Autor: María Catalina Batarce

Justicia pide disolución de ProCultura y apunta a enriquecimiento ilícito de Larraín
Justicia pide disolución de ProCultura y apunta a enriquecimiento ilícito de Larraín de ganar $ 2 millones entre junio de 2019 y febrero de 2021, a obtener $ 3.5 millones a contar de julio de 2022. PROCULTURA FUNDACIÓN La fundación ProCultura fue creada por Alberto Larrain. Otros aumentos Fernanda González Undurraga: De $ 1.2 millones en 2017 a $3.5 millones a contar de octubre 2022. Maria Camila Quinteros Reillan: De $ 1.650.000 en abril de 2022 a $3 millones a contar de octubre 2022. Daniela Guerrero González: De $ 1.2 millones en 2020 a $3.5 millones a contar de julio de 2022. Camila Aguirre Concha: De $ 1.2 millones en abril de 2021 a $ 2 millones a contar de octubre 2022. Francisco Fuentes Araya: De $ 700 mil en 2019 a $3.5 millones a contar de julio 2022. Bárbara Lucia Peña Osorio: De $ 1.2 millones en septiembre de 2022 a $2.4 millones a contar de diciembre del mismo año. En tres meses su sueldo se duplica. Emilio Marinao Fuentes: De $ 800 mil en 2019 a $3.5 millones a contar de julio 2022.
Por lo mismo, el escrito remitido por el subsecretario Muñoz subraya que "analizados todos los antecedentes aportados por la fundación, en especial lo indicado precedentemente, permite inferir a este Ministerio, que la misma ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social, existiendo una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta". Y, además, agregaron que: "No obstante esta Subsecretaria de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, especificamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública *.. Fuente sus estatutos, "desnaturalizando el fin propio de la fundación, entendida esta como un patrimonio puesto al servicio de un objeto, distinto del enriquecimiento de los participes de la misma, existiendo además un falta de coherencia entre los fines propios de la entidad y sus actividades en cumplimiento a dichos fines", Ilonka Csillag, por su parte, recibió $ 149.661.333 entre 2017 y 2022, pese a que durante un periodo estuvo fuera de la entidad Respecto de Maria Constanza Gómez, otrora representante legal de la fundación, se mencionó que paso de recibir $ 950 mil en enero de 2017 a ganar $ 4.500.000 hacia fines de 2022. O sea, su ingreso aumentó cinco veces respecto de la remuneración inicial. El director de proyectos, José Gatica, pasó de $ 1.2 millones en 2017 a $ 3.5 millones en diciembre de 2022. La directora de Estudios Maria Teresa Abusleme, igualmente, vlo aumentado su salario de $ 1.2 millones a $ 3.5 millones en solo dos años, entre julio de 2020 y julio de 2022. En el caso de Carla Piazzoli, se detallo que su remuneración comenzó en $ 1.1 millones en 2019 y que en septiembre de 2022 se elevó a $ 2 millones.
Sobre Lorena Pérez, directoAlzas periódicas En medio de las observaciones destacadas por Justicia, también se mencionó la existencia de alzas periódicas y sin justificación en las remuneraciones pagadas a ciertas jefaturas de los proyectos adjudicados a la fundación, al igual que en los ingresos que obtenian directivos y los mencionados fundadores, salvo Casanova. En el caso de Alberto Larrain, se preciso que su renta, entre 2018 y 2022, pasó de $ 29.700.000 a $ 94.445.764. En suma, se indira de Arquitectura, se mencionó que pasó có que en cinco años se hizo de $ 267.779.612. La fundación ProCultura y sus exfuncionarios enfrentan complejos escenarios no tan sólo en sede penal.
Si bien, el principal desafio que tienen es la indagatoria criminal que lleva adelante el Ministerio Público, con miras a esclarecer la ocurrencia de distintos ilicitos, existe también una instancia que está a manos del Gobierno y que se activo hace algunos días por parte del departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, la cartera comandada por Jaime Gajardo (PC), ya envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) las conclusiones del análisis administrativo de la ONG, tras lo cual le solicito iniciar las acciones para disolver de manera definitiva la entidad. Lo anterior, luego de advertir que la fundación creada en 2010 por Alberto Larrain.
Ilonka Csillag y Dolores Casanova, no respondió de forma íntegra los requerimientos realizados en el marco del procedimiento instruido por el organismo, el 29 de junio de 2023, y que tampoco se atendiera a los funcionarios que visitaron con insistencia los domicilios que habían registrado. Pero, aunque dicho incumplimiento es considerado grave y hubiese sido suficiente para avanzar en la disolución de la entidad, no fue lo único que advirtieron los profesionales de Justicia.
La ONG desvio fondos públicos De hecho, en medio de la solicitud que remitió el subsecretario del ramo, Emesto Muñoz, al presidente del CDE, Raúl Letelier, se enfatizó en que la fundación habria desviado fondos percibidos para la ejecución de programas y proyectos a pagos de remuneraciones y honorarios. Conforme al detalle, entre los años 2018 y 2022, en promedio, el 70,35% de los gastos de ProCultura correspondían a remuneraciones y honorarios, mientras que sólo el 29,65% al cumplimiento de su objeto social. Se ejemplifica, en el mismo sentido, con lo ocurrido en 2022, cuando los gastos por salarios ascendieron a $ 1.980.841.722, mientras que sólo $ 641.561.349 estaban vinculados a los proyectos.
Se hace presente que, en base a los antecedentes recopilados durante el proceso, la fundación ProCultura infringio gravemente GASTOS GASTOS REMUNERACIONES Y HONORARIOS GASTOS OBJETO SOCIAL AÑO 2018 $ 128.048.860 $ 406.034.317 201 $ 135.557.032 $ 460.071.296 S 151844.276 2020 S 539.361.115 2021 S281886.202 S 1.055.516.777 S 641.561349 S1980.841.722 2022. Tras una amplia revisión la cartera comandada por Jaime Gajardo estableció que la ONG habría desviado fondos para la ejecución de programas y proyectos a pagos de remuneraciones y honorarios. Alrededor del 70% de los gastos se destinaban a ese ítem y solo el 30% al cumplimiento del "objeto social".