Editorial: Inversión y permisos sectoriales
Editorial: Inversión y permisos sectoriales D urante un seminario en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, el jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión del Ministerio de Economía (OASI), Pablo Eguiguren, ha subrayado que, al contrario de la discusión pública, la demora en la aprobación de proyectos de inversión responde más a los cuellos de botella sectoriales que a controversias ambientales. De acuerdo con el funcionario, en la dimensión sectorial hay menos información, y no existe un órgano central de coordinación y, por tanto, el debate es menor.
Un informe del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI) de la FEN ha descrito que los tiempos de tramitación de grandes proyectos, que suelen aplicar estudios de impacto ambiental (EIA), subieron a 506 días promedio en el primer trimestre de 2026 en comparación con los 486 días del último trimestre de 2025.
A juicio de Eguiguren, en el ámbito de permisos sectoriales hay una "oportunidad grande" de reducción de plazos; en este sentido, consideró "correcta" la estimación del anterior Gobierno de que con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, publicada en octubre de 2025, los lapsos de aprobación podrían recortarse entre 30% y 70%. Uno de los ejes del proyecto de ley miscelánea o de reconstrucción es la "facilitación regulatoria", lo que incluye otorgar al SEA "autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales", limitar las medidas precautorias, acortar los períodos de invalidación y obligar al Estado a devolver los gastos de un proyecto cuya RCA sea revocada.
Según datos del Observatorio de Tramitación, el 76% de la inversión sometida a evaluación ambiental en el primer trimestre del año, por una cifra superior a los US$ 18 mil millones, se presentó después del cambio de Gobierno. Para el director del OTEI, Jorge Valverde, se trata "netamente" de una cuestión de expectativas, y la interrogante es si el desempeño del "órgano estatal" responderá a la confianza de los privados. La evidencia disponible muestra que los mecanismos de aprobación de proyectos se han ralentizado a niveles preocupantes, afectando con ello el crecimiento, la creación de empleo y la recaudación.
La frondosidad normativa, bienintencionada en sus orígenes, colisiona con un Estado lento en sus procedimientos, compartimentado, falto de coordinación, que incumple -sin consecuenciaslos plazos en que debe resolver y una burocracia poco dinámica que no asume riesgos. Si a este funcionamiento del Estado se suma la ausencia de voluntad política de la autoridad para empujar la inversión, el resultado está a la vista.
Un reciente balance de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) concluyó que la calificación ambiental de las iniciativas aprobadas en el lapso enero-marzo de 2026 demoró en promedio 23,6 meses, un alza de 31% respecto del primer trimestre de 2025 y de casi 62% en relación con similar períodode 2022.
Aun cuando las modificaciones legislativas sean pertinentes, parece esencial acelerar también el paso en los cambios administrativos y operativo, en el aparato estatal, que permitan agilizar de los procesos de aprobación de proyectos; el consenso en el diagnóstico de los problemas es un indicador de que existe espacio para mejorías en la gestión.
Las metas de crecimiento comprometidas por el Gobierno se juegan de manera importante en esa articulación. "El consenso en el diagnóstico de los problemas es un indicador de que existe espacio para mejorías en la gestión".. "El consenso en el diagnóstico de los problemas es un indicador de que existe espacio para mejorías en la gestión".