EDITORIAL: Retrasos en el Hospital del Salvador
EDITORIAL: Retrasos en el Hospital del Salvador S intetizan los retrasos que ha sufrido el desarrollo del Hospital del Salvador las dificultades que enfrentan gran parte de los proyectos de inversión en Chile. Durante la década pasada, los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet decidieron elevar el estándar de la salud mediante programas de construcción de decenas de hospitales. El objetivo era llevar el número de camas per cápita a un nivel que se acercara al de países de la OCDE. La forma de ejecutar los programas dependió del respectivo gobierno. Mientras la primera administración Piñera impulsó los hospitales concesionados, la segunda de Bachelet, además de intentar cancelar las licitaciones ya otorgadas, desarrolló sus propios programas usando mecanismos que dependían del Ministerio de Salud. En cuanto al Salvador, las bases de licitación iniciales fueron aprobadas por Contraloría a fines de 2011, en el gobierno de Piñera. Pero luego de numerosos cambios y aclaraciones, el llamado a licitación recién vino a ocurrir dos años más tarde. La concesión finalmente se adjudicó a principios de 2014.
En el intertanto, y debido a las protestas de los funcionarios de salud (los mismos que registran altos índices de licencias médicas), no se pudo implementar un esquema de limpieza y aseo, mantenimiento, alimentación de pacientes, seguridad y otros servicios no médicos que usara personal externo. Posteriormente hubo numerosos cambios al contrato.
Primero, el Ministerio de Obras Públicas se retrasó casi un año en la entrega de los terrenos para el proyecto, lo que a su vez retrasaría el comienzo de las obras del nuevo Hospital Geriátrico, que sería construido luego del Salvador.
En 2017, en tanto, se encontraron restos arqueológicos que obligaron a paralizar el proyecto, todo lo cual hizo que el inicio de obras solo ocurriera en noviembre de 2018, siete años después de haberse aprobado las primeras bases y cuatro años tras la adjudicación. Posteriormente ocurrieron, primero, el estallido de octubre de 2019 y, luego, la pandemia, lo que obligó a retrasar otra vez el proyecto. Y, dado que los costos de construcción aumentaron, hubo que renegociar el contrato de nuevo. Actualmente, el hospital tiene más de un 99% de avance en obras y casi un 90% en otros aspectos, pero el proyecto está ralentizado y escasean los recursos disponibles para terminarlo. La razón, según la concesionaria, es que la empresa de distribución eléctrica se ha retrasado en la conexión del suministro que permitiría seguir avanzando en las pruebas de los sistemas.
Como se ve, en el caso de este hospital, se han conjugado prácticamente todas las dificultades a que se enfrentan los proyectos: las protestas oportunistas de las agrupaciones de trabajadores estatales, los problemas y retrasos debido a los descubrimientos arqueológicos, el estallido de 2019 y sus consecuencias, y finalmente, diferencias con el monopolio de distribución eléctrica.
Uno de los peores efectos de cuando los proyectos enfrentan tantos incidentes de origen externo es la dificultad para determinar si el desempeño de la empresa ha sido eficiente o si también ha contribuido a los problemas. La posibilidad de esconder potenciales ineficiencias tras razones externas diluye algunas de las virtudes del sistema de concesiones. Es por ello que el énfasis de un gobierno debería ser reducir al mínimo los riesgos externos y así transparentar cuando los problemas en un proyecto son responsabilidad del concesionario. Solo de esa forma se puede incentivar la eficiencia del sistema. El énfasis de un gobierno debiera ser reducir al mínimo los riesgos externos a que se puede enfrentar un proyecto como este. Retrasos en el Hospital del Salvador.