Autor: Patricio Iglesias P. Patricio. iglesiasestrellaiquique. Cl

Detectan falta de control en arriendo de terrenos
Na serie de observaciones hizo la Contraloría en un informe final tras una auditoría realizada a un total de 33 predios fiscales arrendados por la Seremi de Bienes Nacionales para extraer áridos, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de agosto de 2020.
El documento indica que se detectó que se entregaron permisos sin contar con todos los requerimientos, entre ellos ambientales, y que también no existía contabilidad de la cantidad de áridos extraídos de los terrenos arrendados para estos fines. A ello se suma el uso de sitios no autorizados para la extracción de áridos por parte de algunas empresas.
También el informe N*447-2021 señala que “se verificó que la Seremi de Bienes Nacionales no exigió a los arrendatarios la totalidad del monto que debían garantizar para la explotación de inmuebles en que puede verse afectada su integridad, como es el caso de aquellos destinados a la extracción de áridos, determinándose una diferencia no prevista de $26.425. 485”. Además, la indagación detectó que, supuestamente, no se veló por el correcto funcionamiento del software de cobranza por lo que hubo una diferencia de más de 8 millones de pesos entre los ingresos bancarios informados y el detalle de pago. Además se percibió menores ingresos por concepto de arriendo, interés por mora e interés penal, por un monto de $728.685.
El informe final emitido por la Contraloría determinó que esta tiene un plazo de 60 días para resolver la situación, pues Bienes Nacionales deberá, además, en lo sucesivo, “ejercer las acciones necesarias para evitar el uso ilegal de terrenos fiscales, y en el caso de que sean ocupados, arbitrar oportunamente las medidas tendientes a restituir administrativamente los inmuebles”, lo que deberá ser supervisado por la auditoría interna del servicio.
MEDIDAS Desde la Seremi de Bienes Nacionales expusieron que se encuentran abocados a subsanar las observaciones; respecto a la entrega de permisos para la explotación de áridos sin presentar todos los antecedentes necesarios, precisaron que “el ministerio cuenta con un Manual de Arriendos, que fue actualizado este año, que entre los requisitos exige una declaración jurada del postulante que indique que no es beneficiario del arriendo en un terreno colindante.
No obstante, el ministerio cuenta con un Sistema de Catastro que contiene información actualizada sobre los inmuebles disponibles, administrados y enajenados y en virtud del principio de celeridad, economía procedimental y de no formalización, consagrados en la ley 19.880, no se consideró pertinente pedir tales declaraciones con el fin de agilizar esta tramitación”. En la misma argumentación expusieron respectoa la falta de algunos certificados emitidos por el Servicio de Evaluación Ambiental.
En cuanto al requisito de contar un certificado de la Seremi de Medio Ambiente, para dar cuenta que el terreno a explotar no se emplaza en una “zona saturada” de contaminación, esto no se consideró “porque en la región no existen zonas saturadas”, expresaron. Actualmente hay 18 contratos vigentes de explotación de áridos, ninguno de ellos en Bajo Molle y se tramitan otros cinco arriendos.
FISCALIZACIONES Precisaron que en 2019 se detectaran 55 puntos de extracción ilegal de áridos y se regularizaran 23 faenas; en 2020 se efectuaron 74 fiscalizaciones y se han interpuesto 23 denuncias por extracción ilegal en las fiscalías de Iquique y El Tamarugal.
En cuanto a la observación de que no se contabila cantidad de áridos extraídos, explicaron que técnicamente esto no se puede calcular porque las canteras han sido previamente explotadas, por lo cual se inspecciona la superficie del contrato a través de un dron.
Respecto al cuestionamiento de que no se solicitaba la garantía fijada en el Manual de Arriendo, señalaron que “se trata de cuatro casos ya regularizados, cuya garantía se solicitó en base a una interpretación distinta al órgano contralor”. O Contraloría detectó falencias en Bienes Nacionales por el arriendo de sitios para la extracción de áridos. Seremi asegura que está subsanando observaciones.

Resumen

También el informe N*447-2021 señala que “se verificó que la Seremi de Bienes Nacionales no exigió a los arrendatarios la totalidad del monto que debían garantizar para la explotación de inmuebles en que puede verse afectada su integridad, como es el caso de aquellos destinados a la extracción de áridos, determinándose una diferencia no prevista de $26.425 .485”., El informe final emitido por la Contraloría determinó que esta tiene un plazo de 60 días para resolver la situación, pues Bienes Nacionales deberá, además, en lo sucesivo, “ejercer las acciones necesarias para evitar el uso ilegal de terrenos fiscales, y en el caso de que sean ocupados, arbitrar oportunamente las medidas tendientes a restituir administrativamente los inmuebles”, lo que deberá ser supervisado por la auditoría interna del servicio., MEDIDAS Desde la Seremi de Bienes Nacionales expusieron que se encuentran abocados a subsanar las observaciones; respecto a la entrega de permisos para la explotación de áridos sin presentar todos los antecedentes necesarios, precisaron que “el ministerio cuenta con un Manual de Arriendos, que fue actualizado este año, que entre los requisitos exige una declaración jurada del postulante que indique que no es beneficiario del arriendo en un terreno colindante.

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