Autor: MAURICIO SILVA

Minvu ordena al Serviu demoler toma en terreno de familia Correa y pide el auxilio de la fuerza pública
Minvu ordena al Serviu demoler toma en terreno de familia Correa y pide el auxilio de la fuerza pública El Serviu de la Región de Valparaíso “demolerá o, de conformidad, a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional General de Bases de Administración del Estado, contratará las obras de demolición respecto de los inmuebles construidos irregularmente ya singularizados en dicho acto”. Esa es la orden medular que contiene la resolución exenta 1.149 dictada ayer, “por orden del Presidente de la República” por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu), y que firma la subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta, y que se refiere a las viviendas levantadas ilegalmente por usurpadores que ocuparon terrenos de la familia Correa, en Quilpué.
La orden viene a concretar, cuatro años después, lo que instruyó la Seremi de Vivienda de Valparaíso en su resolución exenta 1.000, del 18 de junio de 2021, en la cual declaró ilegales tales construcciones por vulnerar las normas del P l a n R e g u l a d o r Comunal, que las prohíben allí, y ordenó demolerlas.
También viene a cumplir, con hasta ahora un año de rezago, lo que ordenó la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 27 de agosto de 2024, que acogió así un recurso de protección interpuesto por la familia Correa ante la falta de concreción de la resolución exenta 1.000 de 2021. Esta nueva resolución 1.149 de 2025 establece, eso sí, que ya esNOTA tán dispuestos los fondos públicos destinados a concretar la demolición, los que ascienden a casi $88 millones.
Otra resolución, la 2.159 dictada el jueves pasado por la Seremi del Minvu en la Región de Valparaíso, ordena al Serviu demoler los 44 lotes q u e h a b í a n s i d o identificados como ilegales en 2021 por l a D i r e c c i ó n d e Obras Municipales de Quilpué, “previo cumplimiento del procedimiento de contratación respectivo y de la salida de las personas que habiten dichas obras”, solicitándose “el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la medida de demolición dispuesta”. Ayer, en un comunicado, la Seremi del Minvu en la Región de Valparaíso explicó que, para aplicar el último punto, ofició a Carabineros y a las delegaciones presidenciales regional y provincial, “a fin de contar con el apoyo y coordinación de los servicios públicos involucrados para resguardar la seguridad y los derechos fundamentales de las familias residentes en el terreno de manera previa a la demolición”, así como la colaboración del municipio para acompañar a las familias desalojadas.
Abogada: “Que sea antes de elecciones” La abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, destacó que así se despeja en forma definitiva que no correspondía disponer el desalojo a las víctimas de la usurpación, cuyo padre fue asesinado por un sicario tras denunciar judicialmente la toma y en medio de un conflicto con un vecino (condenado como autor intelectual del crimen). “Teníamos razón, no era la familia Correa la que debía desalojar las ocupaciones ilegales para que Serviu demoliera”, aseveró, destacando que se demostró un día después de haber denunciado a Contraloría, lo que, estimó, era un incumplimiento del Serviu de sus obligaciones legales.
Bruna urgió a la autoridad a proceder a la demolición “antes de las elecciones, si hay real voluntad política”. El lunes, además, la abogada y la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, se habían reunido en Santiago con la contralora general de la República, Dorothy Pérez.
OTRO RETRASO La alcaldesa Corti criticó la falta de un mesa de trabajo para reubicar a las familias, tras el desalojo.. Para la abogada de las víctimas de la usurpación, la medida resuelve en forma definitiva que no correspondía disponer el desalojo a la propia familia Correa. Luego de que propietarios pidieran a Contraloría investigar demora: OTRO RETRASO La alcaldesa Corti criticó la falta de un mesa de trabajo para reubicar a las familias, tras el desalojo. POSTURA. — La semana pasada, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, instó a zanjar el tema, pues, “la familia Correa tiene todo el derecho a recuperar su terreno”.