Autor: N. G.

Parlamento venezolano aprueba ley de amnistía, cuestionada por la oposición y ONGs
Parlamento venezolano aprueba ley de amnistía, cuestionada por la oposición y ONGs Después de múltiples intentos fallidos y debates cancelados, el Parlamento venezolano aprobó ayer en la noche, por unanimidad, una ley de amnistía que debería llevar a la liberación de cientos de presos políticos en 27 años de chavismo. No obstante, la norma ha sido cuestionada por opositores y ONGs, ya que podría llegar a excluir a líderes opositores como la premio nobel de la Paz, María Corina Machado. La ley es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos. Bajo presión de Washington, Rodríguez inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Hasta ayer iban 448, pero quedaban aún 644 tras las rejas, según la ONG Foro Penal.
“No va a ser la mejor ley, creo que todavía hay muchas cosas que mejorar”, advirtió a France Presse, antes de la votación, una fuente con conocimiento de las negociaciones entre el chavismo y la minoritaria oposición, que se prolongaron hasta solo minutos antes de la aprobación. El alcance de la norma La norma circunscribe sus efectos a 13 episodios registrados entre 1999 y 2026, y enumerados en el capítulo 8. Entre ellos figura el período en que la Asamblea Nacional estuvo bajo control opositor, entre 2016 y 2021, cuando el oficialismo obstaculizó su funcionamiento e inició pesquisas contra opositores. También se añadieron hechos vinculados a protestas y episodios de violencia ocurridos tras las elecciones de julio de 2024, que fueron reprimidas con dureza por el chavismo.
En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela por parte de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”. La ley no contempla la amnistía explícita a quienes fueron procesados por los denominados “delitos de odio”, como la difusión de mensajes críticos contra el Ejecutivo en redes o aplicaciones de mensajería. ONGs y familiares habían reclamado la eliminación de este tipo de normas utilizadas con fines represivos, pero esa demanda no fue incorporada. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la utilidad de esa legislación y señaló que será objeto de reformas, tras reconocer que en algunos casos se aplicó de manera indebida.
“Hoy, como ayer y todos los días de los últimos días, ha habido debates, pero hoy en particular ha sido un día de debate profundo”, declaró el líder de la Asamblea Nacional al inicio de la sesión.
Como medida de resguardo, el proyecto aprobado creó una comisión legislativa integrada por 23 parlamentarios que tendrá la tarea de supervisar la puesta en marcha de la amnistía e impulsar posibles revisiones de los expedientes que eventualmente queden fuera de su alcance. Difícil proceso, marcado por cambios Inicialmente se esperaba que la ley fuese aprobada el jueves pasado, pero el debate se empantanó tras la aprobación de los seis primeros de sus 16 artículos.
El principal punto de fricción fue el artículo 7, crucial para definir el alcance de la medida: el chavismo planteó que los beneficiarios debían comparecer previamente ante la justicia la misma que ordenó sus detenciones, un requisito ausente en la versión original que generó inquietud entre las ONG. Y es que los opositores y el gobierno han dejado claro que tienen visiones opuestas sobre el objetivo de la norma.
Mientras el oficialismo la concibe como un perdón de delitos ya cometidos, defensores y allegaVTV / EFE dos de presos políticos sostien e n q u e b u s c a e l i m i n a r e l carácter penal de conductas que nunca debieron tipificarse como tales. Por ello, reclaman que el proceso incluya reparaciones para víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y persecución, además de garantías de no repetición, aspectos que no quedaron establecidos. La discusión sí llevó a algunos consensos. Por ejemplo, una modificación al artículo 7 permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal. La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación. Otra importante modificación pactada en las últimas semanas es la posibilidad de que los beneficiarios retomen actividades públicas, lo que permitiría restituir derechos políticos a opositores perseguidos o exiliados.
Asimismo, se incorporó de forma expresa el principio jurídico de favorecer al acusado ante cualquier duda en la aplicación de la norma, lo que podría abrir la puerta a casos que no encajen en los períodos establecidos.
Otros cambios fijan un plazo de 15 días para que los tribunales revisen y otorguen las amnistías, y prevén la creación de una instancia parlamentaria que verifique su implementación y recomiende medidas expeditas para expedientes no contemplados. La aprobación de la amnistía también trajo consigo el fin de la huelga de hambre que impulsaban los familiares de los detenidos en Venezuela. Autor: N. G.. La norma fue modificada, pero mantuvo algunos artículos polémicos, como el que niega el beneficio a los procesados por criticar al gobierno. Largo debate en el Legislativo: LA NORMA fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional.