Editorial: Educación superior: frentes complejos
Editorial: Educación superior: frentes complejos Las ayudas financieras a las personas que cursan la educación superior tienen el riesgo conocido internacionalmente como “efecto Bennett”, de que las instituciones respondan ante su existencia elevando el valor de los aranceles. Con todo, la evidencia respecto de la materialización de ese riesgo es más bien mixta y los estudios que lo sugieren concluyen que el efecto sería, en general, modesto. Quizás por ello Chile había optado por un financiamiento con límites tanto para las becas como para los créditos, pero sin regular los aranceles. La irrupción de la gratuidad cambió este enfoque: para hacerla efectiva, se requirió que los aportes por gratuidad no pudiesen superar un arancel regulado.
Y para definir este, se planteó plasmándolo en la Ley de Educación Superior establecer grupos de carreras con estructuras de costos similares, definiéndose los recursos requeridos para impartirlas en atención a su estructura curricular; al tipo de programas; a los niveles, los años y las dimensiones de acreditación, y a su tamaño y la región en que se impartieran. El enfoque no tomó en consideración la existencia de universidades que por mucho tiempo ha recibido fondos públicos que afectan su estructura de costos. Además, es evidente que la definición de esos grupos de carreras es, en la práctica, arbitraria, y los criterios utilizados para estimar costos, muy imperfectos. Así, la lectura de las resoluciones exentas que sirven de base a la definición de los aranceles regulados da cuenta de ajustes que resultan difíciles de entender.
Muestra de ello, hace poco se ha conocido la última partida de aranceles regulados que regirán a partir de 2026: en muchos casos están por debajo de los valores transitorios que habían regido para varios de los mismos programas. Y como se trata de una partida que cubre, aproximadamente, el 60 por ciento de los programas, esto ha generado preocupación. Por cierto, los impactos en los ingresos son particularmente severos en las instituciones privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, pero ello no significa que estas, tanto estatales como privadas, no estén también afectadas.
Inevitable es recordar que, cuando se discutió la gratuidad, una de las preocupaciones planteadas fue precisamente la imposibilidad de estimar adecuadamente los costos de los distintos programas, y que una vez que se tiene esta herramienta, aumentan las posibilidades de que ella termine sirviendo los intereses fiscales antes que los educacionales. Es lo que parece estar ahora ocurriendo.
Mientras tanto y en paralelo, se sigue tramitando, aprovechando mayorías circunstanciales en comisiones de la Cámara, el proyecto que crea el nuevo Financiamiento de la Educación Superior (FES) como reemplazo del CAE, sin hacerse cargo de las numerosas críticas que ha recibido. De aprobarse, se acrecentaría el impacto financiero sobre las instituciones, poniendo en riesgo proyectos educativos valiosos y debilitando las oportunidades de innovación, tan necesarias, en la formación de pregrado.
La pretensión intelectual de que las autoridades están en mejor posición para definir el arancel que deben cobrar las instituciones no solo refleja una soberbia y un desconocimiento del desarrollo del sistema de educación superior abrumadores, sino también una marcada indiferencia respecto de su destino y de las oportunidades que representa para muchos jóvenes. La paradoja es que por ese camino el proyecto, en algún momento, se frenará y el reemplazo del CAE necesario y que se viene planteando desde 2012 quedará una vez más postergado. La tramitación de esta iniciativa no parece estar ponderando la responsabilidad que se espera de un gobierno. Además, de llegar a aprobarse, muchos jóvenes, supuestamente beneficiarios del nuevo esquema, una vez que se percaten de la exagerada retribución que el Estado les exigirá, se sentirán burlados. Así, es difícil avanzar. Los parlamentarios deberían tomar nota de lo que les está solicitando el Ejecutivo. La pretensión de que las autoridades estén en una mejor posición para definir los aranceles a cobrar denota soberbia y desconocimiento..