Autor: José Fco. Montecino Lemus cronica@mercurioantofagasta.cl

Crisis en buses eléctricos: operador acusa falta de apoyo estatal y bancario
Crisis en buses eléctricos: operador acusa falta de apoyo estatal y bancario "S olicitud urgente de respaldo financiero y revisión de política crediticia en proyectos estratégicos de transporte eléctrico". Así se tituló un aviso publicado en este Diario en esta semana, firmado por Valentina Méndez, presidenta de Green Energy Transport, empresa a cargo del recorrido de microbuses eléctricos en la capital regional. Se trató de una carta dirigida a la presidencia y autoridades del Banco Estado.
Tal como manifiesta el encabezado, Green Energy busca obtener un crédito verde por US$16 millones para financiar la infraestructura del electroterminal y buses para la operación del sistema. "No obstante, pese a haber presentado los contratos adjudicados, todos los antecedentes requeridos y cumplir con las condiciones técnicas del proyecto, el financiamiento no tuvo pronunciamiento alguno", asegura el escrito. SIN TERRENO Pero el trasfondo del problema tiene otro origen relacionado con el cambio de condiciones del contrato lo que quedó plasmado en un oficio enviado por Green Energy a la Contraloría. En el documento, se denuncia una situación que "afecta y lesiona gravemente los derechos e intereses de la compañía y pone en riesgo la continuidad del servicio" de buses eléctricos en la comuna. El origen del conflicto está en un "desequilibrio financiero", provocado por la planificación del proyecto, haciendo inviable la operación económicamente.
Específicamente, se trata del terreno fiscal que el Ministerio de Transportes prometió en la licitación para construir el centro de carga, el cual "no cumplía con la normativa de uso de suelo para su desarrollo", según informó posteriormente la municipalidad.
Por esto, la empresa debió buscar un nuevo terreno privado por su cuenta, un hecho que el oficio califica como "un error de responsabilidad absoluta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones", por causas que "en absoluto, no son imputables al operador". Por lo anterior, se acusa que esta nueva reubicación alteró el servicio, al extender el recorrido 6,2 kilómetros por cada vuelta, asegura la empresa.
Por lo anterior, denuncia que esto generó una "pérdida financiera relevante derivada tanto del aumento de kilómetros del nuevo recorrido como de la cantidad de pasajeros por kilómetro", ya que ahora deben recorrer más distancia para captar la misma demanda de usuarios proyectada originalmente.
El oficio detalla que la compañía solicitó formalmente un ajuste o compensación, debido a que "mantener el contrato en sus términos originales afectaría gravemente al operador y pondría en riesgo la continuidad del transporte público". Específicamente, pidieron en agosto un aumento del subsidio de aproximadamente $46,4 millones mensuales, cifra que consideran la "única forma de mantener el equilibrio económico de un contrato que ha sido afectado severamente por circunstancias ajenas" a su gestión.
También se acusa que, "a la fecha no hemos obtenido respuesta alguna a pesar de haber realizado las consultas y averiguaciones pertinentes", y se critica la "demora injustificada en la tramitación de las solicitudes", asegurando que el ministerio incluso ha ignorado los 103 plazos legales para certificar si el caso está en condiciones de ser resuelto. BANCO ESTADO Por lo anterior, y ante el déficit financiero que genera la actual operación, Green Energy acudió por un crédito al Banco Estado. En elaviso, se explica que lasgestiones se hicieron por medio de la Plataforma Pymes, para obtener el dinero que se ocuparía para el funcionamiento de la red de electrobuses.
A la fecha no han tenido respuestas, según afirman, y cuestionan que "esta indiferencia contrasta con la activa participación pública de BancoEstado y sus autoridades en instancias donde se promueve el financiamiento verde". Incluso, acusan que tanto el ministerio como el sistema financiero derivaron a Green Energy a buscar financiamien103 GORE to con terceros, "obligándonos a endosar subsidios estatales como garantía a capitales extranjeros", lo que implica "la imposición de cláusulas abusivas, generando una fuga de recursos fuera del país y debilitando el desarrollo económico nacional, en contravención del espíritu de fomento productivo que debe resguardar la banca estatal". Con todo, solicitan "respetuosamente una instancia formal de revisión y una respuesta concreta, que permita evaluar la incorporación de BancoEstado como actor financiero directo en este proyecto, en condiciones justas y acordes a la realidad del mercado nacional". Consultada, Valentina Méndez, presidenta de Green Energy, reitera que la situación arriesga "el equilibrio económico y al usuario, ya que nuestra 103 Red VC J2-34 empresa transporta 15 mil pasajeros diarios". Además, acusa que, "en estos momentos estamos siendo abusados por los terceros, y esperamos que Banco Estado tome este negocio y actúe en pro del país con las políticas públicas que dicen tener". Méndez acusa que, a la fecha, no han recibido ninguna respuesta del Banco Estado ante sus solicitudes, que se arrastra desde hace años. Por lo anterior, recalcó que, de no haber una solución, "tomaremos todas las medidas tanto legales, constitucionales, y de paro en protesta contra las políticas de Banco Estado.
Esto ya estamos escalando a nivel nacional a través de la Coresur Norte". Cabe indicar, que pese a solicitar una versión de los hechos, la Seremi de Transportes no respondió las consultas realizadas. 03 6,2 kilómetros por vuelta aumentó el recorrido a causa del nuevo sector, perjudicando el flujo y la captación de pasajeros. Autor: José Fco. Montecino Lemus cronica@mercurioantofagasta.cl. ANTOFAGASTA. Luego de adjudicarse el contrato, a Green Energy le correspondía ocupar un terreno fiscal otorgado por el Ministerio de Transportes. No obstante, su utilización no fue autorizada y tuvo que buscar un nuevo lugar, afectando los trayectos y, por ende, la operación del sistema. Ahora, la empresa urge por un crédito verde al Banco Estado para mantener su funcionamiento. 6,2 kilómetros por vuelta aumentó el recorrido a causa del nuevo sector, perjudicando el flujo y la captación de pasajeros. MANTENER EL CONTRATO COMO ESTÁ PODRÍA PERJUDICAR EL SERVICIO, ACUSA LA EMPRESA.