Editorial: El costo silencioso de la inseguridad rural
Editorial: El costo silencioso de la inseguridad rural La última radiografía sobre el robo agrícola en Chile vuelve a encender las alarmas en un sector que, históricamente, ha sostenido buena parte del empleo y la producción alimentaria del país. Las cifras del 2 Barómetro de Robo Agrícola no solo confirman una percepción instalada en el mundo rural, sino que la confirman con cifras claras y devastadoras: las pérdidas anuales alcanzan los US$ 530 millones. No se trata de un fenómeno aislado ni de episodios esporádicos. Lo que emerge del estudio es la consolidación de un problema estructural, marcado por la acción de bandas organizadas que han encontrado en los territorios rurales un espacio de menor vigilancia y mayor rentabilidad delictiva. Que tres de cada cuatro productores hayan sido víctimas de delitos habla de una masificación que ya no admite lecturas complacientes. El impacto económico es evidente, pero el verdadero costo para la agricultura es más profundo y acumulativo. Cuando el 52,5% de los agricultores afectados reporta robo de insumos, no solo se pierde patrimonio: se alteran calendarios de siembra, se encarecen los procesos productivos y se introduce incertidumbre en toda la cadena. Lo mismo ocurre con la sustracción de infraestructu ra eléctrica -que alcanza al 40,1% -, cuyo efecto paralizante sobre sistemas de riego y packing multiplica las pérdidas más allá del valor material de lo robado. A ello se suma un fenómeno especialmente dañino: la reincidencia. El hecho de que casi la mitad de los encuestados haya sufrido más de tres delitos evidencia que ciertos predios quedan "marcados", convirtiéndose en blancos recurrentes. Este patrón no solo erosiona la rentabilidad de las explotaciones agrícolas; también desincentiva la inversión, frena la modernización tecnológica y golpea el empleo rural. Pero quizás la cifra más inquietante es la que no aparece en los registros policiales. El 90,6% de los agricultores desconfía de la efectividad de denunciar. Esta "cifra negra" instala un círculo vicioso: menos denuncias implican menor priorización de recursos, lo que a su vez alimenta la sensación de impunidad y perpetúa el problema. Desde una mirada país, el fenómeno trasciende al mundo agrícola. Cuando se encarece la producción por efecto del delito, el impacto termina trasladándose -directa o indirectamentea los precios de los alimentos, a la estabilidad laboral en zonas rurales y a la competitividad exportadora. En otras palabras, la inseguridad rural deja de ser un problema sectorial para convertirse en un asunto de seguridad económica. El desafío, por tanto, no pasa únicamente por aumentar la presencia policial -aunque ello es necesario-, sino por avanzar hacia una estrategia integral. Persecución penal focalizada contra bandas organizadas, inteligencia sobre mercados ilegales de insumos y productos agrícolas, fortalecimiento de la denuncia y uso de tecnología preventiva deben formar parte de una política pública coherente y sostenida. El campo chileno ha demostrado resiliencia frente a sequías, incendios y crisis de mercado. Sin embargo, la expansión del crimen organizado en zonas rurales abre un frente distinto: uno que erosiona la confianza y amenaza la continuidad productiva. Ignorar la magnitud del problema sería un error costoso..