Autor: JAIME COUSO SALAS Decano Derecho UDP / MATÍAS GONZÁLEZ TUGAS Decano Medicina UDP

COLUMNAS DE OPINIÓN: Ética y probidad de médicos y abogados
COLUMNAS DE OPINIÓN: Ética y probidad de médicos y abogados *... la formación universitaria tiene un deber crítico en el desarrollo de esa conciencia sobre la dimensión pública de la función de abogados y médicos, promoviendo una perspectiva ética que les permita advertir el daño social de esos pequeños o grandes actos de corrupción... ". JAIME COUSO SALAS Decano Derecho UDP. MATÍAS GONZÁLEZ TUGAS Decano Medicina UDP. El escándalo de las licencias médicas, al igual que el que desató el caso Audios, minan la confianza pública en dos de las profesiones que gozan de mayor estatus social.
Los médicos que emiten licencias médicas fraudulentas, sin base en (14% un diagnóstico veraz dela +, condición del paciente, no solo faltan a su condición de expertos en la ciencia médica; también traicionan la fe pública, siendo cómplices de ilícitos que afectan los intereses patrimoniales de aseguradoras privadas y del fisco.
Y los abogados que trafican influencias, ofreciendo y cobrando favores a jueces y autoridades administrativas para mejorar asísu posición ante ellos cuando han deresolver un asunto en que tienen interés, pervierten su papel de auxiliares de la administración de justicia, erosionando la garantía del juez o funcionario imparcial, sin la cual el procedimiento judicial o ade ministrativo es una farsa que oculta un arreglo corrupto e injusto para quienes no cuentan con ese privilegio.
Aunque no hay evidencias de que estos casos representen una práctica generalizada, al menos con ese nivel de gravedad, enambos se advierte la influencia de una creencia que sí podría estar extendida: la idea de que médicos y abogados son simplemente prestadores de servicios que, a cambio de dinero, deben opti'mizar el interés de su cliente, poniendo a su disposición, mediante una contraprestación transable, no solo su saber, sino también su autoridad o influencia ante las instituciones que los rigen.
Bajo esa lógica, estrictamente comercial y privada, el médico podría, a discreción suya, extender licencias, sin sujeción a criterios de objetividad o imparcialidad, a clientes, familiares, amigos y a sí mismo, pues, a fin de cuentas, sería dueño de su saber y autoridad, y podría usarlos en beneficio de quien fuera.
Y el abogado, de forma similar, podría hacer uso (y gala) de sus contactos, como parte de su capital profesional, para interceder a favor de sus clientes ante amigos, excompañeros, antiguos (o futuros) socios que hoy ocupan una posición de autoridad en calidad de jueces o agentes reguladores.
Unos y otros venden, en tal caso, lo que no les pertenece; y si no cobran, son "solidarios" a costa de lo ajeno, Esa creencia precisamente degrada el rol Esa creencia precisamente degrada el rol e e público de estas profesiones, que son posibles porque la ley --es decir, la sociedad, no la naturaleza ni el mercado les entrega una autoridad o función exclusiva basada en la confianza, que nadie sin el respectivo título profesional puede ejercer.
Su competencia técnica y su tiempo podrán ser vistos como activos privados que se ofertan y remuneran en el mercado profesional (aunque la conciencia de la posición de privilegio de que disfrutan los profesi nales moralmente obliga a una cierta ret bución social o pro bono). Pero en ningún caso pueden comerciar con la facultad de emitir licencias, con los contactoso la familiaridad que tengan con la autoridad públ ca, ni con la objetividad y veracidad a la que están obligados en su desempeño frente a las instituciones. Todoello va debilitando el pacto de confianza que han celebrado con la sociedad al asumir su profesión.
La formación universitaria tiene un deber crítico en el desarrollo de esa conciencia sobre la dimensión pública de la función de abogados y médicos, promoviendo una perspectiva ética que les permita advertir el daño social de esos pequeños o grandes actos de corrupción.
Pero no menoscrítico esel deber de los gremios profesionales y de la autoridad pública llamada a regular y hacer efectiva la responsabilidad profesional, administrativa, civil y penal que corresponda a la gravedad dela infracción. fracción. fracción. fracción. fracción..