Autor: J.P. PALACIOS

“La solución no es tomar un calmante”: Dorothy Pérez critica normas de amarre del reajuste
La autoridad advirtió que la propuesta del Gobierno afecta la “carrera funcionaria” de los empleados de planta de la administración pública.
Una invitada en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados complicó ayer aún más los planes del Gobierno por tratar de aprobar en el proyecto de ley de reajuste las normas de “amarre”. Se trató de la contralora Dorothy Pérez, quien realizó una dura exposición en contra de las propuestas del Ejecutivo.
Los parlamentarios habían pedido que la titular de la Contraloría General de la República (CGR) se pronunciara respecto de las disposiciones de la iniciativa que hacen más exigentes los requisitos para desvincular o no renovar a empleados fiscales a contrata.
También se le pidió su opinión sobre la propuesta que busca normar por ley el criterio de confianza legítima o de expectativa de renovación automática en sus cargos para los funcionarios con contrato a plazo fijo. En este punto en el proyecto original, el Gobierno fijó ese estándar en dos años o después de dos renovaciones seguidas, en lugar de los cinco años que había resuelto la Corte Suprema.
La iniciativa gubernaContralora expuso ayer varias observaciones al proyecto de ley del Gobierno 66 De la forma en que se está legislando en estos artículos a los que nosotros nos hemos referido, la verdad es que no se está resolviendo el problema”. DOROTHY PÉREZ CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 66 Vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco NICOLÁS GRAU MINISTRO DE HACIENDA 66 Es una trampa, porque el Gobierno dice que pueden reclamar los que tienen más de cinco años.
Pero al final del período de Kast podrán haber reclamado todos los contratados por este Gobierno”. FRANK SAUERBAUM DIPUTADO RN mental también estableció que los reclamos por confianza legítima tendrán que ser revisados por la Contraloría. Pero a fines de 2024 la CGR había dictaminado que no iba a seguir tramitando estos requerimientos, por tratarse de un asunto litigioso.
La primera observación de la contralora apuntó al artículo 114 de la iniciativa, que establece que para el cese de contratas “deberá emitirse un acto administrativo fundado que contenga la decisión formal de no renovar la contrata o renovarla en condiciones distintas, con expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”. Al respecto, Dorothy Pérez explicó a los diputados que la propuesta corresponde a una reiteración de otras normas que regulan al sector público y contraviene la regulación “armónica” que contiene el Estatuto Administrativo en esta materia, “pues desde siempre las contratas han sido consideradas como transitorias y terminan por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre de cada año”, agregó.
Un cargo e $6 millones La autoridad también alertó que la norma de amarre de las contratas afecta la carrera funcionaria, dado que permite a terceros ajenos a la administración pública acceder a cargos de mayor grado, en desmedro del resto de los servidores con desempeño de larga data como son los empleados de planta.
En esa línea, ejemplificó con un caso: “Un cargo que no es de confianza y.. . tiene una renta de sobre $6 millones y entró de manera oblicua, sin concurso, sin carrera funcionaria y, conforme a esta legislación que se está proponiendo, esa persona se mantendría con esa renta, en circunstancias de que las personas que ingresaron en esa SIGUE EN B 2 Ajuste de última hora: Gobierno plantea aumentar plazo para confianza legítima AUMENTO El proyecto del Gobierno considera un reajuste gradual de 3,4% para los empleados públicos. institución llevan años tratando de llegar a grados mucho más bajos que esa persona”. La contralora criticó la propuesta del Gobierno que regula la confianza legítima y le ordena revisar los reclamos por no renovación de contratas: “Altera las competencias que tanto la Constitución Política como su Ley Orgánica Constitucional confieren a este organismo de control, limitando el ejercicio de sus facultades propias por medio de una ley simple.
Ello importa generar un precedente que permitiría afectar gravemente en el futuro el marco de atribuciones de esta entidad fiscalizadora y otros órganos con autonomía constitucional por medio de tal mecanismo”. La titular de la CGR, además, cuestionó la oportunidad y la forma del cambio que plantea el Ejecutivo.
“Es absolutamente indispensable estudiar legislativamente el régimen del empleo público en Chile, porque han transcurrido demasiados años y el mundo ha cambiado, el aparato público ha crecido y las necesidades de la población son muchísimas más; la ciudadanía está muchísimo más exigente. Entonces, el régimen de empleo público que tenemos resiste... Pero si uno tiene una enfermedad grave, por ejemplo un cáncer, la solución no es tomar un calmante: la legislación tiene que abordarse de manera sistémica. De la forma en que se está legislando en estos artículos, la verdad es que no se está resolviendo el problema”, alertó. Cambio de última hora Anticipándose a las observaciones de la CGR, ayer temprano el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció cambios en las disposiciones de “amarre” relacionadas a la confianza legítima.
“Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su período, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años”, dijo Grau en radio Duna. Añadió que “sería difícil de entender que con todo este cambio no pudiéramos llegar a un acuerdo”. El ajuste no convenció a la oposición. “Es una trampa, porque el Gobierno dice que pueden reclamar los que tienen más de cinco años. Pero al final del período de JA. Kast podrán haber reclamado todos los contratados por este Gobierno. El sistema en sí es malo; no se puede pretender justificar el despido de una contrata, que es un mecanismo excepcional de contratación. Es igual que tener que justificar técnicamente el despido al término de la obra o faena o del cumplimiento del plazo fijo”, cuestionó el jefe de la bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum. A pesar de la maniobra del Ejecutivo, anoche la comisión terminó rechazando la indicación de los cinco años y aprobó la enmienda original de los dos años. vIENE DE LA PÁGINA B 1