EDITORIAL: El PC y la macrozona
EDITORIAL: El PC y la macrozona Una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur reavivó el debate sobre la medida --que rige desde 2022--, debido a la visión crítica que sectores de la coalición oficialista manifiestan al respecto. Si bien la renovación fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados por 105 votos a favor, hubo 24 sufragios en contra y 11abstenciones. Los grandes detractores fueron los parlamentarios comunistas: cinco la rechazaron y tres se abstuvieron. Solo Karol Cariola la apoyó, al igual que lo hizo en la Cámara Alta la senadora Claudia Pascual. Este desacople de congresistas del PC respecto del Gobierno se ha manifestado también en numerosos otros debates relativos a normas para fortalecer la seguridad pública. En el caso del estado de excepción, el cuestionamiento comunista a la aplicación de la medida se ha profundizado desde que el Ejecutivo decidiera terminar --hace dos años-con el carácter "acotado" que originalmente buscó darle. De alguna manera, también el ambiente electoral se hizo presente en la discusión de esta semana, donde el oficialismo y la oposición se enfrentaron por los alcances y los resultados de la medida.
En una intervención reveladora, la jefa de la bancada PC en la Cámara acusó un supuesto discurso anticomunista por parte de la oposición, la cual buscaría --según ella-responsabilizar al Frente Amplio y a ese partido de "lo que pasa en el Wallmapu, porque así me gusta llamarlo", y todo, para pedir "en pocas palabras, la represión de parte de las Fuerzas Armadas... ". La repetición de hechos de violencia en las regiones del Biobío y de La Araucanía, así como la ausencia de la autoridad del Estado en algunas zonas han hecho necesario insistir en una medida de excepcionalidad como la que se ha aprobado ya 60 veces por el Congreso. Según las autoridades, ha habido avances significativos en la reducción de la violencia.
Sin embargo, las condiciones de inseguridad que aún sufren a diario sus habitantes evidencian la necesidad de enfrentar con voluntad política a los grupos radicales que continúan actuando en algunos sectores y adoptar los necesarios ajustes normativos para hacer respetar el Estado de Derecho.
Resulta por lo mismo preocupante que parlamentarios oficialistas, manteniendo un discurso que rememora el de la rechazada C o n v e n c i ó n Constitucional, reaviven visiones ideológicas que el propio gobierno hubo de enmendar a poco de asumir, cuando una exministra del Interior fue repelida a balazos en su intento por visitar Temucuicui.
La transformación de la excepcionalidad en norma dista de ser un óptimo, pero ha constituido hasta ahora la única medida que ha permitido algún resultado en la macrozona sur y pretender terminarla sin un plan claro solo significaría una gran irresponsabilidad. La necesidad de renovarla cada 30 días anticipa más debates ácidos y confrontacionales durante el período electoral.
Con todo, también puede ser la oportunidad para que los candidatos presidenciales --y los parlamentarios de cada conglomerado-expongan al país medidas concretas que permitan establecer una hoja de ruta encaminada a solucionar los problemas que aquejan a dichas regiones, considerando sus altos niveles de vulnerabilidad, acrecentada por un contexto de violencia y abandono. La discusión de esta semana sobre el estado de excepción ha sido reveladora. El PC y la macrozona.