Autor: MATÍAS BAKIT R.
“CREAR MEDIOS PÚBLICOS es riesgoso porque son capturados por sectores ideológicos”
JOSÉ MIGUEL VIVANCO: “La ley antiterrorista chilena requiere de revisiones y reformas.
Pero las declaraciones del Presidente dejan el debate totalmente inconcluso”. Cuesta imaginarse a José Miguel Vivanco en otro trabajo que no sea en Human Rights Watch, donde estuvo desde 1986 hasta el año pasado y llegó a ser director para las Américas. Sin embargo, su reinvención fue rápida. Hoy se le nota entusiasmado con su nuevo trabajo como socio de la firma Dentons Global Advisors, asociada al estudio jurídico más grande del mundo.
“Esta firma llegó a la conclusión de que era imprescindible, dada la situación global, de escenarios súper complejos y de aguas turbulentas no navegadas hasta ahora, crear una entidad que funcionara acoplada, para apoyar el trabajo jurídico más allá de lo netamente legal”, dice, desde Washington, la ciudad donde vive desde hace décadas y donde también tiene su oficina.
“En esta línea, mi trabajo está en el ámbito de ser líder en materia de resolución de conflictos a nivel global y verificación del cumplimiento de estándares sociales, laborales y ambientales por clientes del sector privado” Asimismo, continúa en los Derechos Humanos, como Senior Fellow en el Council on Foreign Relations. Pero, como siempre, no le pierde mirada a Chile.
En específico, al debate sobre la ley antiterrorista y la existencia de terrorismo —que ha seguido desde sus comienzos—, sobre el cual ahonda con “El Mercurio”. “Es un debate perfectamente válido que se arrastra por varias décadas.
Y he tenido la oportunidad de plantearlo al más alto nivel, desde la recuperación de la democracia en Chile”, explica —Para usted, ¿hay terrorismo en la macrozona sur? —NO hay consenso aún a nivel internacional de una definición única de lo que es terrorismo. Es un tema tremendamente polémico. ¿Qué es terrorismo y qué es un delito grave? Sin embargo, hay un principio de acuerdo en torno a una definición de la relatoría de la ONU. Hay que analizar el acto.
Lo que se entiende que constituye terrorismo es toma de rehenes deliberada, secuestro o actos que tengan la intención deliberada de causar la muerte o lesiones graves a una persona o un segmento de la población. Pero esto tiene que estar acompañado y ejecutado con el objetivo de provocar un estado de terror entre la población en general, o parte de ella. O a un gobierno, para obligarlo a hacer algo, o dejar de hacer algo. “Entonces, hay que ser riguroso. No todos los crímenes graves, por graves y atroces, son terrorismo.
Si no hay una intensión explícita, deliberada, de causar terror, yo creo que difícilmente nos encontremos ante un delito de terrorismo”. —Pero en la macrozona sur, muchos de El abogado se suma al debate sobre libertad de expresión abierto la semana pasada por la ministra Camila Vallejo.
Al respecto explica que aunque le parece “bien que se parta con un diagnóstico”, en relación con la situación de los medios, “es un error que, en un tema tan delicado como este, no se haya ampliado al máximo la base”, refiriéndose al debate sobre la materia, dirigido Por tres universidades públicas. los delitos graves han sido reivindicados por organizaciones determinadas, que buscan crear presión por causas determinadas. ¿No cumple los requisitos? —Tiene que haber consecuencias fatales o graves.
Si mañana se produce una toma y hay una reivindicación y dicen “nos estamos tomando este terreno porque tienen presos a nuestros compañeros y queremos su liberación”, evidentemente que hay una extorsión al Estado, pero da la impresión de que el delito que se está cometiendo no tiene la magnitud de un delito de tipo terrorista. —Sin embargo, el Presidente Boric, en la macrozona sur, reconoció la existencia de actos terroristas. Incluso citó un ejemplo concreto. ¿No cambia eso el panorama? —A mi parecer, hacer un reconocimiento de esa naturaleza, en términos genéricos, no es útil. Creo que genera más interrogantes que respuestas. “Pero es aún menos útil que el Presidente admita que se han dado actos de terrorismo pero a la vez concluya que no corresponde aplicar la ley con la que cuenta Chile, porque es ineficaz.
Eso a mí me hace mucho ruido”. —¿ Cómo se explica que se denuncie un delito y no se aplique la ley correspondiente? —El Presidente tiene perfecto derecho, como cualquier autoridad en Chile, de decir que una ley es ineficaz. Pero a la vez tiene la obligación de hacer propuestas donde diga que la ley es deficiente. Y debe identificar qué es lo que hay en la ley que la convierte en un instrumento ineficaz.
“Lo que a mí me parece que no corresponde es decir que hay actos de terrorismo y al mismo tiempo anunciar que no vamos a aplicar la ley, sino que vamos a aplicar otra, como si fueran delitos penales comunes. Eso es evadir una obligación central del Estado de Derecho”. —Los delitos terroristas, entonces, ¿se deben combatir necesariamente con leyes que se refieran a estos? —Sin duda. El terrorismo implica tipificar las conductas de una manera que refleje un delito distinto del delito de lesiones, de homicidio, de homicidio calificado. El tipo penal necesita ser acotado, revisado porque hay que delimitar muy categóricamente y muy claramente lo que es terrorismo. Y también hay que revisar las garantías del debido proceso, de derecho a la defensa. Quiero ser muy tajante en esto: la ley chilena requiere de revisiones y reformas. Pero las declaraciones del Presidente dejan el debate totalmente inconcluso y a medio camino. No ayuda a fortalecer el Estado de Derecho. —¿ Qué efectos tiene que sea el Presidente el que haya dicho eso? —Es grave. Puede pasar que la práctica supere ala ley en materia civil, administrativa, en temas menores, pero no en una norma penal. Acá lo que está en juego es la libertad de una persona. Se recurre al derecho penal porque son valores jurídicos demasiado graves los que se han dañado.
Y en estos casos no se puede decir que “se identificó el problema, pero vamos a aplicar esto otro”. No, eso no existe. —¿ Chile debe tener y mejorar una ley antiterrorista? —La Ley Antiterrorista en Chile ha sido objeto de numerosas reformas y ajustes. Y siempre ha sido una materia que genera controversia. Pero a mí me parece que es útil que Chile cuente con una ley antiterrorista, como también cuentan todos los países democráticos del mundo. No me parece que la solución sea que Chile no cuente con una.
Debe ser un instrumento moderno y adecuado, que se ajuste a los estándares internacionales y que sea eficaz. —Bajo la experiencia internacional, ¿qué sucede si hay pocos hechos que puedan nirse como terrorismo? ¿ Importa si son pocos o aislados? —Yo me atrevería a decir que un solo hecho puede perfectamente ajustarse a la definición de terrorismo.
O sea que no es necesaria la repetición o la reiteración de una conducta delictiva para que uno diga “bueno, esta cosa es un fenómeno lamentablemente organizado”. “EL ESTADO NO TIENE EL DERECHO DE DECIR QUE ES VERDADERO Y QUE ES FALSO” —¿ Cuál es el rol que debe tener el Estado en la diversificación de medios, en la creación de estos? —Debe tener la menor intervención posible y asegurarse de que todos aquellos sectores que eran participantes del debate público puedan hacerlo.
Que no haya obstáculos para ejercer un derecho que es la piedra fundamental de la democracia. —¿Qué le parece la idea de crear medios públicos? —A mí no me parece necesariamente mal esa propuesta, pero sí me parece súper riesgosa, porque en la práctica esas entidades se transforman en un atractivo capturado por sectores ideológicos que pueden estar temporalmente en el poder o no.
Con un debate tan polarizado, se deben diseñar reglas de juego concebidas para cuando tú ya no estés en el poder, con los suficientes contrapesos para que siga funcionando bien, incluso si pierdes la elección. ¿Será el sector en el gobierno capaz de diseñar una institución pensada desde la lógica de la oposición? —¿ Entonces cree que el sistema de medios públicos que busca el Gobierno en su programa es una situación de cuidado? —Es un tema súper delicado porque el Gobierno opera con recursos del Estado y no suena lógico pensar que porque las autoridades diagnostiquen que falta un medio de algún sector, todos los chilenos, aunque no se identifiquen con este, deban financiarlo. —Las tres universidades que están dirigiendo el debate son públicas.
Y la ministra Vallejo afirma que se debe a que es el foco que le quieren dar. ¿Qué opinión le merece esto? —Me parece bien que se parta con un diagnóstico, en lugar de avanzar de inmediato con propuestas concretas. Pero me parece un error que, en un tema tan delicado como este, donde hay que arrancar consensuando, donde hay que tener una mirada de Estado, no se haya ampliado al máximo la base. Genera suspicacias. Yo creo que si se va a hacer algo tan importante como esto, se debe convocar a todos los sectores y no seleccionar a dedo, excluyendo a universidades como la Diego Portales o la Católica. “Sin embargo, creo que hay una posibilidad de corrección. Esto no es un error fatal ni mucho menos. Yo soy un firme defensor del debate público y colocar las cosas en vitrina tiene un valor.
Ahí las buenas ideas sobreviven y las malas se terminan” —Y sobre las redes sociales, ¿qué opina de la idea de establecer regulaciones para, por ejemplo, impedir la difusión de noticias falsas? Es algo en lo que el Gobierno está interesado. —Las propias plataformas deben contar con mecanismos internos de autocontrol para impedir que se utilicen esos vehículos de información para cometer delitos. Esa es una línea roja clarísima. En ese ámbito me parece que todavía hay mucho por hacer por parte de las plataformas, para generar mecanismos internos que eviten este tipo de conductas. Hay actitudes dañinas que son cuantificables y objetivas, como una campaña contra la vacuna del covid-19 para atentar contra la salud de la población. Eso ya no es desinformación, es una mentira abierta. “Ahora bien, creo que el Estado no tiene el derecho de decir qué es verdadero y qué es falso; ahí hay un límite importante. La manera de combatir la desinformación es con más debate público, no con menos, ni mucho menos con la censura. Una buena experiencia contra las fake news viene de Europa. Allíse ha creado una ley de servicios digitales en donde se fundan órganos totalmente autónomos tanto de las plataformas como de los gobiernos. Su principal tarea es producir contexto. Pueden llegar a la conclusión de que algo es falso, pero dando contexto. A todos nos importa que el debate en redes sociales más amplio y fluido y nos preocupan los delitos que se cometen allí y la proliferación de fake news. Lamentablemente este es el precio que se paga muchas veces por tener un espacio de debate con estas características. Pero hay que tener mucho cuidado con el actuar del Gobierno, para evitar que no incurra en acciones de censura. Es el riesgo? —Para los gobernantes, muchas veces la desinformación es información que no les conviene que circule. En el juego político, los dirigentes intentan descalificar información que puede tener elementos de verdad, aunque sean exagerados.
Yo creo que hay que tener muy claro que la desinformación puede y debe ser corregida solo si produce un daño cuantificable y creo que el Estado debe tomar las acciones menos intrusivas posibles con la libertad de expresión”. Ml