Autor: Pablo Basadre G.

Caso Azul Azul: los argumentos del fiscal para allanar seis recintos
Caso Azul Azul: los argumentos del fiscal para allanar seis recintos S eis recintos distintos -cinco sociedades y el domicilio del dueño de Azul Azul, Michael Clark-, antecedentes de un informe pericial de la PDI recién terminado, así como una larga lista de testigos, incluyó el fiscal oriente, Juan Pablo Araya al justificar ante la jueza de garantía del Cuarto Juzgado de Santiago, Daniela Guerrero, la solicitud de allanar e incautar diversos bienes en la investigación desformalizada del caso Azul Azul. La causa involucra directamente como imputado al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, y cómo éste se hizo del control del club de fútbol Universidad de Chile a través de su sociedad Antumalal.
Parte de su indagatoria se apoya en los antecedentes remitidos en 2025 por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que aplicó severas multas y castigos a los directores y el gerente general de Sartor Administradora General de Fondos (Sartor AGF). Las sospechas de Araya en la compra de Azul Azul En la solicitud de allanamiento del fiscal -el mismo que indaga el caso Factop-, detalla cómo Michael Clark y otros involucrados, a través de varias sociedades, habrían realizado maniobras financieras para presuntamente cometer los delitos de negociación incompatible, administración desleal, entrega de información falsa y fraude a la omisión de oferta pública de adquisiciones de acciones. En su presentacióna ante la jueza, detalla la constitución del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, utilizado para la adquisición del control de Azul Azul S. A, mediante una Oferta Única de Adquisición (OPA) en 2021. Posteriormente, Inversiones Antumalal (de propiedad de Clark) en diciembre de 2024 adquirió las cuotas de este Fondo de Inversión, cambiando de control la sociedad que controla al equipo de la Universidad de Chile.
El problema es que en medio de estas últimas transacciones, explotó el caso Sartor: un fondo de inversión que según la CMF sirvió para que sus dueños financiaran inversiones personales, lejanas al objetivo de todo fondo de inversión regulado. ¿ Se usaron dineros de este tipo en la transacción de Azul Azul? Es materia que debe aclarar la justicia penal.
En su momento, en plenas sanciones de la CMF, Azul Azul envió un comunicado de prensa donde afirmó que "las cuotas del 'Fondo de Inversión Privado Tactical Sport' pertenecen íntegramente a Inope versiones Antumalal S.A., sociedad perteneciente a Michael Clark, por lo que no existe ningún accionista del grupo Sartor que forme parte de la propiedad de Azul Azul S.A., de manera directa o indirecta". La información se conoció luego que el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, reconociera frente a la CMF en 2024, que había pagado US$5.719.483 para ser el único controlador de la sociedad concesionaria que administra el club. En la causa, figuran como imputados Óscar Ebel Sepúlveda, Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery, Hugo Baranda Peralta y Michael Clark Varela.
De esos nombres, se desprende también una rama de la indagatoria que se vincula con Sartor Administradora General de Fondos, Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privados y Asesorías e Inversiones Sartor S.A., donde también se investiga otras sociedad y ramificaciones destinados a ocultar la situación patrimonial de na empresa de factoring. Heller dentro de los testigos que han declarado A los antecedentes que acumuló la CMF y que forman parte de la carpeta de Araya, se suman los testigos que ya prestaron declaración en la causa.
Entre ellos, el antiguo dueño de la U, Carlos Heller Solari, José Ignacio Asenjo (gerente general de la U), el actual gerente deportivo del club de la Universidad de Chile, Manuel Mayo, Andrés Segú (ex director de Azul Azul, quien renunció cuando la institución entregó su respuesta a la investigación de la CMF). Respecto al informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, de abril de 2026, éste cuestiona la operación por la cual se adquirió cuotas de la empresa Tactical Sport por inversiones Antumalal, de propiedad de Michael Clark y asu vez la adquisición indirecta de Azul Azul, como mencionamos anteriormente.
Dicha operación se describe con "escasa transparencia, sin conocimiento oportuno de directores ni ejecutivos de Azul Azul, sin realizar una OPA, y en un contexto coincidente con problemas financieros del grupo Sartor frente al Banco BCI", lo que "genera sospechas sobre un eventual despojo patrimonial o una operación destinada a resguardar activos". Por lo anterior también fue allanada la oficina de la sociedad Romántico Viajero spa, que pertenece al abogado José Ramón Correa y que adquirió en enero pasado, el paquete accionario de la familia Schapira, los segundos mayoritarios de la concesionaria de Universidad de Chile, en US$ 7,5 millones.
La concesionaria ha sido esquiva a la hora de explicar dicha operación y se ha afirmado que se hizo con recursos propios de Correa, quien creó esta sociedad con 100 acciones que sumaron 1 millón de pesos como capital inicial. Finalmente, la jueza Daniel Guerrero, del 4º Tribunal de Garantía, autorizó la entrada y registro de Azul Azul, Bulla spa, Inversiones Antumalal, Romántico Viajero spa, Redwood Capital y Michael Clark. También la incautación de dispositivos móviles, discos duros, CD, DVD, teléfonos, pendrive y todo lo que pudiera contener información relevante. Además de documentación, conciliaciones bancarias, registros legales, pagarés, carteras de inversiones, entre otras.
El entramado de sociedades que se investiga En la indagatoria penal, que ayer tuvo su primer hito, se repiten varios de los nombres que ya fueron sancionados por la CMF en 2025, donde se les acusó de realiLa fiscalía enfatizó que las operaciones para adquirir Azul Azul, sociedad que controla al equipo Universidad de Chile, fueron hechas con escasa transparencia y sin conocimiento oportuno de directores ni ejecutivos.
Autor: Pablo Basadre G.. La solicitud que hizo a la jueza La fiscalía enfatizó que las operaciones para adquirir Azul Azul, sociedad que controla al equipo Universidad de Chile, fueron hechas con escasa transparencia y sin conocimiento oportuno de directores ni ejecutivos.
Caso Azul Azul: los argumentos del fiscal para allanar seis recintos zar inversiones de los fondos en entidades relacionadas a los directores, "infringiendo los deberes de diligencia que les corresponden en su carácter de directores de Sartor Administradora General de Fondos S. A". Araya explica que entre junio de 2016 y octubre de 2025, los imputados estructuraron un esquema mediante el cual recursos de fondos administrados para terceros por Sartor AGF S. A, fueron destinados para financier a entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores, en conflicto con el interés de los aportantes. Para ello, fondos públicos y privados se habrían invertido en fondos privados que, a su vez, adquirían instrumentos de deuda emitidos por personas vinculadas a los directores o acciones mayoritarias de la sociedad administradora.
Este esquema habría incluido ocultamiento de información a la CMF mediante operaciones realizadas fuera de su perímetro de supervisión, entrega de información falsa y falta de transparencia respecto de la calidad y destino de los activos.
Los perjuicios serían cuantiosos, aún no determinados con exactitud y excedería los umbrales de penas más gravosas que establece el artículo 467 del Código Penal, que sanciona la obtención de provecho patrimonial mediante engaño y así provocar un error en otro.
En parte del entramado que se investiga, aparecen múltiples sociedades como receptoras de financiamiento, todas vinculadas a los imputados: Danke SD Spa, Emprender Capital Servicios Financieros Spa, Emprender Capital Leasing. "También se atribuye responsabilidad al imputado Michael Clark Varela y a su sociedad Inversiones Antumalal Ltda de hechos específicos vinculados a fraude por omisión de oferta pública de adquisición de acciones", dice el escrito.
Y agrega a otros imputados como Sergio Yáñez, Javier Yáñez, Carlos Larraín y Hugo Baranda, como miembros de un supuesto fraude destinado a ocultar la situación patrimonial de Emprender Capital Servicios Financieros (Ecapital). En términos generales, lo que hace Araya es describir un mecanismo de captación de recursos de inversionistas mediante una apariencia de solvencia y correcta administración, sustentada en información engañosa al regulador, al mercado y al público, mientras los recursos eran desviados a sociedades relacionadas.
En el documento se afirma que existen antecedentes para sostener que los beneficiarios de los fondos obtenidos mediante los ilícitos investigados habrían sido los controladores de las entidades vinculadas a Sartor AGF y Sartor Afip, a través de sociedades y fondos relacionados y cómo se hicieron del control de Azul Azul. Autor: Pablo Basadre G..