Gobierno gana gallito a diputados del oficialismo: TC desestima impugnación a ley de permisos
Gobierno gana gallito a diputados del oficialismo: TC desestima impugnación a ley de permisos impugnación a ley de permisos De esta forma, solo resta la revisión habitual por parte del tribunal para que la norma quede en condiciones de ser promulgada como ley por el Ejecutivo.
POR RODOLFO CARRASCO Un triunfo se anotó el Gobierno en la jornada de este martes en el Tribunal Constitucional (TC). Esto, debido a que el pleno de la entidad informó que resolvió no acoger a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de 42 diputados del oficialismo respecto acinco artículos del proyecto de ley de permisos sectoriales, aprobado hace unas semanas por el Congreso. La resolución fue adoptada en votación dividida con el voto de los ministros María Pía Silva, Miguel Fernández, Raúl Mera, Héctor Mery y Marcela Peredo. En tanto, a favor de acoger el requerimiento se manifestaron la presidenta del organismo, Daniela Marzi, y las ministras Nancy Yáñez, Catalina Lagos y Alejandra Precht.
Cabe señalar que parlamentarios del Frente Amplio, PC, PS y PPD, sostenían que los cinco artículos impugnados "transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación". Incluso, señalaban que irían en contra de garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por nuestro país, como el Convenio 169 de Consulta Indígena de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). NICOLÁS GRAU, MINISTRO DE ECONOMÍA. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A DANIEL MELO, DIPUTADO DEL _PARTIDO SOCIALISTA. _PARTIDO SOCIALISTA. _PARTIDO SOCIALISTA. _PARTIDO SOCIALISTA.
La dura defensa del Ejecutivo Sin embargo, ante el TC el Gobierno defendió el trámite legislativo y el fondo de la normativa, señalando que la cuestión de constitucionalidad no se suscitó durante la tramitación del proyecto de ley y que ningún diputado presentó reservas de constitucionalidad al respecto.
En un escrito enviado al TC a inicios de la semana pasada, el Ejecutivo planteó que el requerimiento de los diputados no formula "una cuestión de constitucionalidad" y que "en lugar de alegar la inconstitucionalidad del proyecto de ley, los requirentes manifiestan su disconformidad con el modelo regulatorio aprobado por el Congreso". A través de un "téngase presente" de 25 páginas, el Presidente de la República, Gabriel Boric, y el ministro de Economía, Nicolás Grau, dieron una serie de razones de derecho para pedirle al tribunal desechar el requerimiento de los diputados.
Firmado por la jefa de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, el texto planteaba que el requerimiento "no cumple" que el requerimiento "no cumple" que el requerimiento "no cumple" que el requerimiento "no cumple" que el requerimiento "no cumple" que el requerimiento "no cumple" ATON con los requisitos para declararse admisible, de acuerdo alo que señala la Constitución y la Ley Orgánica que rige al TC.
Un primer punto es que durante la tramitación del proyecto no se suscitó de parte de los firmantes la cuestión de constitucionalidad, además de que los requirentes "confunden" la identificación de una cuestión constitucional, ya que no alegan -decía el escrito del Gobierno la inconstitucionalidad del texto aprobado, "sino que manifiestan su disconformidad con el modelo regulatorio aprobado en el Congreso Nacional". El tercer grupo de argumentos es que el recurso de los diputados expone hechos y fundamentos de derecho "de forma imprecisa e inexacta". Reacciones contrapuestas El ministro Grau señaló que "Creemos que es una buena noticia para el país lo que ha informado el TC.
Este es un proyecto que es muy importante y nos va a permitir reducir los tiempos de evaluación sectorial entre un 30% y 70%, sin afectar el estándar regulatorio y mucho menos el estándar ambiental que no es tocado por este proyecto de ley". Mientras que el diputado requirente ante el TC, Daniel Melo (PS), sostuvo que "respetamos la decisión del tribunal, pero no la compartimos.
Hoy se ha validado una ley que debilita la protección ambiental en medio de una crisis climática que pone en riesgo la salud delas personas, no se puede hablar de desarrollo a cualquier precio". Ahora, resta el control de constitucionalidad habitual que realiza el TC de las normas aprobadas por el Congreso. En caso de aprobarse sin observaciones, el texto quedará en condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo..