Editorial: Disputa por designaciones en Defensa
Editorial: Disputa por designaciones en Defensa U na serie de críticas ha causado la selección de la abogada Jessica Tapia como nueva jefa del Departamento de Estudios y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cargo adscrito a la planta funcionaria del Ministerio de Defensa y que, por tanto, goza de un virtual estatuto de inamovilidad. Tapia ingresó en 2022 a la cartera de Defensa como asesora del subsecretario para las FF.AA., Galo Eidelstein (PC), y luego trabajó en la División Jurídica. La oposición ha acusado que su designación, así como la de otros seis cargos de planta en la subsecretaría en los meses recientes, son "amarres" que condicionarán al próximo Gobierno.
Según el Presidente electo, José Antonio Kast, es "poco razonable" que en Defensa se hayan resuelto concursos que implicarán que en la futura administración habrá personas que "no comparten en nada" los principios y las políticas públicas que votó la ciudadanía.
En una declaración emitida el viernes 13, la subsecretaría aseguró que Tapia -que fue directora en la Universidad Arcis, vinculada al PCestá "muy bien valorada" por sus contrapartes militares y ha desempeñado un importante rol en la coordinación con la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) en materia de control de armas. La subsecretaría y La Moneda han argumentado también que la abogada fue escogida por una consultora externa y que obtuvo el más alto puntaje entre casi 200 competidores. La jefatura del Departamento de Estudios y Análisis corresponde al tercer grado jerárquico regulado en el Estatuto Administrativo y está definido como un puesto de carrera.
Los procesos de transición, en particular entre gobiernos de perfiles políticos opuestos, como acontece en el caso del Presidente Boric y el próximo mandatario, son tensos y normalmente están cruzados por denuncias de contratación o renovación de funcionarios y normas legales de última hora.
En este contexto, los llamados apresurados a concurso en Defensa, aunque se trate de posiciones técnicas que no son de confianza política y que no deberían comportar sesgos ideológicos, parecen al menos poco deferentes a la luz de la inminente alternancia.
Con todo, la polémica también evidencia uno de los aspectos más controvertidos del Estatuto Administrativo: su rigidez, la que hace muy difícil modificar el estatus de inamovilidad de los funcionarios de planta, con independencia de sus competencias, y que de alguna manera explica que, a septiembre de 2025, solo el 22,1% de los trabajadores del Gobierno Central estuviera en esa categoría (más del 55%, en cambio, tiene el régimen de contrata). Diversos estudios han subrayado la relevancia de avanzar en una reforma del empleo público como una condición imprescindible de cualquier estrategia de modernización del Estado, un ámbito donde a la política le ha faltado proactividad, por su propia incapacidad y las presiones corporativas.
La discusión respecto de los "amarres" en los traspasos de gobierno sería menos tensa y polémica si hubiera un sistema de empleo público con mejores reglas de selección y mantención del personal, que combine los derechos laborales con la eficiencia, la profesionalización y la despolitización. "La discusión sería menos tensa y polémica si hubiera un sistema de empleo público con mejores reglas de selección y mantención del personal".. "La discusión sería menos tensa y polémica si hubiera un sistema de empleo público con mejores reglas de selección y mantención del personal".