Fiscalia desestima pedir prisión preventiva a imputados por caso “Papaya Late”
Fiscalia desestima pedir prisión preventiva a imputados por caso “Papaya Late” a imputados por caso "Papaya Gate" TRAS 5 AÑOS DE ESPERA PARA SU FORMALIZACIÓN Luego de una larga y compleja investigación, la fiscal de la Región de Valparaíso, Claudia Perivancich, imputó los delitos de fraude al fisco y delitos tributarios, a los implicados en este caso: la exintendenta regional, Lucía Pinto, el exadministrador regional, José Cáceres, y un grupo de empresarios de la zona, además de un abogado.
Luego de cinco años de investigación, este lunes, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich dio el vamos a la formalización de los implicados en el llamado caso "Papaya Gate", imputando, en primer lugar, el delito de fraude al fisco a la exintendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto; el exadministrador regional, José Cáceres Rojas, y el gerente de empresas CPS, Pablo Bracchitta, para quienes solicitó la cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Por su parte, a los empresarios, Lorenzo Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Bakulic, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, además del abogado Luis Gastón Yver Hudson la fiscal les imputó la comisión de delitos tributarios.
En ese sentido, la fiscalía solicitó para ellos las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, incluyendo un permiso a Nicolás Bakulic, para ausentarse del país por razones laborales para realizar un viaje a España hasta el 30 de junio, incluyendo una fianza de retorno de 10 millones de pesos. EL "MECANISMO" Respecto a esta última imputación, ésta se basa, según la fiscalía, en el complejo armado en el que participaron estos empresarios.
En concreto, la estrategia de los imputados se remonta al año 2010, cuando éstos, adquirieron 12 lotes de terreno por un valor superior a los 485 millones de pesos, a través de la inmobiliaria Casas por Siempre, CPS S.A., entre ellos, los lotes G, 15,16, 17,79 y 80, epicentro de lo que sería más tarde la polémica transacción.
El punto de inflexión sin embargo, ocurrió en 2014, cuando los implicados, con la asesoría del abogado Luis Gastón Yver Hudson, desplegaron una compleja ingeniería societaria para inflar artificialmente los terrenos, maniobra que se tradujo años más tarde en una reducción significativa de impuestos.
Para ello, se crearon seis sociedades inmobiliarias: Guayacán Spa, La Herradura Spa, La Serena Spa, El Faro Spa, Pan de Azúcar Spa y Cerro Grande Spa, todas Pablo Bracchitta, gerente general de las sociedades inmobiliarias que vendieron terreno al GORE; Lucía Pinto, exintendenta regional de Coquimbo y José Cáceres, fueron imputados por la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, por delito de fraude al fisco. FOTOS CRISTIAN SILVA constituidas con un capital inicial de apenas 500 mil pesos cada una.
Con posterioridad, y tras complejas transacciones, incluyendo la división de la inmobiliaria CPS S.A., en 12 nuevas sociedades inmobiliarias a las que se les traspasaron los lotes, la constitución del Fondo de Inversión Privado "Cuatro Amigos" cuyo único aportante era Yver Hudson, con un capital de $481 millones -, la compraventa cruzada de acciones entre las sociedades recién creadas y el FIP que incluía un aumento de capital sobre los $3.600 millones sin flujo efectivo y la adquisición de acciones por más de 4.100 millones de pesos, a pagar en 15 años, el objetivo era uno solo: maquillar los costos tributarios de los terrenos, que serían vendidos seis años más tarde al GORE.
EL PAPEL DEL GOBIERNO REGIONAL Ahora bien, según lo expuesto por la fiscal Perivancich en relación a las acciones realizadas por la exintendenta Lucía Pinto Ramírez y José Cáceres Rojas, este último, con la venia de Pinto, gestionó y posibilitó la compra de los terrenos en el sector de El Milagro, en La Serena. La operación se realizó mediante trato directo y sin negociación de por medio, lo que fue objetado por Contraloría en cuatro oportunidades por considerar que la operación presentaba un sobreprecio. No obstante, la operación se puso en marcha, pagando 9.800 millones de pesos por un terreno en el que se construiría un centro deportivo.
Según argumentó la fiscal Claudia Perivancich, Lucía Pinto Ramírez como intendenta, tenía la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa, al igual que José Cáceres Rojas, en su calidad de funcionario público.
Es así que, a juicio de la fiscalía, sus acciones se consideran una infracción a sus deberes, pues la compra del terreno a un precio excesivo y por sobre tasaciones anteriores, causó un enorme perjuicio patrimonial al gobierno regional de Coquimbo.
ANÁLISIS "OBJETIVO" Tras la audiencia y ante las consultas de la prensa, Claudia Perivancich explicó por qué no solicitó la cautelar de prisión preventiva, como sí lo hizo el Consejo de Defensa del Estado, señalando que "nosotros hacemos un análisis objetivo no solo de los antecedentes de la investigación, sino que, primero, desde el tiempo en el que tuvieron lugar los hechos, el tiempo que ha demorado esta investigación en el cual hemos contado con los imputados para las diligencias que ha sido necesario.
Ellos no han tenido una conducta de restarse de la investigación penal y nosotros hacemos un análisis objetivo de aquello, de las penas que se arriesgan respecto de cada uno de estos delitos más allá de que hay algunas penas que pudieran llegar a la penalidad de crimen son personas que tienen irreprochable conducta anterior. Sería artificial, entendemos para nosotros, que el Ministerio Público pidiese una medida cautelar de mayor intensidad respecto a la cual entiende no hay fundamentos que lo exijan", aseguró. En relación al largo tiempo que le tomó formalizar a los implicados en el caso 5 años la fiscal afirmó que ÓSCAR ROSALES CID La Serena. Fiscalia desestima pedir prisión preventiva a imputados por caso “Papaya Late” "la investigación es compleja.
Aquí es necesario poder acreditar ante el tribunal una serie de elementos que dan cuenta no solo de la transacción, que en sí misma llama la atención por los montos involucrados, sino que es necesario dar cuenta de que hay efectivamente conductas dolosas de las personas que tienen el control de la situación. Por otro lado, requerimos de informes técnicos que nos digan que efectivamente estamos ante un precio exorbitante, que no era el precio que debía pagarse por la adquisición de esos lotes", argumentó.
Al insistirle sobre las eventuales diferencias que tendría este caso con otros similares en los que sus implicados están en prisión preventiva, como ocurre con la situación de la Corporación Gabriel González Videla, la fiscal prefirió no pronunciarse respecto de ése y otros casos sobre los cuales "no tengo conocimiento de los antecedentes específicos". "La sola existencia de una causa en la cual se está imputando un delito de fraude al fisco, no significa que sea equivalente a otra investigación que se esté llevando adelante. Nosotros también apuntamos a que con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, podamos tener un plazo de investigación", dijo.
PRISIÓN PREVENTIVA No obstante, fue la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Francisca Nenen, quien sí solicitó prisión preventiva para los imputados Lucía Pinto, José Cáceres y Pablo Bracchitta por el delito de fraude al fisco, argumentando que la gravedad del delito y la necesidad de cautela justifican la medida.
La abogada Nenen afirmó que éste "es un fraude no menor a 4.000 millones de pesos y la acción de los imputados deriva en una administración y gestión desleal del patrimonio fiscal". En esa línea, precisó que Pinto y Cáceres "vulneran el principio de probidad y hacen una infracción patente de las obligaciones funcionarias". Al respecto, la profesional destacó los cuatro rechazos que manifestó Contraloría entre enero y abril de 2020 por la compra, producto del precio excesivo del terreno.
Según la abogada, todo ello fue ignorado por Lucía Pinto y el resto de los imputados, precisando que la exintendenta priorizó evitar ser catalogada como gestora ineficiente, rescindiendo un contrato para luego suscribir uno nuevo que permitía la inscripción de los lotes y el pago del precio. En el mismo tenor, la abogada citó la declaración de Pinto en los descargos del sumario administrativo. "Para el GORE la no ejecución de aquellos recursos atentaba contra la correcta ejecución del presupuesto. Si el GORE no era capaz de ejecutar el presupuesto del año, iba a ser catalogado como ineficiente", explicó Nenen.
En cuanto a la participación del empresario Pablo Bracchitta, Francisca Nenen le asignó el principio de comunicabilidad, destacando que éste conocía la calidad de funcionarios públicos de Cáceres y Pinto, y que existía un "propósito común: lograr a toda costa que el gobierno regional suscribiera el contrato de compraventa". Con ejemplo de ello, aseveró la abogada, se destaca la declaración de una tasadora, quien indicó que Bracchitta la contactó para aumentar la tasación de los lotes. "Pablo refiriéndose a Bracchitta me llamó y me pidió nuevamente retasar de forma urgente los lotes", afirmó, asegurando que incluso, el empresario habría solicitado expresamente a los tasadores, "subir el precio" del terreno. La audiencia de formalización, en tanto, continuará el día de hoy, a partir de las 08:30 horas. Los cuatro empresarios acusados de cometer delitos tributarios y el abogado de éstos, que habría actuado como cómplice. De izquierda a derecha, Manuel Daire, Lorenzo Iduya, Karim Daire, Nicolás Bakulic y el abogado Luis Gastón Yver Hudson. CEDIDAS.