Editorial: Impacto de la inversión pública
Editorial: Impacto de la inversión pública Un informe nacional ha advertido el bajo rango en que se encuentra Los Lagos en cuanto a los programas en zonas vulnerables. n estudio de la Corporación Ciudades junto a la Cámara Chilena de la Construcción ha entregado un diagnóstico que enciende las alertas en la planificación estatal.
Tras analizar una data U compuesta por más de 10.500 iniciativas desarrolladas entre 2013 y 2023, la conclusión para Los Lagos es preocupante: apenas un 24% de los proyectos de inversión pública en desarrollo urbano se emplaza en entornos de alta vulnerabilidad social.
En términos simples, esto implica que sólo una de cada cuatro obras financiadas con recursos de todos los chilenos aterriza efectivamente en los barrios donde viven las familias con mayores carencias, justo allí donde la acción del Estado resulta insustituible. Este indicador sitúa a la región en una posición compleja frente al resto del país. El 24% local se encuentra muy por debajo del promedio nacional -que alcanza el 40%y supera únicamente el desempeño de tres regiones: Aysén, Atacama y Antofagasta. Mientras otras zonas como Biobío o Valparaíso logran destinar la mitad de sus esfuerzos a sectores prioritarios, Los Lagos evidencia una dificultad estructural para lograr una eficiente rentabilidad social. El dato revela que el mecanismo de asignación de recursos no está logrando corregir las desigualdades territoriales con la precisión necesaria. Como bien lo señalaron autoridades locales y expertos tras la difusión del informe, el problema no se resuelve únicamente moviendo la aguja de la ubicación geográfica. Es crucial que la inversión pública tenga continuidad y calidad. De nada sirve instalar infraestructura aislada si esta no obedece a una estrategia de largo plazo que asegure su mantención y funcionalidad real. Para que el gasto fiscal impacte positivamente en quienes más lo solicitan, la intervención debe ser sostenida, técnica y no obedecer simplemente a hitos comunicacionales esporádicos que no cambian la realidad de fondo. La realidad geográfica, además, impone sus propias reglas que no pueden ser ignoradas desde el nivel central. Una región caracterizada por una alta dispersión rural e insularidad determinante exige que los programas públicos sean articulados con precisión y, sobre todo, con persistencia en el tiempo.
Si no se logra esa coordinación fina entre el Gobierno, Gobierno Regional y los municipios, el riesgo es alto: los recursos se diluirán, profundizando la fragilidad y el aislamiento de los sectores más vulnerables.. E Editorial