Editorial: Incomprensible demora en sumarios
Editorial: Incomprensible demora en sumarios a Dirección de Educación Pública (DEP) suspendió la semana pasada al director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, que agrupa a L cinco comunas de la Región de Antofagasta, debido a una serie de denuncias en su contra por problemas de gestión en la entidad; de esta manera, son ya seis las autoridades de SLEP sometidas a sumarios que podrían desembocar en su remoción.
La extensa duración de las investigaciones, dos de ellas se aproximan a los cuatro años, ha sido objeto de polémica al revelarse que, por razones legales, la suspensión no puede afectar los ingresos de los acusados.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha reconocido que el proceso de destitución reglado en la Ley 21.040, de noviembre de 2017 que creó el Sistema de Educación Pública, "es muy complejo". Con el propósito de cautelar la autonomía de las autoridades de los SLEP, el mecanismo considera la intervención de cuatro niveles: la propia Dirección de Educación Pública, el Ministerio de Educación, la Presidencia de la República y, finalmente, la Contraloría General de la República; en todas estas instancias, además, hay recursos de apelación. De acuerdo con las explicaciones que ha entregado la DEP, la tardanza en cerrar los sumarios se basa en que se trata de actuaciones complejas con múltiples aristas y líneas de investigación. En este sentido, la suspensión preventiva no constituye una medida sancionatoria; la disminución de sueldos solo se puede aplicar si se prorroga la suspensión en el cargo. Además, las disposiciones acerca de las remociones deben conformarse al Estatuto Administrativo y la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos en el Estado.
Desde luego, la instalación de los SLEP ha carecido de la fluidez que se pretendía al diseñar el sistema hace una década; a los problemas en los servicios en operaciones se han agregado cambios en la gradualidad de la puesta en marcha; de hecho, el proyecto de ley miscelánea de reajuste del sector público incluye una recalendarización. El Presidente electo, José Antonio Kast, ha planteado que su propuesta es "detenerse" y "analizar" la marcha del proceso; una eventual pausa general de los traspasos requiere, por cierto, la ratificación del Congreso. Si bien la rigidez y lentitud del Estado es una realidad, prolongar un sumario administrativo por casi cuatro años, como ha ocurrido en Atacama y Valparaíso, evidencia una falla normativa que requiere ser corregida.
La Cámara de Diputados, a comienzos de enero, aprobó una iniciativa que fortalece las capacidades y la dotación de recursos de los SLEP, aunque no innova en términos de modificar el régimen disciplinario de los directivos. Ciertamente, acometer grandes transformaciones, en un escenario que seguirá caracterizado por la fragmentación parlamentaria, precisa de realismo, flexibilidad y prudencia, para no encallar en las exigencias propias del proceso legislativo. En este contexto, la modernización de los métodos del Estado constituye uno de aquellos aspectos donde es posible lograr entendimientos progresivos que agilicen el aparato público. La dilación de los sumarios -el fenómeno desborda lo ocurrido en los SLEPrequiere de cambios concretosen los procedimientos.
No es comprensible que la prolongación de las investigaciones administrativas perjudique la implementación de la educación pública. "La agilización de los métodos del Estado es un aspecto donde es posible lograr entendimientos progresivos".. "La agilización de los métodos del Estado es un aspecto donde es posible lograr entendimientos progresivos".