Diputados oficialistas recurren al TC para impugnar artículos de la ley de permisos
Diputados oficialistas recurren al TC para impugnar artículos de la ley de permisos Un grupo de 40 diputados oficialistas concretaron la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que buscar impugar una serie de artículos de la ley de permisos sectoriales. El objeto de este requerimiento se debe, según argumenta, a que el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, no cumplen con los límites constitucionales antes reseñados.
La iniciativa ya había sido criticada por algunos diputados socialistas al momento de su aprobación en el Congreso, al señalar "esta ley en su contenido tiene artículos que implican una regresión ambiental y no respeta principios como el de no regresión, preventivo y precautorio", dice el escrito. En el documento se explicita que son cinco las enmiendas cuestionadas, debido a que irían en contra de garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por nuestro país, como el Convenio 169 de Consulta Indígena.
La solicitud argumenta que algunos articulos van en contra del principio de que el Estado debe dar protección a la población, ya que señalan que "la administración de bienes nacionales, gestión de aguas y otros sólo quedan sujetas a declaraciones juradas, lo que implica una renuncia ilegítima del Estado a cumplir su rol protector. " Además, indican que dentro del artículo 104 existen modificaciones que afectan directamente a los pueblos originarios y se incurre en una infracción al principio de supremacía constitucional y a los estándares mínimos de respeto a sus derechos fundamentales.
El impulsor de esta acción es el diputado PS Daniel Melo: "Es cierto que esta ley no modifica la calificación ambiental, pero modifica la calificación ambiental, pero El diputado PS Daniel Melo es el impulsor del requerimiento ante el TC. sí impacta directamente en las autorizaciones sectoriales, muchas de las cuales están vinculadas al medioambiente. La mayoría de los proyectos de inversión en Chile no pasa por un estudio o declaración de impacto ambiental, sino que se aprueba a través de estos permisos sectoriales.
Con esta ley, aquellos proyectos que no ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental podrían acogerse a técnicas habilitantes como avisos o declaraciones juradas, eliminando controles previos fundamentales". Asimismo, Melo menciona que "al establecer técnicas habilitantes tan amplias, sin criterios ni límites claros, la ley genera un vacío en el control previo.
Esto impide que la ciudadanía se entere, participe O advierta a tiempo sobre proyectos que podrían afectar su salud o el entorno". En ese sentido, argumenta que "no se trata solo de eficiencia administrativa, sino de proteger derechos fundamentales como el acceso a un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la salud". Para el diputado, "cuando los mecanismos de fiscalización y participación se debilitan, quienes pierden son las comunidades.
Esta ley genera certezas para los grandes proyectos, pero desprotección para las personas, eso es inaceptable". Además del diputado Melo, el texto presentado ante el TC registra las firmas de María Candelaria Acevedo (PC), Jaime Araya (ind. -PPD), Mónica Arce (ind. ), Danisa Astudillo (PS), María Francisca Bello (FA), Ana María Bravo (PS), Karol Cariola (PC), Nathalie Castillo (PC), Daniella Cicardini (PS), Luis Alberto Cuello (PC), Viviana Delgado (ind. ), Félix González (ind. ), Marta González (ind. ), Carmen Hertz (PC), Diego Ibáñez (FA) entre otros. Diego Ibáñez (FA) entre otros..