EDITORIAL: Sanciones por no votar
EDITORIAL: Sanciones por no votar M añana, en una sesión especialmente convocada por su presidente, la Cámara intentará despachar al Senado la moción de la diputada Joanna Pérez, que establece multas para quienes no sufraguen. La situación tiene un cariz inevitablemente vergonzoso: faltando menos de tres meses para las elecciones y existiendo un mandato constitucional expreso, aún no es claro si efectivamente serán sancionados quienes no voten. Es decir, pese a estar el padrón cerrado y los candidatos inscritos, parte de la normativa que regulará esos comicios permanece incierta. La responsabilidad recae en el Gobierno, que ha obstaculizado repetidamente esa legislación, aparentemente empeñado en conseguir que en noviembre vote el menor número de personas posible. Todo esto es paradójico. Por años, la izquierda demandó recuperar el sufragio obligatorio. Se decía que, al existir voluntariedad, eran los sectores populares los que más se abstenían y que iba en bien de la democracia restablecer el voto como un deber. Los resultados del plebiscito de 2022, cuando, al reponerse la obligatoriedad, la izquierda fue abrumadoramente derrotada, hicieron que una parte de ese sector modificara su conducta. Persistente ha sido desde entonces el empeño por excluir a los votantes extranjeros, quienes --según los estudios de opinión-tendrían posiciones más cercanas a la derecha.
Ciertamente, las condiciones para el sufragio de inmigrantes son un tema debatible, pero no se puede desconocer que su derecho a participar en todas las elecciones es una norma vigente desde hace décadas, que la idea de cambiarla amerita una discusión profunda y que un año electoral no es el momento para desarrollarla con seriedad. En enero, sin embargo, el Gobierno presentó en el Senado indicaciones para limitar el voto migrante solo a los comicios locales. Luego, tras fracasar esa propuesta, ha buscado un efecto parecido obstaculizando las iniciativas para castigar el no sufragio. En ese contexto y ante la perspectiva de quedar sin sanción alguna, la oposición se allanó a apoyar el proyecto de la diputada Pérez, pese a que este solo establece multas para los chilenos. Aun así, el avance de la iniciativa, a la que La Moneda le ha negado urgencia, ha sido dificultoso. Solo en estos días, el Gobierno ha manifestado finalmente disposición a "acompañar" el proyecto, al tiempo que la ministra Segpres ha admitido que el padrón ya está cerrado y no se intentará modificarlo. El panorama dista de ser óptimo: aún no hay ley y todo indica que, de prosperar, ella establecerá un trato diferenciado entre votantes. Con todo, sería una situación mejor que la actual incertidumbre. Mención aparte merece el lamentable papel cumplido por el ministro del Interior, entorpeciendo en los hechos el cumplimiento de un mandato constitucional.
Sus intervenciones en este tema y en otros, como la negociación parlamentaria oficialista, dan cuenta de una profunda desorientación respecto de las tareas y sentido de esa cartera luego de haber traspasado al Ministerio de Seguridad parte importante de sus funciones. El Ejecutivo ha estado empeñado en que vote el menor número de personas posible. Sanciones por no votar.