Editorial: Inaudito retraso del nuevo Hospital del Salvador
Editorial: Inaudito retraso del nuevo Hospital del Salvador L a construcción del nuevo Hospital del Salvador así como del Instituto Nacional de Geriatría se inició en 2014, estando previsto que dicho complejo comenzara a operar en 2019; sin embargo, pese al tiempo transcurrido ello aún no ha sido posible, y si bien se ha logrado avanzar hacia la fase de puesta en servicio provisoria -lo que anticipa que pronto podría abrirse a la atención de pacientes-, el hecho de que las obras y puesta en marcha se hayan tardado más de una década ya convierte a este proyecto hospitalario en uno de los que ha tomado más tiempo en concretarse.
Desde luego hay diversas razones que explican este inaudito retraso: una de ellas fue la pandemia, que tuvo el efecto de paralizar a buena parte del sector construcción y que en muchos casos obligó a la renegociación de contratos, pero es un hecho que un factor muy relevante también ha sido la llamada permisología, donde la infinidad de trámites y requisitos que exigen diversos organismos del Estado genera como resultado que una obra indispensable para la salud pública se vea absurdamente postergada.
Prueba de lo anterior es que uno de los aspectos que tuvo una importante incidencia en este retraso fueron los hallazgos de restos arqueológicos, donde el Consejo de Monumentos tardó dos años en estudiarlos y liberar las obras.
Así, lo sucedido con el nuevo Hospital del Salvador resume bien el problema que enfrentan diversas obras públicas a lo largo del país, donde la superposición de exigencias ambientales, la conservación o monitoreo arqueológico o incluso demandas por parte de comunidades indígenas está generando enormes barreras que afectan los cronogramas originales y derivan en aumentos de costos, todo ello con un significativo impacto en el bienestar social. En el sector salud, por de pronto, hay varios ejemplos de hospitales públicos que han experimentado importantes retrasos o que lidian para obtener las autorizaciones de distintos organismos del Estado. Uno de los recintos que ha sido víctima de la permisología es el Instituto Nacional del Cáncer, donde la Secretaría Regional del Medioambiente de la Región Metropolitana incluso exigió la adecuada protección de determinados insectos. También se podría mencionar el caso Hospital de La Unión, el cual ha visto un preocupante retraso en el inicio de obras producto de hallazgos arqueológicos y por materias relacionadas con consultas indígenas.
Las concesiones para la construcción de hospitales han sido sin duda un importante avance para dotarse de infraestructura de primer nivel, pero el hecho de que alrededor del 80% de dichas obras presente retrasos en sus cronogramas originales -en algunos casos de varios añoses una señal de que hay deficiencias institucionales que llevan a una sobrecarga de permisos y exigencias que bien podrían simplificarse o eliminarse.
Un cuello de botella importante ha sido el Consejo de Monumentos y la forma de tratar los hallazgos arqueológicos, donde no solo es imperioso acortar los tiempos para su examen sino evaluar los criterios de lo que se considera relevante para efectos de ser preservado.
También parece clave que las exigencias ambientales se racionalicen, y no ocurra que un proyecto hospitalario reciba decenas o cientos de indicaciones desde distintos organismos.. El hecho de que este complejo hospitalario haya tardado más de una década para poder entrar en funciones es un reflejo de los enormes costos que la permisología conlleva para el país.