Autor: María José Naudon Decana Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez

Columnas de Opinión: Sobre la violencia
Columnas de Opinión: Sobre la violencia L a agresión contra la ministra Lincolao vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave, presente en muchas de las justificaciones de la violencia durante el estallido social: qué entendemos por violencia. De esa definición se desprende otra cuestión: qué consecuencias tiene extender ese concepto. Declaraciones como las de la Confech, tras su Primer Encuentro Nacional, expresan precisamente ese punto. Los estudiantes afirman que no respaldan la violencia como forma de lucha, pero sostienen que la reacción en la Universidad Austral resulta comprensible en el marco del descontento social. Con ello sugieren una noción amplia de violencia: la reacción no responde a un daño inmediato, sino a condiciones de desigualdad y a decisiones del poder que explicarían la respuesta. En su sentido más extendido, la violencia implica el uso intencional de la fuerza o del poder para dañar. Supone un agente que actúa sobre una víctima. Esa intencionalidad es la que permite distinguirla de otros fenómenos que también producen daño. Desde los años 60, el concepto se ha ampliado para incluir fenómenos como la pobreza o la desigualdad. Esa extensión, aun cuando permite poner de relieve situaciones sociales complejas y muchas veces poco visibles, introduce un problema. La pobreza y la desigualdad describen condiciones de carencia, exclusión, vulnerabilidad, muchas veces de carácter estructural, que generan trayectorias de vida limitadas y constituyen desafíos urgentes para cualquier sociedad. Sin embargo, en sí mismas, no son violencia. Cuando el concepto se extiende de este modo, se desfigura: pierde contornos y deja de ser útil para discriminar entre fenómenos. Todo puede ser violencia: una crisis económica, una política fallida, externalidades no buscadas, una mala gestión e incluso, una decisión política no compartida. La distinción entre violencia, injusticia y daño desaparece, y con ello cambia la forma en que se juzgan los hechos.
En ese marco, cuando la desigualdad o la pobreza se definen como violencia, la reacción violenta puede leerse casi como una forma de legítima defensa: la respuesta a una agresión injusta que se presenta como inminente y frente a la cual la reacción se considera necesaria y proporcional. Acciones injustificables pasan a justificarse o, al menos, a atenuarse. Se vuelven comprensibles, como ocurre en la declaración de la Confech, y la responsabilidad se desplaza desde la acción concreta hacia un contexto amplio que termina por explicarlo todo. Cuando se diluyen los criterios, también se debilita la capacidad de distinguir, de juzgar y de exigir responsabilidad y el juicio pierde precisión. Se confunden causas con actos, contextos con decisiones, explicaciones con justificaciones. En ese terreno, lo injustificable se vuelve tolerable y la responsabilidad se diluye.
Ahí está el problema. "Cuando el concepto se extiende de este modo, se desfigura, pierde contornos y deja de ser útil". Autor: María José Naudon Decana Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez. "Cuando el concepto se extiende de este modo, se desfigura, pierde contornos y deja de ser útil".