Autor: Patricio Moraga Vallejos. Fotografía Luis Casanova Valdés

Contraloría investigará deudas de la Delegación Presidencial con proveedores de agua potable en zonas rurales
Contraloría investigará deudas de la Delegación Presidencial con proveedores de agua potable en zonas rurales 665 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE EDIFICIO VALENTIN LETELIER MADARIAGA LINARES 1852 SANTIAGO 1919 INSTITUTO DE CONMEMORACION HISTORICA DE CHILE TALCA 24 DE JULIO DE 2009 a morosidad en los pagos que mantiene la Delegación Presidencial del Maule, desde la administración anterior, con los proveedores de agua poL table en zonas rurales y que en enero gatilló la suspensión transitoria de la entrega del vital elemento, lejos de solucionarse, se agudizó, escalando ahora hasta la Contraloría General de la República.
El organismo fiscalizador dará inicio a una investigación especial en la Delegación Presidencial Regional con el propósito de esclarecer eventuales irregularidades en el pago de dichos servicios de distribución de agua y que guardan relación con las prestaciones adeudadas desde el año 2022 hasta el 2025.
Lo anterior, en base a una serie de denuncias que se recibieron en las dependencias de la Contraloría del Maule y CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE TALCA GENERAL DE CONTRALOR A REPUBLICE CHILE de las que dio cuenta en su momento este medio de comunicación.
Es por esto que, tras informársele de la medida al delegado presidencial del Maule, Juan Eduardo Prieto, se espera que, en los próximos días, un fiscalizador de la Contraloría Regional del Maule arribe hasta las dependencias de la Delegación, en el tercer piso del edificio de Servicio Públicos (Correos), en Talca, y se instale en dicho lugar para iniciar el proceso investigativo que podría incluir un examen de cuentas a los recursos asociados a esta materia, entre otras acciones de control.
Al respecto, Juan Eduardo Prieto -quien la semana pasada viajó a Santiago para abordar este y otros temasseñaló que "apenas asumí en la Delegación Presidencial Regional, instruí a mi equipo ordenar los pagos pendientes a proveedores de agua potable de la administración anterior, a raíz de las distintas alertas de conocimiento público.
Esta es una tarea que hemos estado abordando de manera responsable y sistemática durante las últimas semanas". Por lo mismo, dijo que el anuncio de que la Contraloría realizará una auditoría a la Delegación es coherente con el proceso de ordenamiento que se está impulsando. "Como institución, colaboraremos con todo lo que se requiera", comentó.
Asimismo, la autoridad regional indicó que "es nuestra responsabilidad asegurar el buen uso de los recursos públicos, recuperar la confianza de la ciudadanía y avanzar hacia un Estado cada vez más transparente". Para entender la dinámica en este tema, hay que saber que las Delegaciones en conjunto con los municipios organizan la demanda de agua potable, mediante Autor: Patricio Moraga Vallejos. Fotografía Luis Casanova Valdés. ¿Quién pagará la cuenta? se preguntan los prestadores de servicios a quienes se les deben millones de pesos.
Esto, mientras el organismo fiscalizador se apresta a auditar el periodo 2022-2025 en las oficinas de gobierno Contraloría investigará deudas de la Delegación Presidencial con proveedores de agua potable en zonas rurales la acreditación de escasez hídrica para determinados sectores de las comunas. Luego se procede a la contratación del servicio de distribución de agua que es prestado por empresas de camiones aljibe.
Este proceso debe acreditarse por los municipios, para luego generar carpetas de reporte, con toda la documentación necesaria, la que es derivada al nivel central del Ministerio del Interior para su gestión presupuestaria y la transferencia de recursos a la Delegación para que proceda con el pago a los proveedores de agua potable en zonas rurales.
También hay que tener claro que en este tema, la Delegación Presidencial Regional tiene responsabilidad sobre los servicios prestados en la provincia de Talca, y en el caso de las zonas de Curicó, Linares y Cauquenes, por cada una de las otras delegaciones provinciales.
Ex delegado Aqueveque Contactado el ex delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, recordó que durante el año 2025 e inicios del 2026 se desarrollaron reuniones con proveedores, también con equipos de los diversos departamentos que son parte del proceso en la Delegación y en el nivel central del Ministerio del Interior, para agilizar la regularización de los trámites administrativos asociados a dichos servicios de distribución de agua. "Es así como durante los meses de enero y febrero de 2026, de acuerdo a los compromisos asumidos con las empresas, se solicitaron al nivel central los recursos adeudados, de manera que se procediera lo antes posible a la provisión de fondos para saldar las deudas pendientes con las empresas de camiones aljibe, recursos que deben ser traspasados desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) al Ministerio del Interior y finalmente a la Delegación. De hecho, antes del término de nuestra gestión fueron transferidos recursos que permitieron pagar a proveedores algunos de los servicios pendientes", comentó.
Lo que resta -continuó Aquevequees agilizar ese traspaso de recursos para los servicios restantes y que, por lo mismo, espera que pronto la nueva administración pueda establecer un cronograma de transferencias. "Aunque es bueno reiterar que no todo está en manos de la región y se depende en gran medida del nivel central del Ministerio del Interior y, especialmente de Hacienda, que disponibilice los recursos", advirtió. Proveedores La situación es compleja para los proveedores de agua potable en zonas rurales. Salvo la transitoria paralización de enero, hastiados por los incumplimientos en los pagos, no han dejado de prestar el servicio que es fundamental en zonas donde escasea el recurso hídrico, incluso para consumo humano. Si bien el monto global de la deuda se desconoce y será precisamente materia de la fiscalización, el testimonio algunos de los proveedores de agua permite hacerse una idea de la gravedad de la situación. Ángel Cancino es uno de ellos. "Nos pagaron solamente dos meses del 2023.
Me tienen una factura pequeña del 2022, me deben dos meses del 2024, seis meses del 2025 y lo del 2026 que estamos trabajando desde enero a la fecha, eso se supone se pagará cuando se termine de trabajar", afirmó, agregando que al considerar hasta diciembre del 2025 le adeudan cerca de 40 millones de pesos.
Comenta que ha ido en tres ocasiones para pedir audiencia con el nuevo delegado presidencial, sin éxito. "El drama más importante es que no hemos podido hablar con las nuevas autoridades, de cómo se va a asumir las deudas antiguas", sostiene.
Luis Correa, representante de las empresas Israel Roa Antilef y Agua Potable Roa Muñoz SpA, señala que, si bien se le han pagado algunos montos adeudados, lo cierto es que aún falta y hay morosidades que se arrastran desde el 2023. Considerando las dos empresas -explica Correay que prestan servicios en las provincias de Talca y Curicó, se les debe más de 1250 millones de pesos. En el caso de Curicó, la responsabilidad es de la Delegación Provincial de esa zona.
Compartiendo la inquietud de Ángel Cancino y de todos los otros proveedores de agua, Luis Correa comenta que el 10 de abril solicitó una reunión con el nuevo delegado presidencial regional y que aún está esperando respuesta. Autor: Patricio Moraga Vallejos. Fotografía Luis Casanova Valdés.