Autor: Enrique Rajevic Profesor de Derecho Administrativo UAH
Columnas de Opinión: La confianza por sobre el mérito
Columnas de Opinión: La confianza por sobre el mérito D e acuerdo con una nota de prensa, el nuevo ministro de Obras Públicas habría removido a los/as titulares de las direcciones de dicha cartera, "designando a sus sucesores". Sin embargo, sólo uno de esos cargos es de exclusiva confianza.
Los demás deben proveerse a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), esto es, mediante concursos públicos (salvo el uso excepcional de las denominadas "balas de plata", que permiten hasta 12 designaciones presidenciales directas, mecanismo se habría aplicado en dos casos). Respecto de los restantes, los sucesores "fueron incorporados como asesores del ministro, a la espera de su ratificación mediante el sistema ADP, pero en los hechos están actuando como titulares". De ser efectivo, lo anterior reviste la máxima gravedad, porque el sistema de ADP se basa en concursos públicos. Carece de sentido convocarlos tratándose de cargos que, en la práctica, ya estarían asignados.
Ello desincentivará la participación de postulantes calificados/as, que saben que competirán con alguien que tiene acceso privilegiado a las características del cargo y del organismo y, además, a quienes deciden, afectando la equidad del proceso y la imparcialidad de la decisión. Precisamente para evitar estas situaciones, en 2016 se eliminó la figura de nombrar una jefatura "provisional y transitoria" (PyT) y se estableció que, ante la vacancia, debía asumir el subrogante legal. Reproducir la lógica anterior mediante asesores que de facto actúan como titulares constituye, en los hechos, una elusión del sistema, al tiempo que desnaturaliza su propósito. Difícilmente Contraloría podría cursar su nombramiento si son elegidos tras un concurso tan cuestionable. Es muy posible que esta forma de proceder (así como otras) derive de una falta de conocimiento del sistema de ADP; con todo, evidencian la necesidad de revisar y fortalecer su diseño.
En los últimos cuatro cambios de gobierno, entre 50% y 67% de los cargos de primer nivel han cesado durante el primer año, lo que refleja su alta dependencia de la confianza política, al igual que su escasa duración promedio (algo más de tres años). Más allá de esta "anécdota" revela una clase política que prefiere la confianza al mérito y no pocas veces ve la ADP como un estorbo. En este contexto, resultaría más razonable sincerarlo y excluir del sistema concursal aquellos cargos que, en la práctica, requieren afinidad política. En los concursados, en cambio, debería restringirse la desvinculación por confianza exigiendo, por ejemplo, una validación previa del Consejo de Alta Dirección Pública fundada en desempeño insuficiente.
Con ello se resguardaría la coherencia del sistema, evitaría generar expectativas infundadas en quienes concursan y se avanzaría hacia un uso más eficiente de los recursos públicos y a una administración pública profesional para servir mejor a las personas. "Reproducir la lógica anterior con asesores que de facto actúan como titulares es, en los hechos, una elusión del sistema". Autor: Enrique Rajevic Profesor de Derecho Administrativo UAH. "Reproducir la lógica anterior con asesores que de facto actúan como titulares es, en los hechos, una elusión del sistema".