COLUMNAS DE OPINIÓN: Costos Económicos del Fraude por Licencias
COLUMNAS DE OPINIÓN: Costos Económicos del Fraude por Licencias Costos Económicos del Fraude por Licencias En los últimos días, hemos sido testigos de la difusión de un informe emitido por la Contraloría General de la República que revela un uso improcedente y masivo de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, más de 25 mil casos, quienes habrían utilizado este beneficio para realizar realizar viajes al extranjero.
Aunque el mal uso de este instrumento no es nuevo en el país, el hecho de que afecte directamente al sector público respecto a la utilización de licencias médicas para fines recreacionales ha generado una justificada alarma social.
Esta situación no solo pone en entredicho la probidad de ciertos funcionarios, sino que también daña la credibilidad del sistema de salud y del aparato estatal en su conjunto, obligando a una reflexión urgente sobre los mecanismos de control, la responsabilidad individual y las reformas necesarias para asegurar un uso legítimo y ético de este derecho laboral. En Chile se emiten alrededor de 8,5 millones de licencias electrónicas al año según el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esto significó un promedio de ausentismo laboral relacionado a enfermedades para el total del país de 13,7 días en el año 2023. En el caso del sector público este ausentismo llegó a 22,3 días según la Dirección de Presupuestos de Chile (Dipres) y aumentó a 31,8 si se le agregan otras licencias y permisos.
Si se asume que el salario promedio es de 826.000 pesos según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el costo para el país por las licencias sería cercano a los 2,500 millones de dólares, es decir un 0,7% del PIB. Se estima que alrededor de un 20% de estas licencias podrían ser fraudulentas lo que representaría un costo anual para el país de 500 millones de dólares. En el caso del fraude por licencias y salidas al extranjero, este costo sería de alrededor de 37 millones de dólares.
El uso de licencias no justificadas tiene un alto costo para el país que involucra además del gasto directo del pago de la licencia, los costos de reemplazo, la pérdida de productividad laboral y los costos administrativos y legales de tramitar, fiscalizar, detectar y sancionar estas conductas. Sin duda es necesario realizar una fuerte reforma al sistema de fiscalización de este instrumento. Al parecer la Ley que modifica y regula el otorgamiento y el uso de licencias no es suficiente y se requiere un control mucho más severo.
Para ello se ha propuesto mejorar el monitoreo y realizar en forma periódica cruces entre instituciones como Fonasa, ISAPRES, COMPIN, Dirección del Trabajo, PDI y Migraciones de manera de aumentar la probabilidad de detección de este delito. Por otro lado, se ha propuesto imponer sanciones aún más duras para quienes emitan o para quienes utilicen dicho instrumento en forma fraudulenta. En el caso del Estado es necesario además realizar una profunda reforma administrativa que equilibre equilibre adecuadamente la protección de los derechos laborales con una mayor eficiencia, probidad y transparencia. Esto además permitirá fortalecer la confianza ciudadana en el aparato público, confianza que se ha puesto entredicho en este último tiempo. Andrés Ulloa, Director de carrera Ingeniería Comercial, USS;1].
