Autor: Alejandro Ahumada R. cronica@mercurioantofagasta.cl

Suspenden temporalmente a defensor regional y a dos directivos de la DPP por Caso Corporación
Suspenden temporalmente a defensor regional y a dos directivos de la DPP por Caso Corporación ejos de calmar las disputas y reencauzar sus aguas, la Defensoria Penal Regional parece batallar con los efectos del fallo de la Corte de Apelaciones que sancionó a favor de la Contraloría General e instruyó reabrir la investigación sumaria por el funcionamiento de la corporación "Solidaridad Nortina" al interior de la DPP.
Una de las consecuencias de dicha medida se produjo recientemente, luego que los tres funcionarios implicados en la vista sumarial, el director regional Ignacio Barrientos, Patricia Sagua, directora administrativa y Pablo Silva, asesor juridico, fueran suspendidos temporalmente de sus cargos mientrasse extienda la investigación fiscal Fuentes a interior de la DPP confirmaron la medida que fue aplicada esta semana como parte de las acciones que buscan esclarecer el alcance del funcionamiento de la corporación al interior de la Defensoría Regional. "Si la recurrida "ordena" a quien detenta la potestad disciplinaria que "debe" sancionar a los inculpados en un proceso disciplinario que esta afinado, y para ello, soslaya las normas legales desconociendo los efectos de actos administrativos vigentes, "ordenando" la reapertura de un sumario por medio de un simple "oficio", resulta a todas luces que se transforma en una comisión especial, pues arrogándose atribuciones de las que carece, finalmente termina declarando el derecho en circunstancias que sus potestades y atribuciones no pueden invadir la competencia de la administración activa". Ambos recursos fueron acogidos a tramitación por el máximo tribunal.
Defensoría Sin defensa no hay Justicia Defensoría Regional de Antofagasta Defensoría Penal Pública Más allá de la medida, y ante la reapertura de sumario el pasado 23 de marzo, los afectados decidieron recurrir a la Corte Suprema e interpusieron un recurso de apelación en contra de la sentencia del 2 de junio pasado, a fin de revocar la resolución del tribunal de alzada antofagastino.
En el escrito presentado a la Corte por Pablo Silva sostiene que la medida ordenada por la CGR no tomó en cuenta la totalidad de antecedentes contenidos en el expediente sumarial, descartando inforCabe recordar que el origen de la controversia entre los directivos de la DPP regional y la Contraloría se remontan al 3 de abril pasado cuando interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por vulneración de derechos fundamentales ante la instrucción de reabrir un proceso sumarial que estimaban, dejaba sin efecto el acto administrativo cerrado en diciembre del 2023, sin sanciones, por el defensor nacional de la época Carlos Moura.
La denuncia original, fue interpuesta en septiembre de 2023 por el entonces jefe de la mación clave como que el fiscal que sustancio el sumario dio cuenta del funcionamiento de la Corporación desde elaño 2016 y que dado sus buenos resultados institucionales, contaba con el reconocimiento del nivel central del ese servicio. "Los proyectos levantados por aquella Corporación cuestionada, fueran elegidos por la misma jefatura superior del servicio para representar a la Defensoria Penal Pública en el Premio Anual a la Excelencia Institucional del 2023.
Y también de que la misma seremi de Justicia de Antofagasta, en 2022, haya pedido al Defensor Regional, mediante comunicación formal, que tuviera a bien realizar una anotación de mérito en la hoja funcionaria de la directora administrativa por su labor como encargada de planificación y proyectos de la Defensoría Regional de Antofagasta", se advierte en el recurso.
Por su parte, Fidel Espinoza, abogado representante de Ignacio Barrientos, tambien presentó una apelación donde cuestiona la arbitrariedad del criterio de la CGR al instruir "sancionar" responsabilidades sobre los hechos investigados. unidad de estudios de la Defensoría Regional, José Mario Fuentealba.
En dicha denuncia se afirmo que al interior del servicio operaba una corporación de derecho privado -la "Corporación Social, Artistica, Cultural y Deportiva de la DPP" que luego cambiósu nombre a Corporación Solidaridad Nortina cuyos principales directivos obligaban a funcionarios a participar, exigiendo el pago de cuotas, y la utilización de bienes institucionales para su funcionamiento. Asimismo, se denunció la adjudicación de un proyecto del Gobierno Regional, denominado "Programa Calle", por un monto aproxdimado de $381 millones, el que atenderia a personas en situación de calle con antecedentes penales. En esas iniciativas habrian trabajado 15 personas externas, durante cinco meses, en las dependencias de la Defensoria. Posteriormente surgió una segunda arista por el funcionamiento de una corporación dedicada a la defensa de migrantes, denominada MigrAcción en que las imputaciones eran similares.
Luego de revisados los antecedentes, el 27 de diciembre del mismo año el defensor nacional dicto la resolución que sobreseyó a los tres inculpados, por estimar que no se acredito la existencia de infracciones administrativas. $381 millones fueron los recursos transferidos por el Gore a la Corporación "Solidaridad Nortina" para su programa Calle. HISTORIA DEL CASO FALLO Y APELACIÓN. INVESTIGACIÓN.
Los tres funcionarios interpusieron un recurso de apelación ante la Suprema para revocar el fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó reabrir la investigación sumaria por el funcionamiento de la ONG al interior de la DPP. LOS DIRECTIVOS DE LA DPP INTERPUSIERON UN RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA.