Advierten vacíos legales para proteger a denunciantes de casos de corrupción en Chile
Advierten vacíos legales para proteger a denunciantes de casos de corrupción en Chile Proteger a quienes reportan hechos irregulares dentro de sus propias organizaciones es una asignatura pendiente en el país. Esta práctica, que en otros países se denomina "whistleblowing", gana relevancia como herramienta frente a delitos complejos. Sin embargo, expertos advierten que el país sigue sin un marco legal integral para resguardar a esos denunciantes.
Así lo detalló el director del Centro de Estudios de Derecho Penal (CEDEP) de la Universidad de Talca, Raúl Carnevali Rodríguez, quien explicó que esta figura dice relación con denuncias de irregularidades que pueden ocurrir dentro de una empresa.
A la falta de legislación al respecto, el especialista aclaró que, adicionalmente, existe una barrera cultural para su aplicación en el país. "Tenemos una cierta reticencia a lo que puede ser la figura del delator", señaló.
Por su parte, la profesora de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Laura Mayer, subrayó que esta herramienta resulta especialmente relevante en ámbitos como la corrupción y la criminalidad económica, donde muchas veces la información clave está en manos de personas que conocen desde dentro el funcionamiento de una institución.
Sobre el caso chileno, la académica destacó que "la regulación que existe del whistleblowing en Chile es una regulación todavía sectorial" y, si bien hay una normativa vinculada a denuncias en materias de competencia de la Comisión para el Mercado Financiero, incluyendo la figura del denunciante anónimo, la académica sostuvo que "carecemos de un estatuto general". A ello se suma que la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que exige canales de denuncia en los modelos de cumplimiento, pero esta figura no está del todo desarrollada. "Desde ese punto de vista podríamos decir que es una tarea pendiente todavía en el sistema jurídico chileno", agregó.
Desde la experiencia comparada, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Ramón Ragués, explicó que, si bien desde la Unión Europea se impulsaron normas nacionales para proteger a quienes denuncian "hay muchos aspectos de esta ley europea que son mejorables". A su juicio, el foco reciente está puesto en trabajadores o funcionarios que denuncian a su propia organización y que, más que amenazas extremas, suelen enfrentar "represalias laborales"..