El regreso del embajador
El regreso del embajador P olémica se ha transformado la permanencia del embajador de Chile en Venezuela.
Para facilitar la cooperación bilateral, el Gobierno elevó el nivel diplomático con ese país, acreditando a un experimentado político como embajador en Caracas, luego de que la administración anterior, ante los desencuentros con el régimen de Nicolás Maduro, redujera la Misión a nivel de encargado de negocios. Los resultados del cambio hasta ahora han sido decepcionantes. Transcurrido casi un año, no se han cumplido, en lo más mínimo, los legítimos propósitos de concretar la asistencia venezolana en materias migratorias, administración de justicia y preservación de la seguridad ciudadana. Más aún, el celebrado convenio policial suscrito por el subsecretario del Interior se ha trasformado en promesas vacías.
Se agrega como obstáculo a las relaciones bilaterales la constante violación de los derechos humanos y continua transgresión a los principios esenciales de la democracia por el régimen de Maduro, el cual, lejos de cumplir con su compromiso de celebrar elecciones libres y transparentes, persigue a opositores y cancela los derechos fundamentales de su población.
Así, mientras el Gobierno chileno muestra la mejor disposición al diálogo, la respuesta venezolana es frustrante, por la habitual negativa a recibir ciudadanos de su nacionalidad expulsados por la comisión de graves delitos, así como a extraditarlos cuando son prófugos de la justicia chilena.
El anuncio ayer de la aceptación de un vuelo chárter que llevaría en mayo a 150 ciudadanos expulsados es valorable, pero dista aún de estar claro que vaya a marcar un cambio de conducta persistente en el tiempo.
Igual deficiencia, hasta la nulidad, presenta el intercambio de información policial y de inteligencia para combatir el ingreso de delincuentes, y en especial, para desbaratar el crimen organizado proveniente de Venezuela, principalmente del Tren de Aragua, la más importante organización criminal extranjera que opera en Chile, responsable de narcotráfico, lavado de dinero, comercio ilegal de armas, tráfico de personas y de numerosos homicidios y secuestros, siendo los de mayor connotación el del refugiado disidente y perseguido por el gobierno de Maduro, teniente Ronald Ojeda, y, por segunda vez, en menos de un año, el homicidio de otro carabinero, el mayor Emanuel Sánchez. La falta de colaboración confirma indicios de la protección y vínculos del régimen venezolano con el crimen organizado de ese origen.
Agraviantes para Chile son las expresiones descalificatorias proferidas por el Presidente Maduro y su canciller, que frivolizan con términos que lindan en la grosería la existencia del Tren de Aragua y la migración ilegal, sin asumir la responsabilidad colaborativa para combatir la delincuencia. En la crítica situación de las relaciones con Venezuela, corresponde adoptar severas medidas diplomáticas y también internas.
Lo prudente es dar una nueva --probablemente la última-oportunidad al diálogo ofrecido por el Presidente Boric, seguido de instrucciones precisas al embajador para representar al más alto nivel la impostergable cooperación en la lucha contra el crimen transnacional. De persistir el incumplimiento, no cabría la mera tolerancia; correspondería revisar el nivel y dotaciones de las embajadas tanto en Caracas como en Santiago, donde la misión diplomática venezolana más que triplica a la chilena.
Ciertamente, la asimetría entre la durísima reacción a dichos de una ministra argentina y la mucho más débil respuesta a las provocaciones de Maduro ha sido tan notoria como contraproducente, y solo se podría explicar por la participación en el oficialismo de sectores afines a la dictadura chavista.
En lo interno, no es posible eludir la responsabilidad del Gobierno chileno por el descontrol migratorio y fronterizo ante evidencias del ingreso ilegal mensual de miles de venezolanos, algunos de los cuales reingresan después de ser expulsados, mientras que otros, pendientes de expulsión, reinciden en la delincuencia y quedan libres, además de los prófugos que escapan al exterior, burlando la fiscalización de Extranjería. Transcurrido casi un año, no se han cumplido en lo más mínimo los objetivos buscados al volver a nombrar embajador en Venezuela..