Autor: ANA MARÍA STUVEN
Por fin las cárceles
Es una muy buena noticia que el tema de las cárceles, de las políticas penitenciarias y de los necesarios ajustes legales para enfrentar con eficiencia y sentido de humanidad este grave problema social y humanitario, esté recibiendo la adecuada atención del Congreso y de la prensa. El proyecto de ley que está próximo a votarse en la comisión de DD.HH. Del Senado, con acuerdo bastante transversal, es un aporte importante para resolver algunos de los problemas que afectan la dignidad que el Estado debe asegurar a quienes están bajo su custodia. El máximo histórico de personas privadas de libertad —61 mil, con una capacidad en cárceles para 42 mil— sobrepasa con mucho la posibilidad de habitabilidad digna para ellas. Las pésimas condiciones de higiene y atención en salud, además del hacinamiento, ponen a Chile en un lugar lamentable en el respeto a los DD.HH. De su población privada de libertad.
En ese contexto, el proyecto que propone reemplazar la prisión efectiva por prisión domiciliaria para personas de 80 años o más, incluyendo también a otras de tercera edad que presenten grados de discapacidad, enfermedades crónicas o terminales, merece ser tramitado y aprobado a la brevedad. Personas que ya no representan un riesgo para la sociedad y que estén viviendo en condiciones indignas para su edad, por razones humanitarias, no debieran estar en prisión. También son válidas razones de eficiencia del sistema penitenciario en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención y reinserción. Hoy, más que nunca, la cárcel requiere ser eficiente para resolver los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía. El riesgo principal en lá situación actual es la complejidad de los perfiles de los nuevos reclusos por su vinculación con bandas de narcotraficantes y criminales, En ellos debiera enfocarse el sistema penitenciario con prioridad. Especial mención merecen las mujeres que se encuentran privadas de libertad, muchas también adultas mayores. Se ha demostrado que las condiciones carcelarias implican un claro deterioro en las condiciones de salud y sicológicas que viven las internas, incluso mayor que enla población masculina.
Sería aconsejable que, al igual como a las mujeres se les asigna una edad de jubilación más temprana que a la población masculina, este proyecto incluyera la posibilidad de considerar una edad menor para que una mujer pudiera acceder a sustituir la prisión por arresto domiciliario.
Asimismo, es urgente la rápida tramitación de la Ley Materno Infantil —Sayen— que espera su aprobación desde 2017, a fin de asegurar que nunca más una mujer pueda dar a luz en condiciones indignas ni permanecer en prisión con hijos menores, lo cual viola muchos de los tratados internacionales sobre el interés superior de niños y niñas.
Es efectivo que el proyecto es complejo porque toca problemas sensibles para la memoria histórica del pals, ya que de las aproximadamente 2.500 personas que recibirían este beneficio, alrededor de 400 están condenadas por violación a los DD.HH.
O por crimenes de lesa humanidad. 4) respecto, se pone de manifiesto nuevamente la ausencia de tribunales de Ejecución de Penas que podrían tratar estos casos adecuadamente y garantizar la idoneidad de los informes requeridos para otorgar los beneficios. Es importante satisfacer las demandas de justicia que legítimamente tienen las víctimas y no considerar este ajuste legal como equivalente a un perdón ni a la pretensión de negar u olvidar el sufrimiento que padecieron. Sin embargo, como argumentó José Zalaquett en su momento, la crueldad que ellas padecieron por parte de funcianarios estatales no debe ser motivo para que el Estado continúe tratando inhumanamente a nadie.
