Los detalles de la querella criminal presentada por el Ministerio de Seguridad Pública tras atentado en central Rucalhue
Los detalles de la querella criminal presentada por el Ministerio de Seguridad Pública tras atentado en central Rucalhue Claudia Fuentes I{iveros prcnsa@latribuna.cl 1 La acción judicial se funda en la aplicación de la nueva legislación antiterrorista promulgada en febrero del 2025 y que amplía las facultades del Estado para perseguir este tipo de crímenes que atentan contra el Estado de Derecho.
El El Ministerio de Seguridad Seguridad Pública ingresó una querella criminal ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara por ci atentado atentado incendiario perpetrado la madrugada del 20 de abril de 2025 en la central hidroeléctrica Rucaihue, en la comuna de Santa Bárbara.
Se trata de la primera acción judicial del recientemente recientemente creado ministerio, liderado por el ministro Luis Cordero Vega, y busca establecer responsabilidades responsabilidades penales por hechos que han sido calificados como uno de los ataques “más graves ocurridos en la Macrozona Sur”. Según detalla la querella, firmada firmada por los abogados Francisca Souper Aburto y Felipe Guerrero Sánchez en representación del Ministro de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron entre la 1:30 y las 2:30 de la madrugada, cuando al menos doce sujetos cncapuchadosy armados irrumpieron irrumpieron de forma coordinada en las instalaciones de faena de la central.
Los atacantes intimidaron y golpearon a cuatro guardias de seguridad, procediendo luego a incendiar un total de 51 vehículos, vehículos, incluyendo 6 camiones tolva, maquinaria pesada, una camioneta y un camión de combustible, combustible, utilizando líquidos acelerantes. acelerantes.
Los autores del atentado portaban portaban armas de fuego largas y cortas, y durante su huida realizaron realizaron disparos al aire, bloquearon bloquearon caminos rurales con barricadas incendiarias, árboles y “miguelitos”, y establecieron cortes en la Ruta Q-G1R. Uno de los guardias resultó lesionado en la zona costal, y su diagnóstico es reservado.
PANCARTAS Y CONSIGNAS POLÍTICAS En el lugar detalle el documentodocumentose encontraron pancartas pancartas con consignas políticas y reivindicaciones, incluyendo llamados a la libertad de presos mapuche y referencias explícitas explícitas al grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM), organización organización que ha reivindicado una serie de atentados incendiarios previos en la zona sur del país.
La querella se presenta en contra de todos quienes resulten resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores, encubridores, por los delitos de asociación asociación terrorista según la Ley N 21.732 que tipifica conductas terroristas, incendio (artículo U6 N2 del Código Penal), porte ilegal de arma de fuego, porte de arma de fuego prohibida y disparos injustificados (Ley N 17.798 sobre Control de Armas). Los antecedentes entregados por el Ministerio apuntan a que el ataque formaría parte de una cadena de acciones violentas realizadas por una organización organización con capacidad logística, estructura interna y objetivos políticos claros, lo que encuadra dentro de los elementos legales para configurar el delito “de asociación asociación terrorista”. El documento jurídico detalla detalla que la acción responde a un patrón reiterado de violencia, con al menos diez atentados similares cometidos en los últimos últimos dos años, adjudicados por WAM, incluyendo ataques en las comunas de Freire, Vilcún, Contulmo, Lebu y Arauco.
Cabe indicar, que si bien el atentado en Rucaihue no ha sido directamente reivindicado hasta ahora, el modus operandi. las pancartas encontradas y las consignas “coinciden con los ataques atribuidos a dicha organización”. Finalmente, el documento plantea que será responsabilidad del Ministerio Público esclarecer esclarecer si este hecho fue cometido por WAM u otra agrupación con la estructura y objetivos necesarios necesarios para ejecutar este tipo de acciones, “las cuales buscan socavar el orden democrático, intimidar a la población y desincentivar desincentivar la inversión en la zona”. ACOGIDA A TRÁMITE El documento, al que tuvo acceso La Tribuna a través del sitio del Poder Judicial, fue acogido a tramitación el 28 de abril, instruyendo su remisión al Ministerio Público. Esta entidad deberá liderar la investigación penal, con la facultad de solicitar diligencias como levantamiento levantamiento de evidencia, entrevistas a testigos y peritajes técnicos, en coordinación con la Policía de Investigaciones. La acciónjudicial se funda en la aplicación de la nueva legislación legislación antiterrorista promulgada en febrero del 2025 y que amplía las facultades del Estado para perseguir este tipo de crímenes.
El Ministerio de Seguridad Pública ha subrayado que este tipo de ataques no solo constituyen constituyen delitos graves por sí mismos, sino que también representan una amenaza estructural al Estado Estado de Derecho, especialmente en territorios que se encuentran bajo estado de excepción constitucional constitucional desde mayo de 2022, como es el caso de la provincia de Biobío.
Con esta querella, el Gobierno busca establecer un precedente firme en la persecución penal de delitos terroristas, “reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad pública, la protección de las comunidades locales y la continuidad de las inversiones estratégicas para el desarrollo energético del país”. La investigación investigación continúa en curso y al cierre de esta edición, no había detenidos por este mega-ataque incendiario. ror, tR UDICIAL DODD. ndDdoO 4,. * LO 00 LO Pj, o,jp SDOl10LOOT.
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