Autor: POR PAULINA REYES
Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medioambiente
Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medioambiente sin relajar la protección del medioambiente El Índice de Efectividad de Evaluación Ambiental (IEFEA) de Pivotes, muestra que la eficiencia del SEIA cayó un 47% en dos décadas, abriendo el debate sobre la reducción de plazos sin comprometer estándares. Expertos coinciden en que la clave está en proyectos mejor preparados, diálogos tempranos y modernización de procesos. POR PAULINA REYES Un estudio de Pivotes reveló que la efectividad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha caído de manera sostenida en las últimas dos décadas. La medición con un nuevo instrumento, el Índice de Efectividad en la Evaluación Ambiental (IEFEA), muestra que esta bajó del 76% en 2006, a apenas un 29% en 2025, tomando como referencia el período 19921997. Esto reabre el debate de si es posible acelerar proyectos sin comprometer estándares ambientales.
Ignacio Toro, exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y miembro de Red Pivotes, indica que "explicar la caída en la agilidad es como intentar responder por qué sube la inflación: el índice muestra la realidad, pero las causas son múltiples. En mi opinión, uno de los factores clave fue la pandemia, que generó una acumulación de proyectos en evaluación que aún no hemos logrado descongestionar. El IEFEA es como un termómetro que muestra si el sistema está tomando decisiones de forma más ágil o más lenta.
Cuando baja, alerta sobre retrocesos". Por su parte, José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Pivotes, subraya que uno de los problemas es la falta de datos confiables: "Por eso quisimos generar un indicador que mida la efectividad del sistema de evaluación ambiental, que sea capaz de distinguir lo estructural de lo coyuntural, y que genere los incentivos correctos para el debate de política pública". Para Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA, el aumento de los plazos responde a factores multifactoriales: la mayor complejidad normativa, la triple crisis ambiental y las extensiones solicitadas por los propios titulares para responder observaciones. Durán afirma que el SEA cumple el 100% de los plazos legales, que el 95% de los proyectos es aprobado, y que aquellos que ingresan bien preparados se tramitan más rápido.
Álex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la UDD, opina que el SEIA es un instrumento preventivo que permite "imponer medidas de prevención, mitigación y compensación antes de ejecutar las obras", y que además otorga certeza jurídica y ordena las obligaciones ambientales de los proyectos.
A su juicio, el modelo chileno --centralizado y con procedimientos diferenciados entre Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental es más homogéneo que el de países como Argentina, donde la evaluación se descentraliza a nivel provincial, generando criterios dispares. La clave, dice, es que los proyectos entren al sistema desde el inicio, ya que la evaluación temprana evita conflictos posteriores. Sobre cómo mejorar la efectividad, desde el SEA aseguran "estar reforzando equipos en regiones con proyectos de gran envergadura. Entregamos certezas jurídicas a través de guías y lineamientos, y estamos modernizando la plataforma electrónica con inteligencia artificial.
Además, se han reducido los plazos de resolución del Comité de Ministros, eliminando recursos pendientes por más de 13 meses". Para Toro, la clave está en agilizar las decisiones y fortalecer el trabajo en conjunto. "Adelantar espacios de decisión a etapas iniciales puede marcar una diferencia. La experiencia externa muestra que mientras más avanza una evaluación, mayor es la conflictividad y más difícil es tomar decisiones", dice.
Desde una visión crítica, Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, advierte que confundir efectividad con rapidez puede desviar el objetivo del SEIA: "El sistema está para proteger la salud, el patrimonio ambiental y el derecho a vivir en un ambiente sano, no solo para acelerar inversiones". Recuerda también que hoy las resoluciones son más complejas y completas que en los noventa, y que el real problema es que se permiten proyectos sin estándares adecuados o en lugares incompatibles. Acelerar sin resolver esos déficits "es una muy mala idea", concluye. Q muy mala idea", concluye.Q.