Autor: RICARDO SOLARI

COLUMNAS DE OPINIÓN: Algunas preguntas
COLUMNAS DE OPINIÓN: Algunas preguntas A aquello se le llama el deber de abstención.
Sobre este punto, la Contraloría General de la República ofició a la ministra Trinidad Steinert, para que explicase el documento remitido a la institución policial, en el cual solicitó información detallada de los detectives involucrados en la investigación del caso Clan Chen. El derecho público es claro, la autoridad solo puede actuar en el ámbito de sus facultades legales explícitas.
Lo otro es el terreMañana lunes, a las 16:30 horas, la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados recibirá en Valparaíso al director de la PDI para que explique la decisión de remover a la prefecta general Consuelo Peña, quien había sido confirmada en el mando en septiembre del año pasado. El tema ha adquirido una relevancia particular por la eventual participación en dicha decisión de la recientemente nombrada ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien carece de atribuciones para aquello. La ministra ha negado su intervención y ha solicitado dar vuelta la página. Pero es evidente que aquello no basta y que es necesario hacerse preguntas en torno al caso.
Partamos por la más básica. ¿Cuál era la motivación que tenía la ministra de Seguridad Pública, a 2 días de asumir el cargo, de solicitar información respecto de una unidad de investigación asociada a un caso particular de crimen organizado? Para tal efecto, envió un oficio reservado al director general de la PDI. Los fiscales, ella fue fiscal regional, tienen la obligación de terminar toda relación con los casos de que fueron parte al abandonar su cargo.
La ministra, además, tiene la prohibición legal de pedir información de casos específicos. y Seguridad Migratoria de la PDI exhibía una trayectoria sobresaliente en una especialidad e x t r e m a d a m e n t e e s c a s a e n nuestro país.
La cuarta pregunta se refiere a la investigación del Clan Chen, iniciada por el FBI, grupo criminal chino dedicado a las estafas digitales que ejecutaba en Estados Unidos, por las que recaudó 200 millones de dólares, dinero que blanqueaba en Chile. ¿Qué motivó la decisión de remover y trasladar a las unidades investigadoras del caso, episodio que sería el origen del desencuentro entre la entonces fiscal de Tarapacá y la PDI? Todas estas interrogantes están abiertas para la citación de mañana en Valparaíso.
El caso debe ser esclarecido, porque trata de la compleja relación entre autoridades civiles y policiales, en el contexto de una nueva legislación recientemente estrenada, pero a su vez en la conflictiva frontera de combate contra el crimen organizado. El Presidente ha dado su respaldo a la ministra, pero aquello, sin esclarecimientos mediante, más enreda que aclara. La lupa de la transparencia es fundamental en este caso.
Las defensas corporativas hacen daño y lo clave en esta área tan crítica es que podamos confiar en que las instituciones, y no los intereses particulares, son las que funcionan. n no del abuso de poder y el descontrol.
Es el fin del Estado de Derecho. ¿Qué ocurrirá con el análisis de pertinencia, juricidad y legalidad respecto de la actuación ministerial que desde el Parlamento se le ha solicitado a la Contraloría? Otra gran pregunta es que si fue el jefe de la Policía de Investigaciones quien dio de baja a la prefecta general Consuelo Peña por decisión propia. ¿Cuál es el hecho esencial que la ciudadanía no conoce que hace que luego sea confirmada en el alto mando institucional sea exonerada meses después? Con 33 años de servicio, la exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado El caso Steinert-Peña: Algunas preguntas EL DERECHO PÚBLICO ES CLARO, LA AUTORIDAD SOLO PUEDE ACTUAR EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES LEGALES EXPLÍCITAS. LO OTRO ES EL TERRENO DEL ABUSO DE PODER Y EL DESCONTROL. RICARDO SOLARI.