Nuevo fiscal de caso Procultura apelará a fallo por escucha “ilegal”, pero aún debe definir formalizaciones
Nuevo fiscal de caso Procultura apelará a fallo por escucha “ilegal”, pero aún debe definir formalizaciones Son más de 10 mil páginas las que tiene el expediente de 17 tomos que agrupa las evidencias reunidas por la Policía de Investigaciones (PDI) en el caso Procultura. Carpeta que fue traspasada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a su par de Antofagasta, Juan Castro, en cumplimiento con el cambio de investigador que ordenó el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia. Y pese a que el intercambio de información es considerado un mero trámite para los persecutores, ayer abordaron con profundidad el destino que podría tener la causa. Esto, en una cita entre Cooper, Castro, el director anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos y otros funcionarios especializados.
La investigación mantiene abiertas varias definiciones por adoptar, como la posible formalización de los indagados, nuevas diligencias para determinar el destino de casi $6 mil millones y la apelación, al fallo del tribunal de alzada de Antofagasta, que declaró ilegal una de las diligencias en la indagatoria.
Con la llegada de Castro al caso, se contabilizan tres fiscales que han liderado la indagatoria, pues antes de Cooper esta se encontraba asignada al suspendido persecutor regional de Magallanes, Carlos Palma, quien enfrenta procesos penales y administrativos en el marco de sus chats con Luis Hermosilla y la pareja de la removida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Apelación tras cuestionamientos de Valencia a la sentencia Uno de los temas centrales de la reunión de ayer fue justamente el último fallo de la corte de Antofagasta que cuestionó la legalidad de la escucha telefónica a la psiquiatra Josefina Huneeus, expareja del principal indagado en Procultura, Alberto Larraín.
Castro Bekios confirmó que se presentará un recurso buscando revertir esta decisión. "Otro punto muy importante tratado en esta reunión dice relación con la decisión de interponer o recurrir respecto de la resolución dictada el viernes 16 de mayo recién pasado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, en la oportunidad en que esta acogió un recurso de amparo deducido por una de las defensas en este caso", comentó.
Al respecto, dijo, "hemos tomado la decisión, como Fiscalía Regional de Antofagasta, de recurrir respecto de la misma ante la Corte Suprema". La decisión del persecutor estuvo antecedida por la mirada crítica que mostró Valencia en entrevista con T13 respecto de la resolución, señalando que esta "contiene afirmaciones graves" y que "hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas y hay algunas opiniones que van más allá de lo jurídico y algunas que me parecen que son injustas". Para analizar el recurso y los pasos a seguir en Procultura, Valencia además dijo que se le había pedido un informe a Cooper y que la decisión final recaía en Castro. Solicitud de remoción entorpeció avances Además, de la entrega de la carpeta de investigación, ambos persecutores ayer abordaron el estado actual de la causa. Quienes conocen las pesquisas indican que el persecutor ya avanzaba en su decisión de formalizar a lo menos a la cúpula de la directiva de Procultura, principalmente al fundador, Alberto Larraín. Para ello había sustentos, comentan, en el expediente de 17 tomos.
Sin embargo, el proceso de remoción que enfrenta Cooper en la Corte Suprema, con una solicitud de diputados oficialistas por el allanamiento a la diputada comunista Karol Cariola el día en que dio a luz, había retrasado esta decisión. El persecutor estaba a la espera de salir de este proceso, añaden, para definir formalizaciones, pero ahora esto en Castro. Según el expediente e intervinientes que abordan sobre posibles imputaciones, los primeros formalizados debieran ser los integrantes del directorio.
Certeza sobre "irregularidades" En una solicitud de diligencias ante tribunales la fiscalía dio a conocer los hallazgos en esta indagatoria, poniendo énfasis en las dudas sobre la elección de Procultura para convenios vía trato directo, ya que la fundación se dedicaba a actividades "que no coinciden con el objetivo de los convenios, lo que realza aún más la irregularidad de que varios de los convenios fueron ejecutados en gran parte por terceros". Para avanzar en la investigación además se tienen que realizar nuevas diligencias. Está pendiente la trazabilidad de fondos de Procultura y su destino, para lo cual se pidió el levantamiento del secreto bancario de la directiva de la fundación. También restan otras pesquisas para analizar la posible participación de imputados del caso Democracia Viva en Procultura. Se tiene que avanzar en determinar si hay responsabilidades de autoridades de Gobierno en la arista que apunta al posible aporte ilegal de dinero a campañas políticas.
Esto ya que algunas escuchas tel e f ó n i c a s d a r í a n cuenta de uso de dinero en financiam i e n t o p o l í t i c o, según solicitudes de la fiscalía ante tribunales. En una de ellas se habla de uso fondos para la campaña del Presidente Gabriel Boric. Antecedente que aparece en una solicitud de medida intrusiva respecto del mandatario que no fue autorizada. Jefe regional de Antofagasta Juan Castro reemplazó a su par de Coquimbo Patricio Cooper: Nuevo fiscal de caso Procultura apelará a fallo por escucha "ilegal", pero aún debe definir formalizaciones L. CRUZAT Y E. CANDIA También debe decidir si ordenará otras diligencias que complementen el trabajo que ya realizaron otros dos investigadores sobre posible financiamiento ilegal de la política. COORDINACIÓN. --El fiscal que asume la indagatoria, Juan Castro Bekios, se reunió con el investigador saliente, Patricio Cooper, junto a personal especializado de la Fiscalía Nacional y de las regiones de Antofagasta y Coquimbo.
MINISTERIO PÚBLICO n Diputada Pérez seguirá con arresto domiciliario, tras fallo Si bien la fiscalía insistió en la prisión preventiva de la diputada Catalina Pérez (ex-RD), la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió mantener el arresto domiciliario y arraigo nacional que había sido decretado en su reciente formalización en el caso Democracia Viva, por tres delitos consumados de fraude al fisco en calidad de autora.
El ministro Dinki Franulic, presidente de la sala que resolvió, sostuvo ayer en la audiencia: "Estamos frente a hechos graves, hay peligro social y, por tanto, la seguridad de la sociedad debe también ser garantizada, apareciendo que la medida cautelar de privación domiciliaria total que fue impuesta conjuntamente con la de arraigo son suficientes para estos fines.
Pero tampoco se está en condiciones de rebajar la intensidad de las medidas cautelares, y desde ese punto de vista, debe ser rechazada también la apelación que formuló la defensa". Tras el fallo, el abogado Gonzalo Medina, defensa de Pérez, dijo que "recibimos con tranquilidad la resolución de la corte y esperaremos el juicio oral para demostrar que Catalina Pérez no ha cometido ningún delito y que es completamente inocente". SECRETO La fiscalía pidió alzar el secreto bancario del directorio de la fundación para establecer la trazabilidad de fondos públicos..