Bono clase media: Casi todas las causas contra funcionarios públicos se cerraron sin imputados
Bono clase media: Casi todas las causas contra funcionarios públicos se cerraron sin imputados Bono clase media. "Todas las causas se encuentran terminadas". Así lo señaló el Ministerio Público, por la arista penal que se abrió cuando se detectó en 2020 que 37 mil de las 437 mil personas que habrían recibido el bono clase media sin cumplir los requisitos, eran funcionarios públicos. El caso derivó en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) permitiera que se devolvieran los montos, aunque igualmente los antecedentes fueron remitidos al organismo de persecución penal.
Lo ocurrido había generado polémica. "La Fiscalía generó 179 causas con su respectivo RUC (número identificador de causa) para investigar separadamente a igual cantidad de funcionarios públicos que habían solicitado el bono y cuya remuneración oscilaba en el tramo más alto (con tope de $2.000.000 ) y respecto de quienes existía indicios suficientes de ser procedente un reproche penal, atendido su deber de cuidado y probidad en el acceso a prestaciones del Estado", respondió a este medio, por escrito y tras una solicitud por Ley de Transparencia, la Fiscalía Regional de Los Lagos, a la que se le asignó la investigación de todos los casos.
De igual forma, el organismo de persecución penal indicó que "con la información enviada por el SII durante la investigación, se determinó que algunos funcionarios habían reintegrado (los fondos) dentro de plazo o bien les correspondía el bono". Así, de las casi 180 causas que se fueron cerrando en los últimos años, la fiscalía informó que 162 terminaron en archivo provisional, es decir, sin imputado. n Falta de información desde el SII, apunta fiscalía El fiscal Marcelo Maldonado, vocero de la jurisdicción de Los Lagos, explicó ayer que el cierre de las causas se hizo luego de que el SII informara, mediante la resolución exenta 132, de 2020, que se estableció un procedimiento especial para que las personas aclaren "las inconsistencias detectadas en la solicitud del aporte fiscal o para su restitución (... ), cuya verificación se completaría en la operación renta año 2021". En ese marco, dice Maldonado, "había personas que estaban en esa fecha reintegrando los montos obtenidos, como así también otras que estaban acreditando la procedencia del beneficio solicitado". Pero, agrega, "entre la información entregada por el SII a la fiscalía, se estableció el desconocimiento por parte de dicho servicio sobre el número de personas que pudieron haber obtenido de manera indebida el beneficio". n "Favorece el modus vivendi del `pillo'", advierten entre penalistas Ante el modo en que acabaron las causas, Tatiana Vargas, académica de la Universidad de los Andes, plantea: "Se entiende que la falta de seguimiento penal obedezca a una deficiencia probatoria, pero llama la atención si los funcionarios están identificados y se permite la devolución de dineros, de suerte que estaría acreditada una conducta de apropiación o fraude. Es importante recordar que en estos casos no solo se afecta la propiedad, el fisco, sino que también hay una falta de probidad, que hace más grave estas conductas". Su par de la U. Diego Portales, Fernando Londoño, sostiene que "el Ministerio Público --como cualquier órgano con recursos humanos limitados-tiene serias dificultades para lidiar con violaciones masivas o cuantitativamente muy significativas. Allí donde la violación a la ley es tan extendida o ubicua --hasta el punto de volverse casi `idiosincrásica'-no es razonable cargarle toda la mano al Ministerio Público.
Más allá de eso, agrega, "llama la atención que no se haya llegado a ninguna condena, cuanto menos para los casos más graves (conforme a lo informado, al menos)". "Es indudable que resultados semejantes son desalentadores y transmiten una señal de `flexibilidad' --para decirlo con un eufemismo--que termina por favorecer el modus vivendi del `pillo'", apunta Londoño. Algo similar pasó con el caso de las pensiones de gracia del estallido, se otorgaron 418 y de ellas 70 fueron objetadas por la Contraloría e investigadas por el Ministerio Público. Sin embargo, serán dos los imputados formalizados este 24 de julio.
En los demás casos se acreditó que correspondía el beneficio. n Preocupación de cara al caso de licencias médicas A c t u a l m e n t e, también se abrió una arista penal --que sigue en curso y se encuentra en una etapa temprana-para determinar qué habría pasado con más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica. Para Catherine Lathrop, abogada penalista, "es probable que muchas de estas investigaciones también terminen sin sanción penal. La inercia institucional y la falta de herramientas efectivas para investigar delitos funcionarios masivos dentro del aparato público hacen que estos casos se diluyan. Sin embargo, estamos hablando de posibles defraudaciones sistemáticas, cometidas en contexto de pandemia, donde el deber ético y jurídico de los funcionarios era mayor.
Si nuevamente se opta por archivar sin investigar a fondo, se tiende a consolidar un doble estándar peligroso: uno para el ciudadano común, y otro para quienes abusan desde el Estado". Jorge Gálvez, académico de la U.
Católica, cree que "dada la masividad de los fraudes detectados por Contraloría, como también los altísimos montos de dinero que han significado como perjuicio estatal, es deseable que se produzcan condenas ejemplares de la mayor cantidad de funcionarios públicos y médicos implicados en el fraude". Mientras que al penalista y exfiscal Marcelo Sanfeliú le parece clave "la política criminal que adopte el Ministerio Público, porque claramente se trata de un fraude al fisco cometido por funcionarios públicos, por lo que los instructivos y lineamientos en la persecución penal que establezca la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional darán luces de la manera que quiera perseguir este tipo de delitos". Expertos advierten riesgos de estos términos Bono clase media: Casi todas las causas contra funcionarios públicos se cerraron sin imputados EDUARDO CANDIA y ALEJANDRA ZÚÑIGA Pese a que se denunció a 37 mil empleados por cobrar el beneficio, sin cumplir con los requisitos, la fiscalía indagó a 179, pero la mayoría de estos casos acabó archivado.
BENEFICIO El bono consistía en un aporte de $500 mil para quienes habían perdido sus empleos o sufrido la reducción de ingresos en la pandemia. 179 causas tramitó la fiscalía para investigar a la misma cantidad de funcionarios 162 quedaron en archivo provisional. El Ministerio Público define esto como la "facultad que se otorga a la Fiscalía para archivar aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitan desarrollar actividades para el esclarecimiento de los hechos. En el caso de surgir nuevos antecedentes, la víctima puede solicitar la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación.
Asimismo, puede solicitar el rechazo de la decisión ante las autoridades de la Fiscalía". 9 terminaron en la suspensión condicional del procedimiento. 6 finalizaron en un acuerdo reparatorio. 2 veces se tomó la decisión de no perseverar..