Editorial: Acortar el periodo de transición: una opción necesaria
Editorial: Acortar el periodo de transición: una opción necesaria as tensiones desatadas entre el gobierno saliente y las autoridades entrantes durante los últimos meses, coronadas con las revelaciones sobre el cable submarino que uniría China con la costa de Valparaíso ha vuelto a dejar en evidencia lo excesivamente largo del periodo que se extiende entre la elección presidencial y el cambio L de mando.
Son más de 80 días los que transcurren entre la segunda vuelta y la asunción de las nuevas autoridades, tiempo durante el cual quienes lograron el apoyo de la mayoría ciudadana para regir los destinos del país no pueden intervenir directamente en la toma de decisiones y quienes sí lo están por mandato constitucional se encuentran seriamente debilitados en su actuar, más aún cuando los cambios en las preferencias ciudadanas han sido categóricos. Esto último es lo que ha sucedido en esta oportunidad.
El actual mandatario electo obtuvo en la segunda vuelta un triunfo amplio, más del 58% de quienes concurrieron a las urnas -7,2 millones de electoresle entregaron su voto, frente a poco más del 40% que obtuvo la candidata oficialista.
Un resultado que dio cuenta de un claro deseo de la ciudadanía por un cambio de rumbo en el país, más aún si se considera que quien triunfó en esos comicios está en las antípodas políticas de quien hoy detenta el poder.
Pero el giro no se dio sólo a nivel del Ejecutivo, también en la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Diputados y de parte importante del Senado, los ciudadanos se inclinaron por cambiar su conformación a favor de sectores de la actual oposición.
Si bien en diciembre pasado, el gobierno insistió en que, pese a la derrota, seguiría tramitando proyectos emblemáticos de su agenda legislativa, como la creación del nuevo Fondo para la Educación Superior (FES) que busca reemplazar al CAE, en los hechos su capacidad para lograr respaldos de la hoy oposición para despachar esas iniciativas se vio seriamente disminuida. La situación, sin embargo, no es exclusiva de la actual administración. En la historia reciente, son escasos los proyectos que han logrado ser aprobados durante el periodo que transcurre entre la elección presidencial y la llegada de las nuevas autoridades. Una excepción fue la PGU, despachada a fines del segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero gracias a que existía un consenso previo. El cambio de signo político entre el presidente entrante y el saliente hace especialmente evidente lo extenso del periodo de transición presidencial, algo que ha sido la tónica de las últimas cinco elecciones. Ello porque a las dificultades propias de todo cambio de equipos humanos en los altos niveles de la administración del Estado, se suma el evidente giro en el enfoque de muchas políticas públicas. Un hecho que es aún más serio en el ámbito internacional, considerando el complejo escenario geopolítico actual. Lo sucedido con el cable submarino de China Mobile y la falta de transparencia y claridad del proceso es prueba de ello. Decisiones estratégicas se pueden terminar tomando en este periodo sin que las nuevas autoridades elegidas por la ciudadanía tengan claro conocimiento. Pero a la par de lo anterior, el largo interregno entre las elecciones y el traspaso del mando también genera, como ha sucedido en esta ocasión, una suerte de gobierno paralelo.
En el caso actual, ello ha sido aún más evidente por el diseño elaborado por el equipo de José Antonio Kast, al crear la llamada oficina del presidente electo, OPE, modelo inédito en los periodos de transición presidencial. Así, los principales actores políticos y económicos tanto a nivel local como externo concentran su atención en las señales que entrega quien asumirá el mando, mientras que quien ostenta la presidencia pierde relevancia. Una situación que no sólo afecta la toma de decisiones, sino que puede terminar generando una virtual parálisis de la administración del Estado. Por ello, el país debería avanzar hacia un modelo de transiciones presidenciales más breves.
En países europeos, como Francia, no transcurren más de dos semanas entre la elección del nuevo mandatario y la toma del mando, sin contar lo que sucede en sistemas parlamentarios como el británico donde el cambio se concreta al día siguiente.
Pero incluso en naciones vecinas como Argentina y Bolivia, ese periodo no se extiende más allá de 21 días y en Colombia y Ecuador llega a 35, muy por debajo de los 82 días que dura la transición en Chile.
En un principio, cuando la segunda vuelta presidencial se realizaba en enero, pasaban dos meses antes del traspaso de mando, pero tras el cambio de fecha de los comicios, el periodo de transición no se ajustó. Una modificación como esa permitiría mejorar los procesos institucionales, evitar la virtual existencia de dos gobiernos paralelos y no afectar la toma de decisiones en el Estado. En un escenario mundial incierto, donde la geopolítica ha vuelto a jugar un rol central, esto último resulta especialmente relevante, como ha quedado de manifiesto en las últimas semanas.
Ello debería ir acompañado, sin embargo, de otras modificaciones, que ya se han planteado en estas mismas páginas, como la pertinencia de adelantar las elecciones para evitar que la discusión del presupuesto termine siendo contaminada por el ciclo electoral y se de espacio para que las nuevas autoridades tengan algo que decir. Una opción que adquiere aún más relevancia luego de lo sucedido, en esta oportunidad, con las cuentas fiscales.
Los hechos de las últimas semanas refuerzan la urgencia de reducir los casi tres meses que transcurren entre la elección presidencial y el cambio de mando, un periodo demasiado extenso que afecta la toma de decisiones del Estado y favorece, en la práctica, la existencia de dos gobiernos paralelos.. Los hechos de las últimas semanas refuerzan la urgencia de reducir los casi tres meses que transcurren entre la elección presidencial y el cambio de mando, un periodo demasiado extenso que afecta la toma de decisiones del Estado y favorece, en la práctica, la existencia de dos gobiernos paralelos.