Editorial: Cuestionable dictamen de Contraloría
Editorial: Cuestionable dictamen de Contraloría Ante la denuncia hecha a la Contraloría por algunos diputados cuestionando que la Secretaría General de Gobierno (Segegob) difundiera en sus canales digitales las expresiones “Estado en Quiebra” o un “Estado Endeudado o Quebrado”, ese ente fiscalizador emitió su pronunciamiento.
En él dictaminó que dicha cartera “no ha acompañado antecedentes que permitan sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados” y, en consecuencia, “deberá en lo sucesivo adoptar todas las medidas conducentes para evitar incurrir en publicaciones que contengan términos imprecisos”, e “instruir un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes”. Antes de pronunciarse, la Contraloría había requerido a la cartera su respuesta ante la denuncia.
La Segegob indicó que había utilizado esos términos en un sentido “cotidiano”, aunque agregó que ese sentido “puede no haberse ajustado al tono de moderación o mesura que el ordenamiento jurídico exige de las autoridades”. Si bien pareciera que reconoció así no haber escogido apropiadamente las palabras con que describió el estado de las finanzas fiscales, ello seguramente surgió de haber ya advertido el efecto negativo que aquellas habían tenido en la opinión pública y hasta en el ministro de Hacienda. Con todo, los alcances del dictamen son preocupantes.
Desde luego, no es tarea de la Contraloría constituirse en un árbitro llamado a pronunciarse sobre la forma en que la autoridad usa el lenguaje, al punto de dictaminar si una determinada expresión es o no admisible. Deducir del principio de probidad al que deben ceñirse los servidores públicos una facultad tal parece una interpretación excedida. Los usos lingüísticos y su pertinencia admiten múltiples miradas, más allá de la que pueda tener quien encabeza el órgano fiscalizador. Desde esa perspectiva, este pronunciamiento burocratiza el lenguaje.
Según su lógica, los funcionarios de gobierno estarían obligados a eventualmente tener que rendir prueba ante Contraloría respecto del “sustento fáctico y técnico” de cada una de sus comunicaciones y dichos, pudiendo enfrentar los correspondientes procesos disciplinarios si esos fundamentos son estimados insuficientes.
Un criterio así arriesga terminar clausurando parte importante de la deliberación pública, cuyo natural espacio de discusión ocurre al tenor de las particulares descripciones o juicios que sus protagonistas tengan de sus decisiones o de las de sus adversarios. Así como actuaciones recientes de la contralora han merecido un justificado reconocimiento, en este caso su pronunciamiento resulta cuestionable y potencialmente peligroso. El pronunciamiento involucra una peligrosa burocratización del lenguaje.. El pronunciamiento involucra una peligrosa burocratización del lenguaje.