No obstante, no podemos romantizar esta realidad. Que los vecinos deban organizarse para proteger sus barrios refleja tanto la solidaridad de las comunidades como la ausencia de respuestas estructurales del Estado.
La seguridad es, ante todo, una responsabilidad de las instituciones: Carabineros, PDI, municipios y gobierno central, Los vecinos pueden complementar, pero nunca reemplazar, el rol del Estado en la prevención del delito En barrios como Serena Oriente o La Pampa, la organización ha logrado disminuir robos y aumentar la percepción de control. Sin embargo, estas medidas tienen un límite. No corresponde que los habitantes deban patrullar sus calles, instalar cámaras de su bolsillo o hacerse cargo de lo que la autoridad debiese garantizar como un derecho básico: vivir seguros. La tarea de fondo requiere inversión en infraestructura, mayor dotación policial, estrategias de prevención focalizadas y un sistema de justicia ágil y eficaz. No basta con pedirle a la ciudadanía que se organice; se necesitan políticas públicas sostenidas que devuelvan la confianza en las instituciones. La participación vecinal es un activo que debemos reconocer y potenciar. Pero sería un error trasladar la carga de la seguridad a quienes solo aspiran a vivir tranquilos en sus barrios. La organización ciudadana no puede transformarse en sustituto del Estado, sino en un aliado que fortalezca políticas claras y eficaces contra la delincuencia. La seguridad comienza en la calle, sí, pero debe ser garantizada desde arriba.
Solo así, el esfuerzo de los vecinos será un complemento virtuoso, y no la última barrera frente a la inseguridad.. La participación ciudadana ha demostrado ser un aporte real en la prevención del delito, pero no puede transformarse en la principal barrera frente a la delincuencia. La seguridad debe ser garantizada por el Estado, con políticas públicas sólidas y respuestas efectivas.